Se cumplen cinco años de las masivas protestas ocurridas aquel 14 de noviembre de 2020, movilizaciones que forzaron la renuncia del Gobierno de Manuel Merino, pero que dejaron una huella imborrable de dolor. La brutal represión policial de aquella jornada cobró la vida de dos jóvenes: Inti Sotelo y Bryan Pintado, quienes fueron asesinados por proyectiles de plomo disparados por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).
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El saldo de la violencia no se detuvo allí. Más de 70 ciudadanos resultaron heridos por la misma causa, con al menos 30 de ellos sufriendo lesiones graves que, a la fecha, les impiden retomar una vida normal, como es el caso de Percy Pérez Shapiama, joven de 32 años, a quien una canica, lanzada por la PNP a menos de 10 metros de distancia, le perforó el abdomen, hiriendo la zona de sus intestinos.
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“En este país todo es al instante. En el momento que pasa, ahí si están al pendiente [las autoridades] y después lo dejan a un lado”, expresa Percy, revelando que iba a ser operado luego de seis meses del impacto, pero aún, cinco años después, la operación no se ha concretado. Ahora su lucha ha pasado a un juicio, en donde pide lo que por derecho le corresponde, la cobertura de su operación y de sus gastos mensuales en bolsas de colostomía, cremas y alimentos.
“Hasta ahorita no me han dado ni una bolsa de colostomía (…) Un paquete de bolsas que puede durar entre uno a tres meses cuesta 350 soles”, revela. Para que Percy pueda salir a la calle no debe consumir ningún alimento ni líquido cuatro horas antes, lo que no solo lo limita a que no pueda trabajar, sino también a estar encerrado en el cuarto donde vive solo.
Este caso es solo es uno de los más de 70 que hoy buscan justicia a través de sentencias contra 11 oficiales de la Policía, quienes son acusados de los presuntos delitos de asesinato, abuso de autoridad y graves violaciones a los derechos humanos en protestas sociales.
Juicio contra los 11 policías responsables de los heridos y fallecidos del 14N
Actualmente, la demanda se encuentra en etapa intermedia, luego que el pasado 17 de octubre del presente año, tras dos audiencias no concretadas, se iniciara la discusión sobre la parte del sobreseimiento planteado por la Fiscalía en relación a varios agraviados. Tras cumplirse esta parte, lo siguiente es la formulación y presentación del requerimiento acusatorio, sin embargo, ha quedado suspendida de forma temporal.
“La Fiscalía solicitó el pedido de la suspensión de la etapa intermedia y el Juzgado ha emitido una resolución que nos ha notificado hace tres días sobre el requerimiento de suspensión, al cual hemos apelado”, explica Carlos Rivera, abogado de Inti Sotelo.
El motivo de la suspensión fue la falta de ubicación de algunos agraviados y acusados, sin embargo, para Rivera, con todos los elementos probatorios presentados, no era necesario la suspensión. “Cumpliéndose 5 años, hay una investigación lo suficientemente avanzada, que ha logrado corroborar la comisión de los delitos, el asesinato de Inti y de Bryan. Ha logrado acreditar las lesiones graves contra los agraviados. Se ha corroborado la utilización de armas de fuego y de munición prohibida como los perdigones de plomo. Y también se ha logrado acreditar la responsabilidad penal de los jefes policiales: del entonces comandante general de la PNP, del jefe de la región Lima de la PNP y de los oficiales que estuvieron a cargo de la operación policial del 14N”, indica Rivera.
Pese a la contundente evidencia de los decesos y las decenas de heridos, adjudicados en 2.500 páginas de acusación, el proceso judicial aún presenta una clara diferencia de paridad entre las víctimas y los oficiales acusados.
Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), reveló que varios de los heridos del 14N se han quedado sin defensa pública, luego de que los abogados asignados por el Estado se retiraran de los casos sin brindar justificación. Sumado a esto, la aprobación de la controversial ley Anti-ONG por el Congreso, los limita a tener una defensa digna.
“Si el Estado prohíbe la defensa legal de víctimas de parte de las ONG que litigan, y [previamente] el procurador del Estado dijo ante la CIDH que las víctimas podían recurrir a la defensa pública, pues en este momento, la defensa pública es la que está abandonando a las víctimas”, sentenció Pariona, exponiendo la actual desprotección que enfrentan los deudos y heridos en su búsqueda de justicia.
También denuncia que los policías acusados han realizado una “maniobra legal” para lograr que las audiencias sean suspendidas: “Suelen no asistir, evitan dar información o simplemente argumentar a través de sus abogados que no se estaría cumpliendo algún aspecto como ellos lo piden”.
El caso Inti Sotelo
Desde que falleció su hermano gemelo, Killa Sotelo, se ha convertido en luchadora social que busca justicia para su hermano. A pesar de que se ha comprado responsabilidad por parte de la PNP, no ha recibido ayuda ni disculpas por parte del Gobierno.
“Estamos caminando solamente con el apoyo de la sociedad, de los grupos colectivos. La PNP que dijo que iba a colaborar, que está presta a eso, lo único que ha hecho es alargar el juicio”, expresa Killa. Aun así, eso no la amilana, pues comenta que todos los jueves, desde hace dos meses, ella junto a otros familiares se reúnen en bloque frente al Palacio de Justicia para realizar actividades en memoria de sus fallecidos.
Para este 14N, que coincide con la convocatoria de un paro nacional convocado por la generación Z, Killa precisa que realizarán un conversatorio en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en donde participará el abogado Rivera, representante de la familia Sotelo; el abogado Julio Arbizu, defensa de la familia de ‘Trvko’; entre otras personas afectadas por la represión policial. Además, el evento contará con performances y diversas actividades.
“Hemos tratado de hacer un evento en el cual incluya memoria, pero también música y resistencia”, acotó Killa. Añadió, que ese mismo día ella junto a su familia asisten al cementerio para visitar a Inti y realizar una misa conmemorativa de forma privada.
El agotamiento que dejarán las actividades en conmemoración de Inti y Bryan, serían el principal motivo por el que Killa no podrá asistir a la marcha convocada. Sin embargo, también revela que lamentablemente no ha podido contactarse con los representantes de la generación Z. “No se ha coordinado directamente con nosotros. Entiendo que es parte de lo que desean plantear. Igual no estoy en contra de la marcha, pero sí siento que deberían considerar la voz de los familiares, que no nos están teniendo presentes”, indica la hermana de Inti.
Asimismo, hace un pedido a los colectivos a que puedan unirse a los plantones que realizan todos los jueves, pues señala que la resistencia debe ser en conjunto y unidos, teniendo presente primero a las familias de las víctimas. “Nosotros también hemos salido a marchas, pero no desconsiderando a los deudos”, finalizó Killa.