La Fiscalía de la Nación investiga a María Cordero por el presunto delito de concusión en agravio del Estado al ser acusada de haber obligado a un trabajador de su despacho congresal a entregarle el 50 % de sus haberes entre los meses de marzo y agosto del 2022.
El Poder Judicial ordenó el embargo en forma de inscripción sobre un bien inmueble vinculado a la suspendida legisladora María Cordero como parte del proceso penal que se le sigue por un presunto recorte de sueldo a un trabajador de su despacho congresal en el 2022.
El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley adoptó esta medida al declarar fundada la solicitud que hizo la Procuraduría General del Estado, el último 16 de septiembre, para que se ordene la ejecución de esta medida cautelar real sobre dicho bien inmueble, ubicado en la provincia de Barranca (región de Lima Provincias).
El magistrado ordenó trabar embargo en forma de inscripción por la suma de 200 mil soles sobre las acciones y derechos que le corresponden a la suspendida legisladora respecto a este bien inmueble por lo que dispuso que se remita un oficio al Jefe de Registro de Predios de la Oficina Registral de Barranca de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), remitiendo los partes judiciales correspondientes a fin de que se cumpla con lo ordenado por su despacho en este caso.
Mediante una resolución emitida el 7 de noviembre, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley determinó que la solicitud de la Procuraduría General del Estado cumple los presupuestos establecidos en la ley para imponer la medida de coerción procesal de carácter real solicitada sobre dicho bien inmueble por dicho monto que, a criterio del magistrado, resulta razonable para cubrir el pago de una futura reparación civil a favor del estado, en caso se determine daño alguno.
La Fiscalía de la Nación investiga a María Cordero por el presunto delito de concusión en agravio del Estado por presuntamente haber obligado a un trabajador de su despacho congresal a entregarle el 50 % de sus haberes entre los meses de marzo y agosto del 2022.
El último 14 de marzo del 2024, el pleno del Congreso aprobó suspender a María Cordero en su cargo de congresista y levantar su inmunidad parlamentaria, a fin de que afronte este proceso penal.
No obstante, el Parlamento no aprobó la propuesta para que María Cordero sea inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos.