El Gobierno de José Jerí envió al Congreso un proyecto de ley que solicita facultades legislativas para emitir decretos en 22 materias. Dentro del documento se plantea la posibilidad de crear un delito por la revelación de información reservada, lo que podría afectar directamente el trabajo de la prensa y el acceso a datos de interés público. El pedido también incorpora medidas similares a iniciativas impulsadas por gobiernos previos.
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La propuesta del Ejecutivo busca modificar el Código Penal, el Código Procesal Penal y normativas vinculadas a seguridad, justicia y administración pública. Entre los puntos más sensibles figura la penalización de la divulgación de información relacionada con investigaciones fiscales o policiales, un recurso que puede impactar en la cobertura periodística de casos de corrupción o crimen organizado.
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El proyecto también reúne reformas orientadas a aumentar sanciones, crear nuevos delitos y reorganizar funciones estatales. Sin embargo, varias de estas medidas ya fueron implementadas por administraciones anteriores sin resultados sostenibles. La repetición de estas políticas evidencia que el Legislativo ha sido usado en diversos periodos para aprobar cambios de corto alcance que no resuelven los problemas de fondo.
El pedido de José Jerí incluye además propuestas económicas, tributarias y administrativas que abarcan desde inversiones públicas hasta procedimientos ambientales y migratorios. El tamaño y alcance de la solicitud muestran un uso amplio del mecanismo de delegación, que permitiría al Ejecutivo emitir decretos con rango de ley en múltiples sectores en poco tiempo.
José Jerí solicita la creación de delito que podría afectar el trabajo de la prensa
Uno de los puntos centrales del proyecto es la facultad para crear un delito vinculado a la revelación de información reservada en investigaciones fiscales y policiales. Esta propuesta establece sanciones para quienes difundan datos considerados sensibles, lo que puede involucrar directamente a la prensa cuando accede a documentación que revela abusos de poder, corrupción o irregularidades dentro del Estado.
El texto no delimita con precisión qué tipo de información quedaría bajo esta protección ni cómo se determinará la reserva. Al dejar conceptos abiertos, cualquier difusión relacionada con procesos en curso podría interpretarse como una infracción, incluso si se trata de información de evidente interés público. Esto configura un riesgo para el ejercicio periodístico y para el control ciudadano sobre la gestión estatal.
La creación de este delito se suma a un contexto político en donde se han promovido iniciativas para restringir la circulación de información sobre investigaciones desde el mismo Congreso de la República. La Comisión de Justicia debatió en septiembre un proyecto que buscaba ampliar el delito de “publicación indebida de correspondencia” para sancionar a periodistas que difundan chats, correos o mensajes digitales, incluso cuando esas comunicaciones puedan tener interés público, el cual no logró prosperar. La coincidencia refuerza la percepción de que existe un interés creciente en limitar la exposición de casos que involucran a autoridades.
Además, la propuesta del Gobierno de José Jerí plantea sanciones que podrían alcanzar a quienes publiquen filtraciones sobre operativos, diligencias o decisiones fiscales. En la práctica, esto podría reducir el acceso a información clave y afectar la posibilidad de que la ciudadanía conozca detalles de procesos que históricamente han sido destapados gracias al trabajo periodístico.
ANP filial Lima expresa preocupación por posible impacto en el trabajo periodístico
La presidenta de la filial Lima de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Jeanette Pérez Osorio, manifestó su profunda preocupación por la propuesta del Ejecutivo. Señaló que, aunque el Estado debe resguardar información reservada cuando corresponde, una redacción abierta y ambigua puede convertirse en un mecanismo que restrinja el trabajo de la prensa y limite el derecho ciudadano a estar informado. Recordó que las filtraciones han permitido revelar casos de corrupción, abuso de poder e irregularidades que la ciudadanía tiene derecho a conocer.
Pérez Osorio afirmó que no se puede “perseguir al mensajero”, pues el periodismo cumple un rol democrático esencial al fiscalizar al poder y proteger el interés público. Indicó que medidas de este tipo ya se han intentado en distintos gobiernos y que, históricamente, han funcionado más como herramientas de presión que como verdaderas soluciones frente a los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país.
La representante de la ANP advirtió que la propuesta actual constituye una alerta para el sector y expresó su expectativa de que este intento no avance. Subrayó que cualquier norma que afecte la labor informativa afecta también el control ciudadano y el equilibrio democrático, por lo que insistió en mantener vigilancia frente a iniciativas que puedan limitar la libertad de prensa.
Andy Carrión, abogado penalista, advierte que propuesta abre la puerta a una “ley mordaza encubierta”
El abogado penalista Andy Carrión explicó que las investigaciones penales son, por naturaleza, reservadas, y que hasta ahora solo los funcionarios podían recibir sanciones cuando ocurrían filtraciones. Señaló que, pese a ello, la prensa ha cumplido un rol clave al revelar actos de corrupción accediendo a documentos a los que no tendría acceso formal. Por eso, en la práctica, los jueces tienden a priorizar la libertad de información antes que la reserva de una pesquisa.
Carrión sostuvo que incluir el término “difusión” en un marco sancionador resulta peligroso, porque ese concepto está directamente asociado al trabajo periodístico. Según su interpretación, la propuesta no especifica a quién sancionaría y, en los hechos, podría dirigirse más a quienes publican —como los medios— que a quienes filtran la información. Esto permitiría denunciar no solo a periodistas, sino incluso a quienes repliquen o compartan contenido en plataformas digitales.
Por ello, consideró que la medida funciona como una “ley mordaza encubierta”, al abrir la posibilidad de que cualquier persona se vea expuesta a denuncias por divulgar información que, aunque reservada, puede tener relevancia pública. Agregó que, si la intención fuera proteger investigaciones, el Gobierno podría haber delimitado la sanción únicamente para quienes filtran datos desde dentro del proceso, pero el texto actual mantiene un enfoque ambiguo que apunta principalmente a la prensa.
Algunas medidas propuestas fueron impulsadas anteriormente por Vizcarra, Castillo y Boluarte
El proyecto repite medidas que ya fueron impulsadas por los gobiernos de Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Dina Boluarte. Entre ellas figuran ajustes al Código Penal, aumentos de penas, incorporación de nuevos delitos y ampliaciones de los supuestos de flagrancia. Estas líneas han sido aplicadas durante más de una década sin cambios significativos en la reducción de la criminalidad.
También se vuelve a plantear el fortalecimiento de regímenes penitenciarios, la limitación de beneficios y la reorganización del sistema de ejecución penal. Estas reformas ya se habían introducido en paquetes de delegación anteriores, pero no generaron mejoras sostenibles en la capacidad del sistema para controlar a organizaciones delictivas.
En materia administrativa, el proyecto recupera esquemas usados por las gestiones previas para modificar procesos de inversión, contrataciones públicas y evaluación ambiental. Aunque estas áreas han sido intervenidas repetidamente mediante decretos legislativos, persisten problemas de articulación y ejecución que no se han resuelto con reformas parciales.
El Gobierno de José Jerí también retoma la propuesta de declarar en emergencia el transporte público, una medida que ya fue mencionada en los periodos de Castillo y Boluarte sin llegar a implementarse plenamente. La reiteración de esta iniciativa evidencia que no se están planteando soluciones nuevas ni un rediseño estructural del sector.