En medio de una crisis institucional en el Ministerio Público, se difundió un oficio atribuido a los presidentes de las Juntas de Fiscales Provinciales en el que solicitan a la Junta de Fiscales Supremos (JFS) una revisión extraordinaria del proceso de elección del fiscal de la Nación. El pedido fue presentado como respuesta a la prolongada disputa interna sobre el retorno de Delia Espinoza.
El documento, difundido públicamente, argumenta que el Ministerio Público requiere “una política de gestión sostenida en el tiempo” y un liderazgo estable para afrontar la inseguridad ciudadana y fortalecer la autonomía institucional. No obstante, su aplicación podría ser un precedente peligroso e inconstitucional.
Consultada por Infobae, la congresista y exfiscal de la Nación Gladys Echaíz explicó que este tipo de pedidos no resultan compatibles con la legislación vigente. Aunque reconoció el derecho de los fiscales provinciales a emitir recomendaciones y que la JFS podría evaluarla, advirtió que la historia institucional no registra antecedentes donde un mandato haya sido dado por concluido de ese modo.
“Siempre se han aceptado sugerencias, sobre todo en vista de la situación en la que está el Ministerio Público y que preocupa a todos, pero el periodo es de tres años. Nunca se ha visto y sería muy difícil dar por concluido un mandato a raíz de estas situaciones. Sería una infracción constitucional porque el mandato es de tres años y no se puede dar por concluido por una u otra causa de esta naturaleza”, puntualizó.
La parlamentaria recordó que situaciones vinculadas a actitudes y comportamientos institucionales son competencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), organismo que actualmente mantiene suspendida de sus funciones a la fiscal Delia Espinoza, pese a la orden judicial de reponerla.
“Yo creo que lo correcto sería que se espere la decisión de la JNJ para evitar mayores complicaciones o que se siente un precedente que no es bueno para nadie. Además, no está previsto ni en la ley ni en la Constitución que se pueda dar por concluido un mandato frente a situaciones disfuncionales de la institución”, sostuvo.
Consultada sobre el reciente fallo judicial del Noveno Juzgado Constitucional de Lima ordenando la reposición de Espinoza, Echaíz remarcó que tal medida “debe ser revisada y hay que esperar qué es lo que resuelve el superior, porque lo puede revocar”. Consultada sobre la pertinencia de una demanda competencial, consideró que eventualmente el tema será elevado al Tribunal Constitucional, pero hizo un llamado a “ser respetuosos del orden constitucional”.
“Es una acción de garantía que va a terminar necesariamente en el Tribunal Constitucional, sea por una o por la otra parte. Y allí el TC tendrá la oportunidad de resolverlo, pero el Poder Judicial no se ha pronunciado en última instancia y en una sentencia de fondo”, mencionó.
Aunque coincidió con algunos críticos del accionar judicial, argumentando que algunos jueces “están contraviniendo el texto constitucional y su propia ley orgánica y toda la normatividad vigente”, insistió en la importancia actuar conforme al marco constitucional y esperar el pronunciamiento de las instancias correspondientes.