El juicio oral contra Martín Vizcarra ingresó a su etapa final con la exposición de los alegatos finales del Ministerio Público ante el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional. El fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, ratificó su pedido de 15 años de prisión para el exmandatario y solicitó que la sentencia se ejecute sin esperar una segunda instancia, de dictarse una condena.
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Durante su intervención, Juárez sostuvo que Vizcarra recibió S/2,3 millones en sobornos de las constructoras Obrainsa e ICCGSA a cambio de direccionar las obras de Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. En total, la Fiscalía solicita seis años de prisión por el primer proyecto y nueve años por el segundo. Además, plantea una inhabilitación de nueve años en el ejercicio de la función pública y el pago de S/151.580 por días multa.
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El representante del Ministerio Público argumentó que el pedido de ejecución inmediata busca evitar posibles fugas, como ha ocurrido en otros procesos de corrupción. “En el Equipo Especial hemos tenido algunas decepciones”, advirtió el fiscal, en alusión a los casos de exfuncionarios que obtuvieron asilo en el extranjero.
Tras el cierre de los alegatos fiscales, el tribunal dio paso a la intervención de la Procuraduría Pública, que exige una reparación civil superior a S/4,6 millones a favor del Estado. La próxima audiencia fue programada para el jueves 20 de noviembre, fecha en la que el exmandatario ejercerá su defensa material y ofrecerá su última palabra antes de que el tribunal emita sentencia.
Fiscalía presentó pruebas contra exmandatario y exige que la pena se cumpla de inmediato
El fiscal Germán Juárez Atoche sustentó que Martín Vizcarra, cuando fue gobernador de Moquegua, habría entregado información privilegiada a Obrainsa para favorecerla con la licitación del proyecto Lomas de Ilo, a cambio de un pago de S/1 millón. Además, la Fiscalía sostiene que el exmandatario recibió S/1,3 millones adicionales de la empresa ICCGSA por el Hospital de Moquegua.
Entre los principales elementos de convicción, el Ministerio Público presentó el testimonio del gerente de Obrainsa, el registro de llamadas entre él y Vizcarra, documentos de licitación, facturas, cheques y el convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Con estas pruebas, la Fiscalía asegura haber “enervado la presunción de inocencia” del acusado.
Juárez pidió al tribunal emitir un fallo ejemplar y subrayó que, de confirmarse la culpabilidad, la condena debe ejecutarse de inmediato. Argumentó que el Estado no puede permitir que se repita la impunidad observada en otros procesos de alto perfil. Para el fiscal, este caso representa una oportunidad para “demostrar eficacia en la lucha contra la corrupción en las más altas esferas del poder”.
Procuraduría respalda pedido de Fiscalía y solicita reparación civil de más de S/4 millones
Por su parte, el procurador Carlos Fernández, representante del Caso Lava Jato, sostuvo que la defensa del exmandatario “ha sido derrotada” y que la culpabilidad de Martín Vizcarra ha sido probada “más allá de toda duda razonable”. En esa línea, solicitó al tribunal que imponga una reparación civil de S/4,6 millones, considerando los perjuicios ocasionados al Estado peruano.
Fernández desglosó el pedido: S/2′071.971 por el proyecto Lomas de Ilo y S/2′600.000 por el Hospital de Moquegua. Aseguró que las evidencias demuestran un patrón de direccionamiento en los contratos suscritos por el Gobierno Regional de Moquegua bajo la gestión de Vizcarra.
Martín Vizcarra aseguró que no buscará asilo: “No hay posibilidad en absoluto”
A la salida de la audiencia, Martín Vizcarra descartó de forma categórica la posibilidad de acogerse a asilo diplomático ante una eventual condena en su contra, en el marco de los procesos por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. “No hay posibilidad en absoluto” de gestionar asilo, y afirmó que su voluntad es comparecer ante la lectura de sentencia.
El exjefe de Estado también manifestó que asistirá a la audiencia programada para la lectura del fallo, reafirmando que no existe riesgo de fuga y que su comportamiento demuestra sometimiento a las decisiones jurisdiccionales. Su abogado sostuvo que incluso en un escenario adverso el exmandatario mantendría su presencia y colaboración con el proceso.
Además, criticó la intervención del procurador público, calificándola como “una postura nada profesional” y comparando su exposición con un acto en la Plaza San Martín, lo que evidencia la tensión entre la defensa de Vizcarra y la parte civil representada por la Procuraduría Pública del Perú en este caso.