Jerí estaba enviando dos mensajes, uno público y otro encriptado para su gabinete. El primero es que no prometerá imposibles (no sueñen, ilusos, con que ofrezca metas numéricas); y el segundo es que los ministros deben arreglárselas para mantener vivo el tema de la inseguridad mientras él se concentra en su ‘gira nacional’. Para un gabinete que todavía no se para con aplomo ante las cámaras, el reto es duro. Las cifras provisionales no sonríen como sí sonrieron los ministros cuando fueron invitados el jueves en la noche a Palacio a celebrar los 39 años de quien los amigos llaman ‘Jóse’.
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Aparte estadístico. Según una comparación hecha por la agencia Global Protection Solutions en base a cifras del Sidpol (Sistema de denuncias policiales), en 21 días del estado de emergencia (del 22 de octubre al 11 de noviembre) se cometieron 101 homicidios a nivel nacional. Los 21 previos al estado de emergencia se cometieron 118. En Lima y Callao resulta 37 versus 42. O sea, en ese rango de comparación, sí se aprecia una ligera disminución, pero falta esperar más tiempo para verificar si hay una tendencia. Respecto a las extorsiones, hay que considerar que este año estamos en una trágica escalada respecto al año pasado. De enero al 31 de octubre del 2025 las denuncias por extorsión han subido 27% a nivel nacional respecto al mismo periodo del 2024. En Lima han subido alrededor del 50%. GPS ha contabilizado 562 denuncias de extorsión durante los 10 primeros días del estado de emergencia, del 22 al 31 de octubre último. En el mismo lapso del 2024 hubo 528 denuncias. No bajan. La PNP ha hecho campañas fomentando las denuncias, pero sería ingenuo pensar que es ello lo que aumenta su número y no la proliferación de criminales.
El paquete
Le escribí al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, para preguntarle por los ajustes y novedades de la estrategia de seguridad. Me pidió conversar con la abogada Silvia De la Cruz, cabeza de la DGCO (Dirección General Contra el Crimen Organizado). La visité y tenía en sus manos el paquete esencial de medidas legislativas que, desde su área, se presentará el gobierno muy pronto en su pedido de facultades al Congreso. De la Cruz tiene 7 años en la DGCO, donde ha sido testigo a la vez del aumento del aumento de las extorsiones y de la alta rotación de ministros. Cuando le menciono esto último, sonríe y me dice que, a pesar de eso, hay un trabajo estratégico coordinado con varios sectores, incluyendo al CEPLAN (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico).
| Modificación que alista el Ejecutivo | Consecuencia |
|---|---|
| Modificación del Código Procesal Penal (CPP): Incorporar un párrafo para permitir que el fiscal tenga apoyo técnico de la policía en las audiencias de prisión preventiva, como “interconsulta” o “apoyo” | Autorizar que los policías especializados puedan participar directamente en las audiencias para explicar evidencias técnicas (análisis de celulares, balística, seguimiento operativo, etc.). El objetivo es mejorar la sustentación del pedido fiscal y acelerar las decisiones judiciales |
| Modificación de la Ley de Protección de Datos Personales: Permitir el intercambio de datos personales entre entidades públicas y gremios reconocidos cuando se trate de prevenir o investigar delitos, respetando proporcionalidad y confidencialidad. | Autorizar que bancos, financieras u otros gremios compartan información entre ellos y con el Estado cuando detecten posibles fraudes, extorsiones o delitos graves, sin que se considere violación de datos personales. Se garantiza confidencialidad y uso limitado |
| Modificación del Código Penal, el CPP y la Ley Cotnra el Crimen Organizado | Aumentar las penas por minería ilegal y delitos conexos, crear el delito de “Tráfico ilícito de recursos minerales provenientes de la minería ilegal”, inhabilitar para obtener concesiones mineras a los condenados, eliminar la norma que permitía aplicar principio de oportunidad en minería ilegal y volver a incluir estos delitos bajo la Ley Contra el Crimen Organizado. |
| Incorporación a la Ley de delitos informáticos: sancionar la compra, venta o tráfico de bases de datos, credenciales o información digital obtenida ilícitamente | Penalizar no solo al hacker que roba datos, sino también a quien los compra o comercia (mercado negro de información). Con esto se castigaría toda la cadena delictiva que alimenta fraudes, extorsiones y ciberdelitos |
| Incorporación al Código Penal: “Solicitud extorsiva”. Tipifica la conducta de solicitar dinero o beneficios indebidos, directamente o por medios digitales, usando amenazas o datos personales de la víctima | Castigar la nueva modalidad de extorsión sin necesidad de violencia directa, por ejemplo, las llamadas o mensajes donde amenazan usando información personal. Así se adapta el Código Penal a las formas actuales de extorsión digital y psicológica, sin necesidad de afectar el patrimonio de la víctima |
