Waykis del sur. El 4 de junio de 2025 se iniciaba la suerte puneña en el Gobierno Regional de Ayacucho. El Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado (PRIDER), entidad adscrita al GORE encargada de proyectos de irrigación e infraestructura hidráulica, firmaba un contrato por S/ 8 865 000 con Grupo Fer. Cons S.A.C., empresa con sede legal en San Román, Juliaca (Puno), a más de 800 kilómetros de la sede del PRIDER en Ayacucho.
Hasta antes de 2025, la empresa no registraba contrataciones con el GORE Ayacucho. Sin embargo, en el marco de la obra “Ampliación de la presa Ancascocha y afianzamiento del valle de Yauca”, uno de los proyectos más costosos y rezagados de la región, Fer. Cons obtuvo un primer contrato por más de S/ 8,9 millones para la adquisición de tuberías HDPE y servicios de termofusión.
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La empresa es administrada por los hermanos Beltrán y Sabino Chambilla Chaparro. Sus antecedentes de contratación se concentraban en entidades públicas de Puno y, en menor medida, de Arequipa. Su ingreso a una de las obras más emblemáticas y cuestionadas de Ayacucho marcó un punto de quiebre.
La obra de Ancascocha, a la que prometen dotar de recursos, se ejecuta desde 2017, tiene un costo actualizado que supera los S/ 193 millones, pero registra apenas 32 % de avance físico, según el portal Invierte.pe. Su nueva fecha de culminación está prevista para setiembre de 2027, cuando ya habrá concluido la actual gestión de Wilfredo Oscorima.
Dicho nuevo plazo es considerado técnicamente inviable y, según fuentes regionales, el gobernador buscaría asegurar el control político del Gobierno Regional de Ayacucho impulsando la continuidad de su entorno, ya sea a través de su hermano Yuri Oscorima o de su actual gerente regional, Eduardo Huacoto, quienes se disputan la candidatura por Alianza para el Progreso.
Pese a ello, su gestión promociona el proyecto en redes sociales como un logro regional, destacando una inversión superior a los S/ 190 millones y su supuesto impacto en distritos de Ayacucho y Arequipa, sin mencionar los retrasos, ampliaciones ni los procesos de contratación cuestionados.
La denuncia penal y el primer proceso observado
Tras el primer contrato, un grupo de empresarios presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción de Ayacucho contra funcionarios del PRIDER por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible.
La acusación sostiene que se habrían modificado especificaciones técnicas del expediente para evitar el uso obligatorio del Catálogo Electrónico de Perú Compras, permitiendo convocar una licitación pública en el SEACE para bienes que debían adquirirse mediante Acuerdos Marco.
El Ministerio Público confirmó la apertura de diligencias preliminares, centradas en quienes aprobaron las modificaciones técnicas, condujeron el proceso de selección y emitieron la constancia de previsión presupuestal que permitió la contratación, pese a que —según la denuncia— no existía un compromiso presupuestal válido del GORE Ayacucho.
En paralelo, la Contraloría General de la República informó, mediante el Oficio N.º 000625-2025-CG/GRAY, que el caso fue derivado al Órgano de Control Institucional (OCI) del propio PRIDER. Esta decisión generó cuestionamientos, debido a observaciones previas contra dicha oficina por validar pagos sin contrato y omitir responsabilidades administrativas en reconocimientos de deuda irregulares dentro de la misma entidad.
La denuncia penal involucra directamente a tres funcionarios claves del PRIDER que, hasta la fecha, continúan en sus cargos: Robert Vladimir Mallcco Velarde, director de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal; Joel David Gómez Ccorahua, administrador del PRIDER; y Nilton Vásquez De La Cruz, director de Infraestructura.
De acuerdo con la documentación revisada, los tres integraron el comité de selección que el 22 de mayo de 2025 se reunió para preparar y conducir el proceso de licitación que culminó, semanas después, con la adjudicación a favor de Grupo Fer. Cons S.A.C. La denuncia sostiene que, en ese proceso, se habrían aprobado modificaciones técnicas y actos administrativos que permitieron eludir el uso obligatorio de Perú Compras, pese a tratarse de bienes incluidos en el Catálogo Electrónico.
Segundo proceso: pedido de nulidad ignorado
Lejos de detenerse, el PRIDER convocó en diciembre de 2025 un segundo proceso, esta vez por S/ 3 965 000, para la adquisición de tubería corrugada HDPE de doble pared, nuevamente vinculada a la obra de Ancascocha.
Antes de la adjudicación, se presentó una carta formal solicitando la nulidad del procedimiento, dirigida al director del PRIDER, Richard Hans Alarcón Flores, y a Perú Compras. El documento advertía que la licitación vulneraba el artículo 43.1 de la Ley N.º 32069, al convocar un proceso en el SEACE para bienes incluidos obligatoriamente en el Catálogo Electrónico, generando un imposible jurídico.
Pese a ello, el proceso continuó y la contratación se habría concretado. Con esta segunda adjudicación, los contratos otorgados a Grupo Fer. Cons S.A.C. superan los S/ 12 millones, todos en procedimientos observados por presuntamente eludir el sistema Perú Compras.
Advertencia vana. El 23 de enero de 2026, La República reveló inconsistencias entre la ejecución presupuestal reportada por el GORE Ayacucho y la situación real de diversas obras, donde obreros acumulaban hasta cuatro meses sin recibir sueldos, pese a que el gobernador Oscorima celebraba una ejecución presupuestal del 100 %.
Tras esa publicación, el congresista Alex Flores cursó oficios formales al gobernador regional y al contralor general, solicitando acciones de control inmediato sobre las contrataciones observadas en el PRIDER y la obra Ancascocha. No obstante, las adjudicaciones no se detuvieron.
Antecedentes de la empresa y vínculos políticos
Grupo Fer. Cons S.A.C. es administrada por Sabino y Beltrán Chambilla Chaparro, quienes, según registros oficiales, estuvieron inscritos en el partido Renovación Popular —antes Solidaridad Nacional— entre 2010 y 2017.
Además, la empresa cuenta con un antecedente administrativo relevante: en julio de 2023, el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) la sancionó por no formalizar un Acuerdo Marco con Perú Compras, al incumplir el depósito de la garantía de fiel cumplimiento, imponiéndole una multa y suspensión temporal, según la Resolución N.º 3097-2023-TCE-S4.
Actualmente, el PRIDER es dirigido por Richard Hans Alarcón Flores, hombre de confianza de Oscorima y quien firmó el primer contrato en junio de 2025. Bajo su gestión, además, se concretó el segundo proceso, pese a la denuncia penal, las diligencias fiscales, el pedido de nulidad y las alertas de control.
Mientras la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría General mantienen actuaciones en curso, el Gobierno Regional de Ayacucho continúa promocionando la obra de Ancascocha como otra farsa de supuesto éxito de la gestión del Wayki de Dina Boluarte.