El sueño de tener un terreno o una casa propia es una meta compartida por miles de peruanos. Para facilitar este acceso, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), ha implementado un proceso de regularización dirigido a personas que hayan ocupado un terreno durante más de 10 años. Esta medida busca otorgar seguridad jurídica y estabilidad a los ocupantes, permitiéndoles acceder a un título de propiedad legal sobre el inmueble.
El procedimiento, denominado prescripción adquisitiva de dominio, permite regularizar terrenos de propiedad privada, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por Cofopri. El objetivo de este programa es garantizar que los beneficiarios puedan acceder a los derechos y beneficios que otorga un título de propiedad, tales como la posibilidad de heredar legalmente el inmueble, obtener créditos o mejorar la vivienda de manera formal.
Para ser parte de este programa de titulación, los solicitantes deben cumplir con condiciones específicas que aseguren que la propiedad sea regularizada de manera legítima. Los principales requisitos son:
- Ocupación comprobada del terreno durante más de 10 años, de manera continua y sin reclamos de terceros.
- Declaración jurada que certifique la inexistencia de acciones judiciales en contra del poseedor del terreno.
- Empadronamiento de los ocupantes, con al menos el 50% de las personas que habitan en el terreno registradas en la solicitud.
- Medios probatorios que respalden la posesión, como testimonios de vecinos, recibos de servicios básicos, documentos de pago de tributos, entre otros, que acrediten la antigüedad de la ocupación.
Cofopri realiza un proceso de verificación exhaustivo para garantizar que solo aquellos que cumplen con todos los requisitos puedan acceder a la titulación, evitando así la apropiación indebida de terrenos y protegiendo los derechos de los verdaderos ocupantes.
Contar con un título de propiedad brinda a los ciudadanos no solo seguridad jurídica, sino también una serie de ventajas económicas y sociales. Entre los principales beneficios se destacan:
- Seguridad jurídica: Permite acreditar legalmente la propiedad del terreno, evitando desalojos o disputas legales.
- Herencia familiar: El inmueble titulado puede ser transferido formalmente a los hijos u otros herederos.
- Acceso a crédito: Facilita la obtención de préstamos bancarios o hipotecarios, lo que permite invertir en mejoras de la vivienda.
- Eliminación de conflictos: Reduce disputas sobre la propiedad y promueve la convivencia pacífica en la zona.
- Incentivo a la inversión: Un título legal facilita la construcción o mejora de la vivienda y permite acceder a programas de financiamiento estatal.
Además de estos beneficios, el programa busca empoderar a las familias más vulnerables, dándoles la posibilidad de invertir en su propiedad y mejorar su calidad de vida de manera segura y formal.
Aunque el título de propiedad ofrece múltiples ventajas, existen restricciones para prevenir la especulación y el tráfico de terrenos. Según la Ley N.º 31056, los beneficiarios del programa no podrán vender ni transferir el inmueble durante los primeros cinco años. En caso de detectarse una venta irregular en este período, Cofopri tiene la facultad de revertir la propiedad al Estado y declarar nula la transferencia, impidiendo su inscripción en el Registro de Predios de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).
El programa está dirigido exclusivamente a personas que no poseen otro inmueble registrado a su nombre, priorizando así a quienes realmente carecen de propiedad y asegurando que los beneficios lleguen a las familias que más los necesitan. Esta medida busca proteger la finalidad social del programa y garantizar que los terrenos sean entregados a ocupantes legítimos y permanentes.
Cofopri se encarga de supervisar todas las etapas del procedimiento, asegurando la legalidad de la titulación y evitando la apropiación indebida de terrenos. El organismo verifica la documentación presentada, la antigüedad de la ocupación y la veracidad de las declaraciones juradas, garantizando que los títulos de propiedad sean otorgados únicamente a quienes cumplen con los requisitos.
De esta manera, el programa no solo fortalece el derecho de propiedad de los peruanos, sino que también fomenta la inversión en vivienda, promueve la seguridad jurídica y contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias. La titulación formal representa un paso clave hacia la estabilidad social y económica de los ciudadanos que han ocupado sus terrenos de manera pacífica y constante durante más de una década.