La propietaria de una vivienda ubicada en el distrito de La Molina denunció que una mujer continúa ocupando el inmueble pese a que mantiene una gran deuda por el alquiler y a que existe una orden judicial vigente que dispone la restitución del predio. Según indicó, la ocupante condiciona su retiro al pago de US$15.000, alegando presuntas mejoras realizadas en la casa.
El conflicto se arrastra desde hace varios años y ha derivado en procesos legales, denuncias vecinales y la intervención de la municipalidad por presuntas infracciones a las normas de convivencia y seguridad urbana.
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Inquilinos exigen US$15.000 para desocupar casa
La dueña, quien reside actualmente en Arequipa, alquiló la vivienda en el año 2012 a una familia proveniente del norte del país. Con el paso del tiempo, dejó de recibir el pago del alquiler, acumulándose una deuda que, según afirma, asciende a S/150.000.
“Estos inquilinos aducen que tengo que pagarles 15.000 dólares para salir de la propiedad porque dicen que han hecho mejoras”, declaró a ATV. Entre las modificaciones no autorizadas, señaló la construcción de un cuarto, el uso de calaminas, cambios en el área de servicio y la ampliación de un muro cuyo primer nivel, advirtió, se encuentra deteriorado y representaría un riesgo para la comunidad.
Denuncias vecinales y presuntas infracciones municipales
La situación se agravó cuando vecinos del sector denunciaron ante la municipalidad la presencia de malos olores provenientes del domicilio. Al acudir al predio, la titular constató la presencia de al menos 11 animales, entre perros y gatos. Esto formaría parte de una presunta venta ilegal de animales.
De acuerdo con la ordenanza municipal de La Molina, en zonas urbanas solo se permite un máximo de dos perros por terreno de hasta 600 m² y hasta cuatro en inmuebles de mayor extensión, salvo que se cuente con autorización de la veterinaria distrital. Ante ello, la dueña pidió la intervención de las autoridades locales. “El municipio debe clausurar la casa; se han vulnerado las normas y los derechos de los vecinos”, sostuvo.
Orden judicial sin ejecutar
El caso llegó al Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de La Molina y Cieneguilla, que dispuso que la demandada y otros convivientes desocupen y restituyan el espacio. No obstante, la medida aún no se ha concretado.
La propietaria denunció que desde septiembre del año pasado no tiene comunicación con los inquilinos y que incluso se le ha impedido el ingreso al inmueble. La audiencia de apelación solicitada por la parte demandada fue programada para el 5 de marzo, mientras la dueña exige la intervención de fiscalización de La Molina y otras autoridades para recuperar su vivienda.