En junio de 2021, cuando Perú21 alertó que desde la fiscalía anticorrupción se puso trabas para realizar un operativo contra la cúpula del partido que entonces pasó a la segunda vuelta electoral, Perú Libre, conocimos a Los Dinámicos del Centro. Este diario denunció desde un inicio que desde el Gobierno Regional de Junín se gestó una mafia para cobrar por emisión de licencias de conducir incluso a personas con discapacidad. Ese dinero sirvió para pagar la campaña del lápiz, sus candidatos al Congreso y la misma plancha presidencial fue beneficiada.
Actualmente, Dina Boluarte, quien para 2021 era la candidata a la vicepresidencia de la plancha encabezada por Pedro Castillo, asiste a audiencias judiciales, pues es investigada debido a los testimonios que la señalan como la coordinadora de los montos que se depositaban en una cuenta mancomunada. La entonces perulibrista era secretaria de Economía del Comité Ejecutivo Regional del lápiz.
Ayer, Boluarte —aunque intentó desligarse de la labor contable— aceptó la cuenta y dijo que “mi labor sencillamente fue abrir una cuenta mancomunada conjuntamente con otra persona, solo eso. Yo no buscaba aportantes, no los registraba y tampoco aporté personalmente”.
PINTURITA DEL LÁPIZ
La Corte Suprema evaluará este lunes la restitución de la prisión preventiva que se dispuso contra Arturo Cárdenas, exdirigente de Perú Libre conocido como ‘Pinturita’, Waldys Vilcapoma y los exfuncionarios del Gobierno Regional de Junín, Eduardo Reyes y Francisco Muedas.
La audiencia se llevará a cabo a las 9 de la mañana. En esta sesión, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluará el recurso de casación presentado por la Fiscalía Superior Nacional en Lavado de Activos contra la resolución que emitió la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional en diciembre de 2023, la cual revocó la prisión preventiva de 24 meses contra los cerronistas antes mencionados.
La audiencia será dirigida por el juez supremo César San Martín, se escuchará también a los abogados de los investigados.
DATO
El caso se encuentra en investigación preparatoria culminando el plazo de 36 meses de la ley de Crimen Organizado.