La corrupción ha contaminado casi todos los espacios de la vida cotidiana de los peruanos, que pagan coimas hasta por información de sus familiares enfermos en los hospitales públicos.
Por ello, la Justicia dictó 1.994 condenas por corrupción de funcionarios en 2025, en procesos con los que se consiguió que estas personas paguen 83 millones 438 mil 222.14 soles de reparación civil en favor del Estado.
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Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) fueron las encargadas de gestionar esos casos. En sus investigaciones se procesó y se sentenció a 891 funcionarios, 597 servidores públicos y 506 particulares (extraneus) que participaron en actos ilícitos.
En los dos primeros casos, hay 76 alcaldes y tres gobernadores regionales sentenciados, así como 48 docentes. Asimismo, 170 oficiales y subalternos de la Policía Nacional del Perú y 177 gerentes, entre regionales y municipales, condenados por delitos de corrupción, así como otras 1.520 condenas.
En total hubo 938 sentencias condenatorias, se ordenó 232 levantamiento del secreto bancario y 379 levantamiento del secreto de comunicaciones y se incautaron 214 equipos informáticos.
Por ejemplo, el año pasado el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Ate dictó para Rosa Vásquez Cuadrado, gobernadora regional de Lima, 9 años y 5 meses de prisión y el pago de una reparación civil de 100 mil soles.
Estos hechos enmarcan un conjunto de presuntas irregularidades detectadas en procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios durante la gestión de la funcionaria entre 2023 y 2025.
También fueron condenados los efectivos policiales Jhon Alarcón, Christian Acosta y Elvis Salcedo por el delito de abuso de autoridad en agravio de cuatro ciudadanos detenidos arbitrariamente en la comisaría Santa Elizabeth, en San Juan de Lurigancho.
Una pena de 5 años de cárcel recibió, asimismo, el suboficial de tercera PNP, Luis Cotrina, por el delito de tráfico de influencias al recibir S/ 88 mil bajo la promesa de interceder en un proceso de admisión en la escuela de la institución.
Entre los alcaldes sentenciados se encuentra Marco Ventura, burgomaestre del distrito de Jacas Chico, Huánuco, por delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso por apropiación en agravio del municipio.
111 con prisión preventiva
Durante el 2025, se ejecutó 22 operativos y megaoperativos autorizados judicialmente, y se logró que se declare fundados 111 requerimientos de prisión preventiva para investigados.
En términos de inteligencia financiera y probatoria, los fiscales consiguieron que el Poder Judicial declare fundados 232 requerimientos de levantamientos del secreto bancario y 379 levantamientos de la reserva de las comunicaciones.
Estas acciones permitieron la incautación de S/ 723 mil 175 y USD 3.340 en efectivo, así como de bienes valorizados, en conjunto, en más de S/ 775 mil y USD 42.000.
Entre los delitos de mayor incidencia condenatoria figuran el peculado simple (162 condenas), seguido de colusión agravada (117) y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo (110).
Entre los distritos fiscales donde se obtuvo el mayor número de sentencias condenatorias por delitos de corrupción figuran Cusco (59 condenas), Áncash, Arequipa y Junín (47 condenas cada uno) y Ayacucho (43).
Más de 15 mil denuncias en investigación
El coordinador de las Fiscalías Especializadas en Corrupción de Funcionarios (Fecof), Omar Tello Rosales, señaló que existen más de 15 mil denuncias por actos de corrupción que se viene investigandoen el país en este momento.
Explicó que es una situación preocupante “porque no baja”, pues en el 2024 fueron condenados 2.078 funcionarios y servidores. Los fiscales han salido a realizar investigación en una labor sacrificada y tengan la seguridad que se darán a conocer los casos que se investigan, porque vamos a priorizar estos casos, sostuvo Tello.
Explicó que la corrupción de funcionarios ocurre principalmente por una combinación de impunidad, falta de ética y sistemas institucionales débiles que incentivan el abuso de poder para beneficio personal. Factores como la desigualdad social, la aceptación cultural y la falta de transparencia en la administración pública facilitan estas prácticas.