La ruta del dinero atribuida por la Fiscalía a Martín Vizcarra en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua se sostiene en una secuencia de llamadas, encuentros, reajustes contractuales y movimientos contables registrados entre fines de 2013 y 2014. La hipótesis fiscal indica que el exgobernador habría recibido montos ilegales de Obrainsa e ICCGSA a cambio de favorecer procesos de adjudicación.
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El Ministerio Público ratificó su pedido de 15 años de cárcel contra Vizcarra. Sostiene que recibió S/ 1 millón de Obrainsa por Lomas de Ilo y S/ 1,3 millones de ICCGSA por el Hospital de Moquegua. A ello se suma la solicitud de una reparación civil superior a S/ 4,6 millones por ambos proyectos.
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Las coordinaciones atribuidas al expresidente incluyen a múltiples representantes de constructoras: Elard Tejeda, gerente de Obrainsa; Rafael Granados Cueto, exdirectivo de ICCGSA; José Manuel Hernández, entonces consultor vinculado al sector; José Javier Jordán y Jorge Armando Iturrizaga, quienes aparecen en la cadena de contactos sobre el Hospital de Moquegua. También figuran trabajadores administrativos como Diego Agurto Albán, María Inés García Arias, Tobías Puertas Gutiérrez y Rosa Carmen Ríos Quinteros, que gestionaron salidas de dinero.
La acusación incorpora además los documentos enviados por UNOPS, la firma de contratos, las fechas de la buena pro y los reajustes económicos que —según la fiscalía— se alinearon con los periodos de negociación ilícita. Toda la reconstrucción se basa en colaboraciones eficaces, reportes contables y actas institucionales.
Lomas de Ilo: llamadas, reajustes y pagos que reconstruye la Fiscalía
El caso Lomas de Ilo inicia el 4 de noviembre de 2013, cuando UNOPS pide un reajuste a la propuesta económica del consorcio liderado por Obrainsa. Al día siguiente, según la Fiscalía, Martín Vizcarra se comunica con Elard Tejeda, gerente de la constructora, para concertar una reunión en la que se habría solicitado un beneficio ilícito. La respuesta de UNOPS llegó el 7 de noviembre, fijando un nuevo monto de S/ 80,9 millones, cifra que luego fue recomendada y aprobada por la región.
En diciembre, Vizcarra y Tejeda sostuvieron nuevas comunicaciones vinculadas al alquiler de una avioneta y a la firma del contrato, que se concretó el 6 de diciembre de 2013. Para la Fiscalía, este periodo fue clave porque permitió coordinar los pagos posteriores que, según los colaboradores eficaces, se entregarían en efectivo semanas más tarde.
El 24 de enero de 2014, la Fiscalía registra llamadas en las que Vizcarra pide el “saldo pendiente”. Ese mismo día, Tejeda coordinó internamente las gestiones para obtener dinero de caja chica. La investigación señala que empleados administrativos como Diego Agurto Albán y María Inés García Arias procesaron las salidas de efectivo con apoyo de Tobías Puertas. Una asistente, Rosa Ríos Quinteros, declaró haber visto al entonces gobernador en las oficinas de Obrainsa.
El 27 de enero de 2014, Obrainsa retiró S/ 400.000, monto que según la Fiscalía fue destinado a MAVC (iniciales de Martín Alberto Vizcarra Cornejo). El segundo retiro, de S/ 600.000, ocurrió el 4 de abril de 2014, bajo el mismo procedimiento. Para el Ministerio Público, estas operaciones cierran el circuito financiero del supuesto soborno de S/ 1 millón.
La acusación también incorpora declaraciones de colaboradores eficaces que describieron que las órdenes provenían de la gerencia comercial y financiera de Obrainsa, en un contexto en el que esta empresa participaba de acuerdos ilícitos del Club de la Construcción. Además, se añadieron cruces telefónicos que ubicaron a Vizcarra en comunicaciones con altos funcionarios de la firma antes y después de los reajustes.
Hospital de Moquegua: reuniones en CADE, reajustes express y entregas coordinadas
El proceso del Hospital de Moquegua comenzó en septiembre de 2013 con la apertura de ofertas, donde el consorcio asociado a ICCGSA presentó una propuesta por S/ 126 millones. La Fiscalía sostiene que el punto de inflexión ocurrió el 27 de noviembre de 2013, cuando UNOPS pidió una reunión para discutir la propuesta y el tema se trasladó al CADE, evento empresarial en el que participaron José Manuel Hernández, Rafael Granados Cueto y Martín Vizcarra.
Según la tesis fiscal, ese 28 de noviembre se produjo la presentación entre Vizcarra y Granados, y luego una conversación con Hernández, quien actuó como nexo. Granados, directivo comercial de ICCGSA, habría planteado un condicionamiento económico a cambio del reajuste de la obra, tal como luego confirmaron colaboradores eficaces vinculados al caso.
El reajuste fue aprobado rápidamente: pasó de S/ 126,3 millones a S/ 123,4 millones el 29 de noviembre de 2013, apenas un día después del CADE. Para la Fiscalía, esta rapidez confirma la existencia de un acuerdo externo. El contrato se firmó el 18 de diciembre. En paralelo, las comunicaciones entre José Javier Jordán Morales y Jorge Armando Iturrizaga —ambos vinculados al consorcio— reforzaron la hipótesis de coordinación para el pago ilícito.
Testimonios posteriores describieron reuniones internas en ICCGSA en las que se discutió cómo reunir el dinero destinado al “gobernador”. Además, se incorporaron documentos internos que detallan salidas de fondos vinculadas a gastos extraordinarios no sustentados. Colaboradores eficaces señalaron que los pagos se hicieron en dos tandas y que fueron gestionados por el área comercial, tal como ocurrió en otras obras del “club”.
La Fiscalía también incluye referencias cruzadas con la investigación nacional del Club de la Construcción, en la que ICCGSA admitió prácticas colusorias en distintos proyectos. Para el Ministerio Público, el caso Moquegua reproduce exactamente ese patrón: intermediarios, reajustes, llamadas y pagos ocultos canalizados desde los niveles más altos de la empresa.
Fiscalía ratificó pedido de prisión y solicita que, de dictarse sentencia, se efectúe de inmediato
Durante la audiencia de alegatos finales, la Fiscalía ratificó el pedido de 15 años de prisión para Martín Vizcarra por los delitos de colusión agravada y cohecho pasivo propio. Según su sustentación, el exgobernador recibió S/ 1 millón de Obrainsa por Lomas de Ilo y S/ 1,3 millones de ICCGSA por el Hospital de Moquegua, sumando S/ 2,3 millones en total. La Procuraduría solicita una reparación civil de más de S/ 4,6 millones en favor del Estado.
El Ministerio Público afirmó que, si el tribunal lo declara culpable, la sentencia debe ejecutarse de inmediato, sin esperar la apelación. Argumenta que Vizcarra ha tenido capacidad de influir en testigos y que el caso se sustenta en un conjunto sólido de pruebas: llamadas, agendas, declaraciones de colaboradores eficaces, documentos contables y movimientos financieros.
La etapa de alegatos fiscales concluyó esta semana. La defensa presentará sus descargos en la próxima audiencia este jueves 20 de noviembre, donde también se escuchará la última palabra del exmandatario. Vizcarra niega todos los cargos y afirma que los colaboradores eficaces construyen una “historia falsa” para reducir sus propias condenas.