| Creación del “Fichero Nacional de Titularidades Financieras”: Centraliza información de cuentas bancarias (apertura, cancelación, tipo de cuenta, titulares) en la SBS para acceso de fiscales, policía y autoridades competentes en casos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo | Crear una base de datos nacional con todas las cuentas bancarias registradas en Perú. Fiscales y policía podrán consultar directamente esta información durante investigaciones de lavado o terrorismo, sin depender de trámites lentos entre bancos |
| Incorporación al Código Penal: “Revelación de información reservada por servidor o funcionario público” | Sancionar penalmente a los funcionarios que divulguen información confidencial o reservada de procesos judiciales o investigaciones. Busca evitar filtraciones que pongan en riesgo operativos o investigaciones criminales |
“Nuestras propuestas legislativas tienen una visión estratégica” me dice De la Cruz, y subraya su prioridad: “La minería ilegal es lo que más nos importa. Tenemos una propuesta para penalizar toda la cadena de valor desde quién obtiene los insumos, como los explosivos; hasta quién compra el mineral. Si el Reinfo sigue o no sigue es secundario; esto es importante [golpea con la mano su paquete legislativo] y tiene que salir”, remata De la Cruz. El enfoque normativo vigente es obsoleto y naif. El delito de ‘minería ilegal’ se concentra en la explotación minera en sí y trata con guantes de seda a los otros actores asociados a ella. Por eso se propondrá la creación de un nuevo delito: ‘tráfico ilícito de recursos minerales provenientes de la minería ilegal’. Estamos tan desfasados que aún no atacamos a la minería ilegal con un enfoque similar al TID (tráfico ilícito de drogas) que penaliza por igual desde el acopio de insumos hasta el lavado de activos. El ‘lavado del oro ilegal’ en el Perú se hace en nuestras narices.
¿Querrá el gobierno de Jerí disparar contra la minería ilegal? La bancada del partido de gobierno, Somos Perú, se ha mostrado pródiga con la informalidad minera en la Comisión de Energía y Minas. La congresista Diana Gonzales, vice presidenta de esa comisión, me dijo que vio más ganas de combatir el problema en el gobierno de Boluarte con el ministro Jorge Luis Montero; que ahora con el ministro Luis Enrique Bravo de la Cruz, que brilla por su silencio. Que Jerí se case con la propuesta legislativa del Mininter y que el Congreso la apruebe será una prueba moral, tan o más decisiva que la ampliación del Reinfo.
La propuesta legislativa incluye la inclusión de la minería ilegal como uno de los delitos comprendidos en la Ley 30077 de Crimen Organizado, que había sido excluida por la Ley 32108 de la lista de delitos comprendidos en dicho marco penal. Por ese y otros detalles la 32108 es una de las leyes estigmatizadas como ‘pro crimen’. Una fuente del Ejecutivo me contó que el gobierno sí quiere revisar y corregir algunas de esas leyes polémicas en su paquete de facultades, “pero no lo va a decir”. La narrativa de que el Congreso legisló favoreciendo al crimen, choca con el pasado congresal de Jerí (votó a favor de la mayoría de las 9 leyes cuestionadas) y con el respaldo parlamentario del que aún goza. Por eso, cuando se le pregunta a los ministros si revisarán las ‘leyes pro crimen’, balbucean y cambian de tema. Los congresistas sí responden directo: no existen esas leyes, esa es una narrativa caviar y san se acabó. Estaremos atentos para detectar si en el paquete para pedir facultades, Jerí se arriesga a confrontar al Congreso y al lobby electoral de la minería informal e ilegal.
“La minería ilegal es lo que más nos importa. Tenemos una propuesta para penalizar toda la cadena de valor desde quién obtiene los insumos, como los explosivos; hasta quién compra el mineral”, dice Silvia De la Cruz, directora de la Dirección General Contra el Crimen Organizado del Mininter.
Números desconocidos
Las extorsiones son el trágico delito de moda desde el 2023, así que el gobierno de Boluarte ya había abierto canales de atención directa a los gremios martirizados. Jerí los ha reforzado y se ha involucrado personalmente en ello. Jamás repetiría un consejo tan idiota como el Dina cuando recomendó no responder a número desconocidos. La extorsión dura, me confirma el equipo de la DGCO, no suele llamar por teléfono, sino que deja mensajes. Y si no se contestan, igual llega a la víctima con violencia. La modalidad que sí hace llamadas o deja mensajes que conviene ignorar, es la del ‘escopetazo’. No la practica el crimen organizado, sino pequeñas bandas o familias, incluso delincuentes solitarios que se lanzan a llamar a varios hasta que un despistado cae. La extorsión -he aquí lo más dramático- se ha ‘democratizado’ en el peor de los sentidos, gracias a los celulares y a la disponibilidad de vagos o drogadictos que, por poco, se prestan a colocar explosivos o amenazas en las puertas de las víctimas.
