Se cocina un sancochado para este nuevo Congreso; uno que estará lleno de denunciados, sentenciados, y reincidentes por diversos delitos, ponen en la lupa del electorado a los grupos políticos que, sin importarles ello, los consideraron como precandidatos para sus listas del Senado y Cámara de Diputados.
Durante las últimas semanas, Perú21 ha identificado a diversas personas con antecedentes más que cuestionables por corrupción y otros delitos, visibilizando así sus próximas candidaturas dentro de partidos que, pese a ello, los incluyeron como potenciales aspirantes a funcionarios del nuevo Congreso.
Lo cierto es que la lista es tan larga, al rededor de 6,500 candidatos a nivel nacional dentro de los 39 partidos políticos, que siempre se puede seguir encontrando rostros con más de un ‘anticucho’. Así que manténgase alerta, infórmese bien antes de votar.
A continuación este diario le presenta un tercer acercamiento a los antecedentes de los aspirantes a una curul para las próximas elecciones de 2026.
EL CUENTO DE SIEMPRE
Vladimir Meza Villarreal, exalcalde de Huaraz, competirá por un escaño en el Senado de la República con el número 2 del partido País para Todos, dentro de la circunscripción electoral nacional. Este grupo político lleva como candidato presidencial al cómico Carlos Álvarez.
Contra él, la Fiscalía solicitó este año 10 años de prisión por el presunto delito de colusión agravada, ya que está inmiscuido en el caso Consorcio Huaraz. Es señalado en esta trama de corrupción junto a otros 12 exfuncionarios y empresarios por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de la obra Renovación de Redes de Agua Potable en Huaraz —valorizado en 27 millones de soles— durante su gestión en el municipio.
Durante su gestión en la mencionada provincia, acumuló un total de 60 denuncias en su contra. Además, tiene una sentencia por violencia familiar interpuesta por su entonces esposa, Miriam Hidalgo. Si bien el proceso fue archivado, previamente un juez determinó medidas de restricción.
En una entrevista, Meza intentó justificar el hecho como un “error” de su vida personal. “Efectivamente, en mi familia sucedió ese hecho triste. He cometido un error y he sufrido por eso”, declaró el exalcalde, quien gobernó Huaraz entre 2011 y 2014.
Ciudadanos por el Perú, agrupación encabezada por el exministro Morgan Quero, incluye en su lista al Senado a Luis Chanjan Ghio, quien ocupa el número 1 por San Martín.
El aspirante tiene un antecedente relevante: pasó un año y cinco meses en prisión luego de que, en 2015, fuera sorprendido con un chip de celular sin registrar mientras ingresaba al penal de Pampas de Sananguillo para visitar a una interna a la que representaba legalmente.
A raíz de ese hallazgo, el INPE reportó el incidente y, más tarde, el Poder Judicial lo sentenció a seis años de cárcel, además de un año de inhabilitación y el pago de una reparación civil, determinando que incurrió en el delito de ingreso prohibido de dispositivos de comunicación a un establecimiento penitenciario.
Chanjan afirma que la organización política está al tanto de este episodio y, al igual que Meza Villarreal, sostiene que el delito que cometió se trató de un “error involuntario”. Según explica, su paso por prisión marcó su decisión de postular, pues considera que esa experiencia le permitió conocer de cerca la problemática carcelaria y lo motiva a promover cambios institucionales.
RECHAZO
Jaime Montalico Ccalla postulará al Senado con el número 2 por Ahora Nación en su región, Tacna. El exdecano del Colegio de Abogados fue denunciado en 2022 por una joven de 20 años que lo acusó de realizarle tocamientos indebidos dentro de su propia oficina.
De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió mientras la estudiante participaba en una capacitación en la sede del Colegio de Abogados. Tras la acusación, la Policía lo detuvo de manera preliminar y el Poder Judicial dispuso medidas de protección para la agraviada, entre ellas la prohibición de que Montalico se acerque a menos de 300 metros de ella mientras continúa la investigación por el presunto delito.
En su momento, su defensa señaló que había contradicciones en la versión de la denunciante y que los testigos no respaldan su versión, negando su responsabilidad.
Martín del Pomar, exalcalde del distrito limeño de Barranco, postulará al Senado con el partido de Rafael Belaunde, Libertad Popular. Él es uno de los rostros principales en una actual disputa que existe en la playa Las Sombrillas.
Durante su mandato le concesionó 10 mil metros cuadrados de playa a la empresa Capital Properties S.A.C. para que construya una especie de centro comercial. Esto, dentro de los 200 metros de la playa, situación que actualmente está prohibida por una nueva ley que indica que no se puede construir en los primeros 50 metros paralelos a la marea.
En su momento, justificó su decisión aduciendo que la Costa Verde era una zona de desmonte y las empresas construirían su malecón. Hoy los vecinos están descontentos, pues temen que dañe el medioambiente y pierdan acceso a este lugar público.
El candidato Uvaldo Pizarro Paico, quien busca un escaño en la Cámara de Diputados por el partido Somos Perú en Piura, arrastra un historial judicial vinculado a su paso por la Municipalidad de Veintiséis de Octubre. Pizarro se desempeñó como funcionario durante la gestión del entonces alcalde Práxedes Llacsahuanga, administración que terminó envuelta en investigaciones por presuntos actos de corrupción.
En 2019, tanto Pizarro como Llacsahuanga fueron sentenciados a tres años de prisión efectiva por el delito de colusión, en relación con un proceso de adquisición de vehículos para el servicio de limpieza pública. De acuerdo con la Fiscalía, el proceso habría sido direccionado para favorecer a uno de los postores. La condena fue ratificada en 2020, y tras su ejecución se emitieron órdenes de captura, ya que ambos permanecieron inubicables por un largo periodo.
La situación jurídica de Pizarro cambió en diciembre de 2023, cuando el Tribunal Constitucional dejó sin efecto las sentencias en su contra al acoger un habeas corpus presentado por su defensa, argumentando que se habría vulnerado el principio de congruencia entre la acusación fiscal y la decisión judicial. Llacsahuanga, en cambio, fue detenido en julio de 2024. Posteriormente, intentó recurrir al mismo recurso constitucional invocando argumentos similares, pero el TC declaró su pedido improcedente.
En la infografía adjunta, dos candidatos más darán la sorpresa, pero no por sus propuestas, precisamente, sino por sus antecedentes