El Poder Judicial ha dictado cinco meses de prisión preventiva y ha ordenado la captura a nivel nacional e internacional de Betssy Chávez, la ex primera ministra de Pedro Castillo, acusada de ser una de las artífices del autogolpe fallido del 7 de diciembre de 2022. Chávez se encuentra refugiada en la embajada de México en Lima desde el 2 de noviembre. El asilo diplomático otorgado por el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha desencadenado la ruptura oficial de las relaciones entre dos países, que en 200 años prácticamente no habían tenido cortocircuitos.
El origen del conflicto se remonta al mensaje a la Nación con el que Pedro Castillo decretó el fin de su mandato. El entonces presidente del Perú se dirigió al país para quebrar el orden constitucional e instaurar un gobierno de excepción. Pero las Fuerzas Armadas le dieron la espalda, su intentona duró un suspiro y el Congreso lo vacó por incapacidad moral. México, en la figura de Andrés Manuel López Obrador, acudió en su ayuda. Le concedió el asilo a la esposa y los hijos de Castillo, y se negó a reconocer la investidura de su sucesora, Dina Boluarte.
En estos tres años, el vínculo entre México y Perú ha quedado reducido a encargados de negocios. Desde el 2024, los turistas peruanos necesitan tramitar una visa para ingresar a territorio mexicano. El Congreso peruano ha declarado persona non grata tanto a López Obrador como a Sheinbaum. Y por si fuera poco, el Ejecutivo ha expulsado a Karla Ornelas, la encargada de la embajada de México en Lima. Desde hace doce días, la oficina diplomática, ubicada en el distrito residencial de San Isidro, está descabezada.
Es allí, en un espacio amplio de 752 metros cuadrados, en la avenida coronel Pedro Portillo, donde Betssy Chávez aguarda el salvoconducto para viajar a México. Pero el Gobierno de José Jerí se mantiene firme en su postura de dilatar la entrega. Sostiene que Chávez no es una perseguida política, que le corresponde afrontar sus cuentas con la justicia, y que someterá el asunto a consulta con los países miembro de la Organización de Estados Americanos. “Existe la necesidad de hacer los estudios jurídicos correspondientes para proceder a una respuesta”, ha dicho el canciller Hugo de Zela, dejando la suerte de la abogada en el limbo.
Betssy Chávez permaneció en la cárcel durante más de dos años, pero fue puesta en libertad a inicios de septiembre debido a un fallo del Tribunal Constitucional, en medio de huelgas de hambre donde denunció abusos de parte de la penitenciaría. A la exfuncionaria de 36 años —que además fue ministra de las carteras de Trabajo y Cultura— se le ha revocado la comparecencia con restricciones este viernes y se ha dictado una nueva orden de prisión preventiva, esta vez de cinco meses. El juez argumentó su decisión en la ausencia de la investigada a las citaciones judiciales y en el hecho de no haber cumplido con la marcación del registro biométrico. Se ha determinado que el riesgo de fuga es “palpable” y por eso se ha ordenado su captura nacional e internacional.
En las últimas horas, un sector de la clase política ha instado al Gobierno de José Jerí a ingresar a la embajada mexicana a la fuerza para arrestar a Betssy Chávez. “El Gobierno debe respetar la soberanía y la autonomía de nuestro país. Hay que dejárselo claro al pueblo peruano: Betssy Chávez no es una perseguida política y, en ese sentido, el Gobierno tiene que tomar las decisiones para que ella se someta a la justicia. Incluso por la fuerza. Hay precedentes de otros países”, ha declarado Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en referencia a la irrupción del Gobierno ecuatoriano en la embajada mexicana en Quito para detener al político Jorge Glas en abril de 2024.
El primer ministro, Ernesto Álvarez, ha descartado dicha posibilidad al señalar que “el Perú es respetuoso del derecho internacional y no es capaz de ejercer violencia contra ningún país vecino ni país hermano” y que “nunca quebrantaría las leyes internacionales con respecto a la inmunidad de las sedes diplomáticas”. Eso sí, ha indicado que el Ejecutivo denunciará oportunamente a México ante las instancias internacionales por su injerencia en los asuntos internos del Perú.
La Fiscalía solicita una pena de 25 años de cárcel en contra de Betssy Chávez por el delito de rebelión. La pena se acortaría si se le condena por conspiración. En su última audiencia, el exmandatario Pedro Castillo ha defendido a Chávez, alegando que no participó de los hechos y que la “responsabilidad [del autogolpe] fue netamente suya”. En tanto, la Comisión Permanente del Congreso ha aprobado inhabilitar por diez años para ejercer cargos públicos a la ex primera ministra. La moción debe ser refrendada en el Pleno. En tanto, el resguardo policial se incrementa en la embajada de México. La prensa está expectante a lo que pueda suceder en las próximas horas.