Vecinos de San Isidro, Jesús María, Lince y distritos aledaños realizaron un nuevo plantón este martes 4 de febrero a las 9:45 p. m. en el Parque Alfonso Ugarte, en Javier Prado Oeste, en rechazo a la construcción de los tres viaductos elevados impulsados por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Recientemente, la Contraloría General de la República emitió graves alertas sobre estos proyectos.
La convocatoria se da tras una marcha y vigilia pacífica realizada la noche del lunes, en la que los vecinos cuestionaron la efectividad de los viaductos para aliviar la congestión vehicular y advirtieron que la obra generaría impactos urbanos, ambientales y económicos irreversibles. Los manifestantes sostienen que se trata de un modelo de infraestructura obsoleto, que no soluciona el problema de fondo y traslada la congestión a otras intersecciones.
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Vecinos en contra de viaductos en la Javier Prado
Según los vecinos, los proyectos —que demandarían una inversión cercana a los S/ 550 millones— presentan duplicidad de inversiones, interferencias con las futuras Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y una evaluación deficiente de alternativas, tal como lo han advertido informes de la Contraloría, el MEF, Invermet y la Municipalidad de San Isidro. También alertan que la ejecución implicaría la pérdida de más de 300 árboles y cerca de 5,000 m² de áreas verdes, sin medidas de mitigación ambiental adecuadas.
“A las 9:45 de la noche nos volveremos a reunir en el mismo punto. Aquí quien tiene que actuar es la Municipalidad de Lima. No queremos que se construya una mole de concreto en la avenida Javier Prado que afecte a una urbanización. Un viaducto no soluciona el congestionamiento vehicular; si beneficia a alguien, solo favorece al 1 % de los limeños”, declaró a La República el delegado vecinal Mario Altuna.
Alertas técnicas y riesgos de sobrecostos
Las protestas vecinales se apoyan en los recientes informes de la Contraloría, que advierten riesgos de mayores gastos, expedientes técnicos deficientes y posibles retrasos en los tres viaductos de la avenida Javier Prado.
Entre los principales hallazgos se encuentran la falta de evaluación de la probabilidad de ocurrencia de riesgos, la ausencia de cláusulas contractuales clave para la liberación de interferencias, deficiencias en la experiencia y habilitación del personal técnico, así como insuficiente respaldo presupuestal para los años fiscales en curso.
Para el M. Sc. en Urban Management, Krishan Barr Rosso, estas omisiones no son menores. “Que un expediente no haya evaluado la probabilidad de ocurrencia de los riesgos implica que la gestión del proyecto se ha planteado de manera superficial y reactiva”, advirtió. Según explicó, esta situación suele traducirse en sobrecostos, retrasos y riesgos para la seguridad, especialmente en una obra urbana compleja, revelando “una lógica de infraestructura vial sobredimensionada e innecesaria, mal adaptada al contexto urbano”.
En el caso del viaducto que conecta hacia La Molina, Barr Rosso señaló que las omisiones administrativas, contractuales y presupuestales generan alta probabilidad de paralizaciones prolongadas, con impactos urbanos negativos sostenidos sobre los residentes, en un proyecto que —desde su perspectiva— carece de justificación en términos de movilidad sostenible.
Interferencias, plazos y una obra fuera de planificación
La decana del Colegio de Arquitectos del Perú, Lourdes Giusti, coincidió en que uno de los mayores riesgos está en la liberación de interferencias de servicios básicos, un problema recurrente en Lima debido a la falta de planos actualizados.
La experta indicó que estas interferencias no solo dependerían del contratista ni de Invermet, sino de otras entidades como Sedapal, empresas eléctricas, de telecomunicaciones o gas, cuyos procesos y plazos pueden extenderse por meses.
“No incluir la suspensión automática por liberación de interferencias es un gran riesgo, porque cada día de paralización genera costos administrativos que se van acumulando”, señaló. Además, alertó sobre la participación de personal no habilitado profesionalmente y la ausencia de certificación presupuestal futura, lo que podría afectar la continuidad de las obras.
Giusti también cuestionó que los viaductos no estén contemplados en el plan de movilidad aprobado por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y que se hayan impulsado al amparo de un decreto de urgencia vinculado a los Juegos Panamericanos, sin compatibilización con la planificación metropolitana. “Es una obra que va a ser perjudicial para la ciudad, para los vecinos, para los negocios y para las actividades aledañas”, advirtió.
Reclamo ciudadano: “No soluciona el problema”
Desde la perspectiva vecinal y técnica, los opositores al proyecto insisten en que los viaductos no reducen la congestión de forma sostenida debido al fenómeno de la demanda inducida, benefician a una minoría que usa automóvil privado, profundizan la desigualdad, fragmentan el tejido urbano y desvían recursos públicos que podrían destinarse a soluciones de mayor impacto social.
“No al viaducto. Contamina, deprecia el valor de las propiedades, retira áreas verdes, cuesta cientos de millones y no soluciona el problema”, reiteraron los vecinos, quienes demandan priorizar el metro, transporte público masivo, semaforización inteligente e intervenciones en superficie, alternativas que —aseguran— cuestan una fracción de lo proyectado y tienen mayor alcance.
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