El congresista José Cueto envió un oficio a la directora ejecutiva de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), Noela Pantoja, para que evalúe iniciar un proceso disciplinario contra el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
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En el documento, el parlamentario de la bancada Honor y Democracia intenta vincular a ambas organizaciones con un supuesto uso irregular de fondos internacionales, por haber expresado posiciones críticas frente a la designación del Tomás Gálvez como titular del Ministerio Público.
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“Las referidas organizaciones presuntamente habrían utilizado indebidamente recursos de la cooperación técnica internacional para fines ajenos a su naturaleza, como intervenir en política nacional mediante el inicio de procedimientos administrativos y judiciales que busquen la destitución del actual titular de la Fiscalía de la Nación, Tomás Gálvez Villegas”, señala Cueto en el documento fechado el 11 de noviembre.
Cabe recordar que el Poder Judicial ordenó la reposición de Delia Espinoza en la Fiscalía de la Nación, al considerar que su separación se basó en una resolución suspendida por el propio juez que falló a su favor. La decisión, firmada por el magistrado Juan Torres Tasso, le dio a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) un plazo de dos días para restituirla en el cargo.
IDL y CNDDHH solicitaron salida de Tomás Gálvez por ser “actor político”
El Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), pidió urgentemente que se elija a una nueva persona para encabezar la Fiscalía de la Nación de manera interina en reemplazo de Tomás Aladino Gálvez. Ambas organizaciones señalan que el magistrado no cumple con el requisito de ser y parecer independiente y lo consideran un “actor político”.
Dicha solicitud fue enviada a la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público. “Una condición política real que la sentencia del Tribunal Constitucional no tuvo en cuenta y que no desaparece con la decisión de eliminar el proceso por el cual fue destituido. La Junta Nacional de Justicia tampoco tuvo en cuenta esta condición, por lo que volvió a habilitarle el título de fiscal supremo”, se lee.
Además, piden que la fiscal Patricia Benavides se abstenga e evaluar y emitir su voto por un posible “conflicto de intereses” y que se inicie una nueva elección para el cargo de fiscal de la Nación interino.
“Cabe mencionar que, al estar vinculados los hechos de la presente solicitud con el caso “Cuellos Blancos”, la misma será puesta en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (seguimiento a audiencia), así como a la Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Independencia de la magistratura y abogados, por la trascendencia para la independencia del Ministerio Público y la lucha contra la corrupción”, agregan.