Durante décadas, el Perú fue un referente de prudencia fiscal en la región. No obstante, esta solidez se deterioró en los últimos años. Los desequilibrios entre ingresos y gastos se volvieron más frecuentes, se incumplió dos años consecutivos con la regla de déficit fiscal, incluso cuando esta se flexibilizó, y los activos del sector público cayeron a su menor nivel en 21 años. En este contexto, recuperar la disciplina fiscal exige atender las problemáticas estructurales en torno a la recaudación tributaria, así como optimizar el gasto de modo que se obtengan resultados en la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. Estos temas serán abordados en un estudio del Banco Mundial a publicarse próximamente.
Pérdida de predictibilidad del fisco
Las gestión fiscal de Perú se encuentra condicionada por los bajos ingresos. En la última década, la recaudación tributaria (15% del PBI) se situó como una de las más bajas en América Latina. Paradójicamente, pese a que Perú tiene tasas de impuesto a la renta superiores a la del promedio de sus pares de la región y a países de ingresos altos, recauda menos tributos por cada punto de la tasa impositiva. Altos niveles de informalidad, beneficios tributarios, regímenes tributarios complejos y umbrales elevados sobre los que se comienza a pagar impuesto son algunas de las causas.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Se suman constantes presiones de gasto que reducen la predictibilidad del fisco, con un rol preponderante del Congreso. Por ejemplo, en 2025, incorporó 120 disposiciones complementarias en el presupuesto, la cifra más alta de los últimos 15 años. Estas disposiciones habilitaron recomposiciones presupuestarias: se incrementó el gasto en personal en cerca de S/ 1.400 millones, reduciendo el gasto de inversión en alrededor de S/ 1.800 millones. Así, en los últimos dos años las reasignaciones han favorecido el gasto en personal y han hecho cada vez más rígido al gasto público. De esa forma, se restó predictibilidad a la gestión de las finanzas públicas y se socavó esta principal función desempeñada históricamente por el MEF.
Calidad del gasto público
En 2024, la inversión pública en el Perú ascendió a 5,2% del PBI, por encima de países como Chile (2,2% en 2023) y Colombia (2,3%). Sin embargo, el mayor desembolso de recursos, no se ha traducido en inversión eficiente. Según el Banco Mundial, a junio de 2023, 65 mil proyectos de inversión pública estaban abandonados o paralizados, casi la mitad del total de proyectos en curso. En particular, los proyectos abandonados no solo tienen un valor total equivalente al 17,3% del PBI (más de tres veces lo invertido en 2024), sino que el gasto ya irrecuperable sumaría 2,3% del PBI.
Según dicha entidad, los problemas de abandono comenzaron en 2012 y se incrementaron con el reemplazo del SNIP por el sistema Invierte.pe en 2016 y los posteriores cambios del 2019, que redujeron los requerimientos para los estudios previos a la inversión. Así, incentivó el rápido crecimiento de nuevos proyectos: de 15 mil en 2017 a 21 mil en 2019. Sin una adecuada supervisión, ello resultó en una mayor proporción de proyectos no concluidos. En consecuencia, a junio de 2023, había casi cinco veces más proyectos paralizados que en 2016.
Otro factor que explica la alta ineficiencia es el débil vínculo entre la programación de la inversión y el presupuesto. Según el Banco Mundial, entre 2012 y 2023, más del 80% de los nuevos proyectos se incorporan al presupuesto luego de que este fuera aprobado, eludiendo además la priorización de la Programación Multianual de Inversiones. Vinculado a ello, según el IPE, entre 2007 y 2025 el presupuesto modificado ha sido 90% mayor que el de apertura, en promedio. Las mayores diferencias ocurrieron principalmente en años de elecciones y, según el Banco Mundial, en esos años también crece la proporción de proyectos que se estancan.
Debido al ineficiente uso de recursos, la desconfianza en el Estado ha subido en la última década. En particular, el porcentaje de hogares que cree que la gestión del Gobierno Central es mala o muy mala se incrementó de 73% en 2015 a 92% en el primer semestre de 2025. En un contexto en el que se acaba de aprobar el presupuesto público de 2026, un año electoral, tomar medidas correctivas es una tarea ineludible de las autoridades si piensan realmente en el ciudadano.