El Ejecutivo aprobó ayer, lunes, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad (PNSCLC), documento de gestión multisectorial que orientará “la actuación del Estado en materia de seguridad ciudadana” para los próximos dos años.
Este instrumento es de cumplimiento obligatorio “en los tres niveles de gobierno y para todas las entidades que integran el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC)”, tales como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, el presidente del Consejo Nacional Penitenciario, el presidente del Consejo Nacional de la Prensa, entre otros.
Durante su presentación, el presidente de la República, José Balcázar, destacó la naturaleza democrática del plan y aseguró que será una herramienta dinámica capaz de ajustarse a la evolución del crimen.
“Este plan no contiene un plan autoritario extremo que pretenda dañar la figura democrática en la región y en el mundo. Por eso hoy estamos dando un paso fundamental […] que podrá ser reajustado, desde luego, porque la criminalidad así lo exige”, sostuvo.
¿Cuáles son los lineamientos y estrategias que componen el plan? En RPP hicimos un repaso de las principales disposiciones que empezarán a implementarse y que se espera que sean continuadas por el próximo gobierno.
¿A qué niveles de inseguridad ciudadana ha llegado el Perú?
El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana parte de un diagnóstico integral que evidencia, entre otras cosas, que “la delincuencia constituye el segundo problema más crítico del país”, solo superado por la corrupción. Además, revela que delitos como la extorsión y el sicariato se han incrementado en los últimos años.
“Su diseño responde a un diagnóstico integral que evidencia la transformación de la criminalidad hacia modalidades organizadas, transnacionales y de alta violencia, asociadas a economías ilegales como la extorsión, la minería ilegal y otras actividades ilícitas que afectan la gobernabilidad, la inversión y la cohesión social”, señala el documento.
En ese sentido, se indica que “la alta incidencia de delitos violentos en la modalidad de extorsión y homicidio a nivel nacional” tiene como causas directas la “debilidad en las estrategias de prevención policial y comunitaria en territorios de alta vulnerabilidad”, “insuficiente control territorial del Estado en zonas de frontera y espacios vulnerables que facilitan la migración ilegal, el desplazamiento y desarrollo de economías ilegales”.
También, las “insuficientes capacidades y recursos del Estado para generar inteligencia, desarrollar investigación criminal y análisis criminalístico”, y “debilidades en el sistema de administración de justicia que generan impunidad y deficiente control en el interior de los establecimientos penitenciarios”.
A su vez, dichas causas tienen como efectos directos el “incremento de la victimización y percepción de inseguridad ciudadana“, “deslegitimación del sistema de justicia y desconfianza ciudadana en los operadores de justicia” y “desincentivo a la inversión formal y corrupción institucional por el poder económico del crimen organizado”.
“Por ello, se puede señalar que la inseguridad viene generando un mayor costo económico para el sector privado y el público, sobre todo si tomamos en cuenta las estimaciones del MEF (2025), que determinaron que el costo de la inseguridad representaría alrededor de 1.7% del PBI de 2025, es decir, S/19,800 millones. Asimismo, se estableció que un incremento de la tasa de homicidios en el Perú de 3.2% habría restado a la tasa de crecimiento anual del PBI entre 0.4 p.p. y 0.8 p.p. en 2024″, indica el estudio.
“Se puede señalar que la inseguridad viene generando un mayor costo económico para el sector privado y el público”.Fuente: Mininter
Los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana
El PNSCLC tiene como objetivo general “reducir la incidencia de delitos violentos, en las modalidades de extorsión y homicidios a nivel nacional”. En base a ello, plantea 4 objetivos estratégicos: “fortalecer las estrategias de prevención policial y comunitaria en territorios de alta vulnerabilidad” y “mejorar el control territorial del Estado en zonas de frontera y espacios vulnerables para mitigar la migración ilegal, el desplazamiento y desarrollo de economías ilegales”.
También, “fortalecer las capacidades y optimizar los recursos del Estado para generar inteligencia, desarrollar investigación criminal y análisis criminalístico” y “fortalecer la administración de justicia y control en el interior de los establecimientos penitenciarios”.
