La Comisión Permanente del Congreso aprobó un segundo informe que recomienda inhabilitar por 10 años a Betssy Chávez por su intervención en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. La decisión, adoptada por mayoría, coloca a la ex jefa del Gabinete ante una eventual sanción definitiva cuando el caso llegue al Pleno.
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El documento sostiene que la ex premier coordinó y difundió el mensaje que anunciaba la disolución del Parlamento el 7 de diciembre de 2022. Para la comisión, ese acto vulneró gravemente el orden constitucional. La recomendación insiste en que Chávez incumplió los deberes propios de su cargo.
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Recomiendan inhabilitar de la función pública a Betssy Chávez Chino. Foto: Congreso
Comisión del Congreso aprueba informe que plantea inhabilitar a Betssy Chávez
Durante la sesión, la defensa de Betssy Chávez denunció persecución política y cuestionó el uso reiterado de investigaciones parlamentarias contra exfuncionarios vinculados al gobierno de Castillo. Raúl Noblecilla, su abogado, sostuvo que se busca impedir cualquier participación futura de la ex primera ministra en la vida pública.
Este nuevo informe se suma al expediente aprobado hace meses, que también planteaba una inhabilitación. Ahora será el Pleno el que defina si confirma la medida. La discusión se dará en un contexto marcado por disputas internas, bloqueos políticos y una mayoría conservadora dispuesta a sostener sanciones contra figuras del gobierno de Pedro Castillo.
¿Qué dice el informe aprobado por la Comisión Permanente?
El documento aprobado afirma que Betssy Chávez habría intervenido directa y conscientemente en la preparación del mensaje que pretendió instaurar un “gobierno de excepción”. Los legisladores concluyeron que su rol fue determinante para respaldar la decisión de Castillo de intentar cerrar el Congreso.
Además, el informe describe que Chávez actuó de manera coordinada con otros funcionarios del Poder Ejecutivo. Sostiene que su participación implicó quebrantar las obligaciones constitucionales, configurando una falta grave. Por ello, propone una inhabilitación por una década para ejercer cargos públicos.
El texto también señala que su conducta generó un impacto institucional profundo. La comisión considera que la ex premier contribuyó a un escenario de inestabilidad que puso en riesgo la continuidad democrática. En esa línea, plantea una sanción ejemplar que, según los legisladores, busca evitar hechos similares.