Dina fue vacada precisamente por no mostrar empatía con los extorsionados. Jerí ha usado a su antecesora como un anti manual, es decir, como una guía involuntaria de lo que no debe hacer. Desde su breve discurso en la trasnoche en la que asumió el mando, señaló como prioridad A, B y C, a la inseguridad y a la extorsión como su delito estelar. Los operativos en las cárceles en las que fue testigo de requisas de celulares y otros objetos prohibidos para los reos, tenían en la mira la extorsión pues se presume que muchos mensajes amenazantes se envían desde penales.
“El Congreso no tiene la misma prioridad de Jerí, he ahí su gran escollo. El presidente aún no ha establecido fecha para presentar su paquete legislativo. El Ministerio de Justicia hará la criba de las normas propuestas por distintos sectores”.
Le pregunté a Julio Corcuera, ex vice ministro de Seguridad Pública y autor de “Extorsión: el negocio del miedo”, como evalúa este mes de Jerí respecto a la seguridad como bandera y las visitas a penales como gesto. “Los mismos resultados pero con un actor comprometido” me dice, comparando a Jerí con Boluarte. ¿En tres o cuatro meses, sí podríamos ver resultados? “No creo, sino se toman más medidas”, responde. Le pido ejemplos. “No todo es la policía y los fiscales; hay que involucrar a otros actores privados para cerrar las oportunidades que brindan los mercados ilegales. Por ejemplo, el presidente debe convocar a los operadores telefónicos para resolver el problema de la venta de chips activados. Ha aparecido un reglamento, pero la ley no sirve sino la aplicas con contundencia”.
Las requisas con Jerí de testigo fueron seguidas de decretos que restringieron visitas y prerrogativas a los presos. He ahí otras medidas concretas sobre las que ya podría haber indicadores que el gobierno podría mostrar. Por otro lado, el drama de los transportistas, el gremio con más capacidad de presión por el impacto de sus paros, empujó a otra medida concreta, más llamativa aún: la creación de la Divise (División de Investigación de Extorsiones) a cargo del Coronel Víctor Revoredo, que había sido enviado de agregado policial a Chile para protegerlo de las amenazas que recibía de las mafias trujillanas (para la crónica roja, también fue amenazado por Wanda del Valle, la ex pareja del ‘Maldito Cris’). He ahí la búsqueda de un personaje con una épica anti crimen; pero, a la vez, la improvisada creación de una división nueva sin que se nos explique ni haga el balance de qué ha logrado GRECCO (Grupo Especial Contra el Crimen Organizado) creado en noviembre del 2023.
Silvia De la Cruz me hace ver que tenemos un gran desfase legislativo ante el delito ‘estelar’. Se penaliza con castigo severo la extorsión cuando esta se produce y la víctima paga, pero no en las fases previas. En los casos en los que la PNP está cerca de la víctima, tiene que convencer al extorsionado de que pague a los criminales para así poder tener la prueba redonda del delito. Entre las propuestas de la DGCO está la tipificación como delito de la ‘solicitud extorsiva’ con penas tan severas como la extorsión en sí. Desde el primer mensaje extorsivo la maquinaria policial y judicial podría entrar a tallar sin esperar la consumación del delito. Dejemos de escandalizarnos tanto por las ‘leyes pro crimen’ y escandalicémonos más por lo que aún no se ha legislado. Los pecados de omisión del poder bifronte (Ejecutivo y Congreso) pueden tener más impacto que sus malas acciones. El jueves 13, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, apareció flanqueado por el Gral. Felipe Monroy (jefe de la Región Policial Lima) y el Crnel. Juan Carlos Valle (jefe de la División de Servicios Especiales de la Región Policial Lima) para dar un mensaje a la ciudadanía. No fue sobre inseguridad sino contra la protesta convocada para el viernes 14. El Congreso no tiene la misma prioridad de Jerí, he ahí su gran escollo.
El presidente aún no ha establecido fecha para presentar su paquete legislativo. El Ministerio de Justicia hará la criba de las normas propuestas por distintos sectores (además del Mininter y del propio Minjus, la Sunat, el Mindef, el MEF, la UIF, entre otros); y habrá, no lo duden, una negociación silenciosa con el Congreso. El lobby de la minería informal y la ilegal está muy activo mientras él se distrae en su gira nacional.