Respecto al primer objetivo estratégico, el plan se enfoca en “recuperar espacios públicos comunitarios para evitar la comisión y proliferación de faltas y delitos”, “fortalecer la capacidad operativa policial en la prevención de delitos”, “implementar actividades preventivas para jóvenes poblaciones en situación de vulnerabilidad”, y “fortalecer la articulación de las organizaciones sociales y vecinales (rondas campesinas y juntas vecinales) con las instancias del SINASEC”.
Para el segundo objetivo estratégico se plantea: “fortalecer la vigilancia y control fronterizo de flujos migratorios y de bienes fiscalizados”, “fortalecer las acciones de control de actividades económicas informales e ilegales“, “mejorar las capacidades del Estado para fiscalizar insumos y rutas vinculadas a la minería ilegal y al tráfico de armas, municiones y explosivos” y “optimizar las capacidades de respuesta operativa integrada en territorios de alta incidencia delictiva”.
En cuanto al tercer objetivo, el enfoque estará en “dotar de herramientas tecnológicas y recursos suficientes para la inteligencia, investigación criminal y pericias criminalísticas”, “mejorar la interoperabilidad entre entidades vinculadas a seguridad ciudadana”, “optimizar la disponibilidad de personal policial especializado en inteligencia, investigación y criminalística, con énfasis en extorsiones y homicidios” y “fortalecer las capacidades para la investigación de flujos económicos de origen ilegal”.
Finalmente, el cuarto objetivo estratégico plantea los siguientes objetivos específicos: “mejorar la atención de la carga procesal e incumplimiento de plazos en el proceso penal”, “actualizar los documentos normativos que permitan la tipificación y sanción de nuevas modalidades delictivas”, “optimizar la gestión y administración penitenciaria” y “fortalecer la capacidad de los sistemas de seguridad tecnológica en los penales”.
Uno de los objetivos específicos del plan es “fortalecer la capacidad operativa policial en la prevención de delitos”.Fuente: Mininter
¿Qué acciones se implementarán para cumplir con los objetivos del plan?
El plan contempla una serie de acciones para cumplir con cada uno de los objetivos específicos. En ese sentido, en lo que respecta a la recuperación de espacios públicos comunitarios, se conformarán “fuerzas de tarea integradas para las operaciones de seguridad ciudadana, con presencia policial masiva, integrada y sostenida en territorios críticos focalizados”.
También, se mantendrá la presencia de fuerzas integradas en territorios recuperados, para prevenir rebrotes de violencia y consolidar el control estatal; se fortalecerá la “iluminación de espacios públicos con tecnología LED en zonas de alto riesgo delictivo por los gobiernos locales”; se habilitará rutas, paraderos, terminales y unidades vehiculares para fortalecer la seguridad operativa en el transporte público; y se implementarán “sistemas de videovigilancia municipales con analítica de inteligencia artificial y analítica de video”.
En cuanto al fortalecimiento de la capacidad operativa policial en prevención de delitos, se implementarán “cámaras corporales (bodycams) en unidades operativas de la PNP” y se ejecutarán “acciones de control en comisarías para verificar el cumplimiento del Lineamiento Sectorial Vecindario Seguro”, entre otras acciones.
Asimismo, se plantea presentar un proyecto normativo para “incorporar la interoperabilidad obligatoria de los sistemas de videovigilancia, el tratamiento e integración de bases de datos de identificación para el uso de tecnologías de reconocimiento facial y el régimen de infracciones y responsabilidades por incumplimiento en materia de seguridad ciudadana”.
Además, se apostará por la “integración del centro de comando, control, comunicaciones, cómputo (C4) de la PNP con los centros de monitoreo y control de gobiernos locales y regionales”, el mejoramiento de los servicios policiales que se brindan en la modalidad no presencial, de modo que sean adaptados a una versión disponible para teléfonos móviles, y el “fortalecimiento de la capacidad operativa policial en la prevención de delitos а través de la reposición у ampliación de la flota vehicular destinada para el patrullaje motorizado”.
El plan establece que se mantendrá la presencia de fuerzas integradas en territorios recuperados, para prevenir rebrotes de violencia y consolidar el control estatal.Fuente: PNP
Respecto al objetivo de implementar actividades preventivas para jóvenes y poblaciones en situación de vulnerabilidad, el plan contempla acciones como “implementación del programa deportivo de enseñanza de diferentes disciplinas“, “ejecución de eventos deportivos ‘Campeonatos Nacionales Interbarrios’“, “implementación de programas deportivos comunitarios permanentes en espacios públicos (parques, losas y complejos deportivos) dirigidos a niñas, niños, adolescentes y jóvenes”.
