En una entrevista con la cadena CNN, el ministro de Relaciones Exteriores señaló que con esto se busca “tener tiempo” para realizar consulta a otros países miembros de la OEA para ver si la Convención de Caracas “se adecua a la realidad de hoy”.
El canciller Hugo de Zela señaló que el gobierno peruano ha decidido “demorar” su respuesta sobre el salvoconducto a la ex presidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez, quien se encuentra en la embajada de México en Lima como parte de un asilo diplomático otorgado por el gobierno de ese país.
“Lo que hemos decidido es demorar la consideración del salvoconducto para tener tiempo de hacer consultas con otros países de la región, de la OEA particularmente, para ver si esta convención (Convención de Caracas de 1954) se adecua a la realidad de hoy”, señaló en entrevista con la cadena CNN.
El ministro de Relaciones Exteriores dijo esperar que haya “una buena receptividad” en la OEA sobre la propuesta del gobierno peruano para “adecuar” la Convención de Caracas de 1954 a fin de “ver cómo solucionamos este asunto”.
“Yo ya inicié las consultas, como le dije, he tenido varias reuniones ahora, probablemente como máximo, diría yo, a comienzos de diciembre estaré en Washington para hacer esta propuesta específicamente y pediríamos que se trate con la urgencia que el caso requiere”, adelantó el ministro.
Cancillería realizará consultas en la OEA
Semanas atrás, la Cancillería anunció que “dará a conocer el resultado” de solicitud de salvoconducto a la exministra Betssy Chávez tras realizar consulta a países de la OEA. A través de un comunicado, la institución cuestionó que en los últimos años “el derecho de asilo se ha desvirtuado al otorgarse a quienes no sufren persecución en Estados democráticos”.
En su pronunciamiento, la Cancillería cuestionó que desde la adopción de la Convención de Caracas de 1954 “se ha producido una evolución negativa” en la práctica internacional del asilo. Según precisaron, en varios casos ocurridos en los últimos años –no solo vinculados al Perú– “se ha hecho un uso indebido de esta norma, calificando a delitos comunes como casos de persecución política”.
“El Gobierno del Perú considera que esta práctica desnaturaliza la esencia de la Convención, concebida para proteger a nacionales de los Estados Miembros del Sistema Interamericano de persecuciones políticas. En ningún caso debe utilizarse para eludir la aplicación de las leyes nacionales para que personas que han delinquido puedan liberarse de las decisiones judiciales”, indicaron.
Del mismo modo, la Cancillería peruana manifestó su rechazo “porque el derecho de asilo se ha desvirtuado al otorgarse a quienes no sufren persecución en Estados democráticos, sino que, más bien, son procesados o incluso condenados por delitos comunes”.
En vista de este análisis, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que planteará a los países miembros de la OEA “una propuesta de modificación de la Convención de Caracas de 1954 para evitar que esta tergiversación de su esencia continúe ocurriendo”.
Gobierno peruano analiza pedido de salvoconducto para Betssy Chávez
Semanas atrás, el canciller Hugo de Zela, en entrevista exclusiva para RPP, dio detalles sobre la actual situación de la expremier Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima, situación que conllevó a que el Estado peruano rompa relaciones con dicho país.
El ministro de Relaciones Exteriores indicó que el pedido de salvoconducto realizado por la embajada mexicana fue recibido la tarde del pasado lunes, y que Torre Tagle aún se encuentra analizando si la petición es conforme al derecho internacional.
“Ese es un tema que recién estamos empezando a analizar. Ese pedido lo hemos recibido ayer en la tarde y, por consiguiente, existe la necesidad de hacer los estudios jurídicos correspondientes para proceder a una respuesta”, indicó.
De Zela remarcó que nuestro país actuará conforme a lo que establece la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, suscrita en Caracas, Venezuela,
“Ese tratado impone obligaciones específicas. El Perú es un país respetuoso del derecho internacional y, por consiguiente, [vamos a] seguir haciéndolo. En consecuencia, se aplicará lo que dice ese tratado. Yo he pedido a nuestra área jurídica, a la consultoría jurídica de nuestra Cancillería que analice en profundidad la aplicación de ese tratado al caso específico que estamos tratando. Todavía no he recibido ese informe y, cuando lo reciba, ya estaremos en capacidad de tomar una definición”, aseveró.