La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado peruano por la tortura y ejecución extrajudicial del estudiante de medicina Freddy Rodríguez Pighi en 1991, reafirma la postura de que no puede haber impunidad en graves violaciones a derechos humanos, advirtió el abogado David Velasco de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), que representa a los familiares de la víctima.
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Relató que el 21 de junio de 1991 Freddy Rodríguez Pighi, estudiante de cuarto año de la facultad en la Universidad Federico Villareal, fue detenido arbitrariamente por efectivos de la Policía que hacían un operativo en El Callao. Ese mismo grupo detuvo también a los hermanos Emilio y Samuel Gómez Paquiyauri, de 14 y 17 años respectivamente.
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Dichos actos fueron grabados por la prensa y sirvió como una prueba importante de la detención. En las imágenes se observa al joven estudiante tirado en el piso con un arma apuntándole la espalda, y a uno de los menores siendo introducido en la cajuela de un patrullero. Los tres fueron dejados una hora después en la morgue del Hospital del Callao, sin identificación, con huellas de tortura y varios disparos en el cuerpo y la cabeza.
En el 2014, la Corte IDH halló responsable a Perú de las ejecuciones extrajudiciales de los hermanos Gómez Paquiyauri. Y hace diez días la familia de Rodríguez Pighi encontró la justicia que tanto ha esperado, al menos en el ámbito internacional.
“Esta sentencia es de una importancia muy relevante, porque significa varias cosas, entre ellas un reconocimiento a la lucha que ha desarrollado la familia contra la impunidad. Fue una dura batalla de casi 35 años tras la cual el Estado ha sido encontrado responsable internacionalmente por la ejecución extrajudicial, tortura y detención arbitraria del estudiante”, remarcó el abogado.
Política antisubversiva de guerra sucia
Velasco resaltó que la sentencia es relevante porque se ha evidenciado que en esas épocas y en esos años “el Estado desarrolló una política antisubversiva que evidenciaba una política de guerra sucia, de arrasar sea contra quien sea y de violentar los derechos fundamentales de todas las personas bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo como sea”.
Y es que, quisieron hacerlos pasar por presuntos terroristas. Carlos Rodríguez Pighi, hermano de la víctima, relató en enero pasado a la Corte IDH que para implicarlo le pusieron una mochila con propaganda terrorista, granadas de guerra y hasta un Akm. Sostuvo que él no era subversivo, y por ello la familia decidió denunciar lo ocurrido, para limpiar el nombre de su hermano.
Sin embargo, la justicia llegó desde afuera. La sentencia de la Corte IDH establece se debe iniciar una investigación para juzgar y sancionar a todos los autores y partícipes de los hechos de tortura y ejecución extrajudicial perpetrados en perjuicio de Freddy; que el Estado realice las publicaciones y difusión de la Sentencia y su resumen oficial; que el Estado realice el acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional.
“Esta sentencia significa que no puede haber impunidad en graves violaciones de derechos humanos” afirmó el abogado de Fedepaz. Agregó que toma mayor relevancia en el contexto actual y “es un hilo de esperanza frente a toda esta situación arbitraria de sentencias, como la del Tribunal Constitucional con la ley de amnistía para dar impunidad”.
“Pero creemos que los magistrados del Poder Judicial peruano van a hacer un control de convencionalidad, control que está por encima de la propia Constitución y a la que el Estado peruano soberanamente, libremente, se ha sometido y se ha comprometido a respetar”, indicó Velasco.