Asimismo, la elaboración de un proyecto normativo “que promueva la implementación de la formación ciudadana y cívica en el marco del Currículo Nacional de la Educación Básica”, la ejecución de acciones cívicas-patrióticas interinstitucionales, como el izamiento de la bandera nacional, ejecución de capacitaciones contra el porte de armas en instituciones educativas priorizadas y “promoción de la integración de voluntarios, tales como comerciantes, bodegueros, brigadistas y otros, a los programas del Mininter y PNP, para fortalecer la seguridad ciudadana”.
Entre las acciones que se implementará está la “identificación de mercados ilegales que financian la violencia, mediante análisis financiero, patrimonial y territorial”Fuente: PNP
Para fortalecer la vigilancia y control fronterizo de flujos migratorios y de bienes fiscalizados, se ejecutarán medidas como la “implementación progresiva de Puestos de Verificación Migratoria (PVM) en zonas estratégicas”, “ejecución de operativos de verificación y fiscalización migratoria a nivel nacional”, “operativos ejecutados binacionales en puestos de control fronterizo de Tumbes, Piura, Tacna y Puno; y la “implementación del Sistema de Gestión Policial de Extranjería (SIGEPEX) en las unidades sedes desconcentradas de la División de Extranjería de la PNP”.
Para fortalecer las acciones de control de actividades económicas informales e ilegales, se ejecutará operativos de fiscalización del comercio ambulatorio de chips y e-SIMs, focalizados en mercados y zonas de riesgo identificadas, así como “megaoperativos de fiscalización al servicio de transporte no autorizado con aplicación de medida preventiva de internamiento vehicular o retiro de placas”.
También “ejecución de operativos de erradicación de paraderos informales de transporte, operativos de fiscalización en locales utilizados para facilitar la comisión de trata de personas y otros delitos”, “acciones de formalización en zonas en las que se desarrollan actividades informales”, y “operativos orientados a verificar el ingreso legal al país de bienes, así como su posesión y propiedad”.
En materia de fiscalización de insumos y rutas vinculadas a la minería ilegal y al tráfico de armas, municiones y explosivos, se ejecutarán “operativos de interdicción en corredores críticos asociados a minería ilegal”, “implementación de puestos de control y fiscalización multisectoriales en áreas de alta incidencia de la minería ilegal”, “ejecución de operativos intensivos de control e incautación de armas, municiones y explosivos en territorios y corredores críticos”, “incremento de inspecciones a personas naturales y jurídicas que registran más de cinco (5) armas de fuego”, entre otras.
Por último, para fortalecer las capacidades para la investigación de flujos económicos de origen ilegal, se ejecutarán “investigaciones contra estructuras de extorsión y sicariato, priorizando cabecillas y redes de apoyo logístico“, “identificación de mercados ilegales que financian la violencia, mediante análisis financiero, patrimonial y territorial”, “investigación para la inmovilización e incautación de bienes y recursos vinculados a economías criminales con coordinación interinstitucional” e “implementación de mecanismos de cooperación nacional e internacional para el rastreo de flujos financieros ilícitos vinculados a la criminalidad organizada”.
Para fortalecer las capacidades para la investigación de flujos económicos de origen ilegal, se ejecutarán “investigaciones contra estructuras de extorsión y sicariato, priorizando cabecillas”Fuente: PNP
¿Quiénes se encargarán del seguimiento y evaluación del plan?
El documento indica que para las fases de seguimiento y evaluación del plan se conformará un “mecanismo de coordinación” integrado por un miembro titular y un miembro alterno de cada una de las instituciones responsables de las intervenciones estratégicas.
“Este mecanismo de coordinación es presidido por el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana (DGSC) del Mininter, en calidad de ente rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana”, refiere.
“El espacio de coordinación tiene como objeto coordinar y supervisar la implementación del Plan y el logro de los objetivos establecidos. Este proceso es acompañado y asistido por la Oficina de Planeamiento y Estadística (OPE) de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) del Minintery el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN”, puntualiza.