La lucha contra la criminalidad y la administración de justicia se ven amenazadas por el Congreso. Desde el 2021 a la fecha, el fujicerronismo y sus bancadas aliadas han impulsado iniciativas legislativas que, en la práctica, vulneran la colaboración eficaz, la detención preliminar y la confiscación de bienes.
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Ante la cercanía de las Elecciones 2026, este medio analizó las votaciones en seis de las normas conocidas mediáticamente como pro-crimen e identificó que los mismos congresistas que votaron a favor de alguna de esas normas pretenden reelegirse postulando al Senado, Cámara de Diputados o Parlamento Andino.
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Por mencionar algunos, para el cargo de diputado se presentan el congresista Elvis Vergara, Alejandro Soto y Alejandro Cavero. En tanto, para el de Senado, los ahora parlamentarios Eduardo Salhuana, Martha Moyano, Fernando Rospigliosi, Waldemar Cerrón y Patricia Chirinos buscan repetir el plato.
Ellos votaron a favor de algunas de las leyes, mientras que en otras mostraron su postura en contra, se abstuvieron o estuvieron ausentes. Sin embargo, de los 130 parlamentarios resaltan ocho que votaron a favor en las seis normas que afectan la función fiscal y favorecen a las organizaciones criminales
Se trata de los congresistas fujimoristas Ernesto Bustamante, Mery Infantes y Héctor Ventura. Y los legisladores José Luna Gálvez y José Arriola (ambos de Podemos), Jorge Morante y Héctor Valer (de Somos Perú). Por último, el perúlibrista Flavio Cruz.
Bancada de José Luna busca reelección
El proyecto de Ley Nº 00565/2021-CR (ahora Ley 31990) fue promulgada el 21 de marzo del 2024 y modificaba los artículos 473, 476-a y 481-a del Código Penal, referidos al proceso especial por colaboración eficaz.
Con esta norma el trámite entre la solicitud del aspirante y la firma o rechazo del acuerdo no puede superar los 8 meses, prorrogables por 4 meses más, y excepcionalmente 8 meses adicionales si se trata de crimen organizado. Antes de esta ley, la Fiscalía tenía libertad de plazos para corroborar la información entregada por los colaboradores.
Esta primera ley ‘procrimen’ fue planteada por Podemos Perú en el 2021 y tenía como autora a la parlamentaria María Teresa Cabrera Vega. Si bien ella no está tentando la reelección, los congresistas José Arriola, Heidy Juárez, José Luna (líder del partido) y Guido Bellido, pertenecientes a esta bancada, votaron en su momento a favor de aprobar la polémica norma. Hoy todos ellos intentan continuar en el Congreso por al menos un periodo más.
Cabe precisar que uno de los principales defensores de modificar la ley de colaboración eficaz fue el congresista Waldemar Cerrón, quien afirmó que muchos casos “solo han servido para mantener a las personas en vilo” debido a que tiempo después quienes se acogieron a dicha figura se retractaron de sus acusaciones
Nueve congresistas de Perú Libre, incluyendo a Cerrón, votaron a favor de esta norma. Además del ahora segundo vicepresidente del Congreso, Kelly Portalatino, Flavio Cruz y Segundo Montalvo, que apoyaron esta iniciativa, buscan reelegirse como senadores con el partido del lápiz.
Otros de los nombres de la lista de “reelegibles” que dieron su voto para aprobar esta norma son: Fernando Rosipligliosi, Ernesto Bustamente, Norma Yarrow, Alfredo Azurín, Hector Valer y José Williams. La ley fue promulgada con la venia de Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Avanza país, Renobación Popular y Somos Perú
Fujimorismo impulsó ley que modifica extinción de dominio
Otra de las normas conocidas como ‘procrimen’ se trata de la Ley 32326, promulgada el 9 mayo de este año, la cual tuvo su origen en el proyecto de ley N.º 03577/2022‑CR presentado por el congresista Jorge Morante.
La norma además contaba con las firmas de Jeny López, Rosangella Barbarán Reyes, Nilza Chacón, César Revilla, Héctor Ventura y Juan Carlos Lizarzaburu. Todos los mencionados votaron a favor de su aprobación en el Pleno y ya calientan para entrar al ruedo en las próximas elecciones.
Además de ellos, otros de los fujimoristas que legislaron para modificar la extinción de dominio y pretender ser reelegidos son: Arturo Alegría, Ernesto Bustamante, Enrique Castillo, Víctor Flores, Mery Infantes, Tania Ramírez y María Zeta
Cabe precisar que esta ley condiciona el proceso de extinción de dominio a la existencia de una sentencia firme, bloqueando la recuperación temprana de activos ilícitos provenientes de la corrupción y el lavado de activos.
Perú Libre promovió excluir a partidos de sanción penal
Además de Podemos y Fuerza Popular, desde Perú Libre también se gestaron las bases para normas que permiten la criminalidad.
Tal es el caso del proyecto de ley Nº 06084/2023‑CR, vinculado a la Ley N°32054, que excluye a los partidos políticos de toda sanción penal y administrativa por delitos cometidos mediante su estructura, incluso si sus dirigentes o candidatos están involucrados en actos de corrupción o lavado de dinero.
El proyecto fue presentado por Waldemar Cerrón (Perú Libre), cuyo hermano Vladimir Cerrón, y fundador del partido, es investigado. Para la aprobación de esta norma desde el partido del lápiz también votaron a favor Flavio Cruz, quien además apoyó en bloque las otras cinco leyes ‘procrimen’, y Segundo Montalvo. Ambos pretenden ser elegidos como senadores en 2026.
Los votos para esta ley que benefició a los partidos políticos fue aprobada con una mayoría de 87 votos. De este gran bloque 56 parlamentarios postularán para la reelección. Entre ellos están José Cueto por Renovación Popular, María del Carmen Alva con Acción Popular, Alex Paredes de Somos Perú, Patricia Júarez de Fuerza Popular y Adriana Tudela de Avanza País.
APP y la ley que beneficia a la minería ilegal
El Proyecto de Ley 06838/2023-CR fue una iniciativa presentada por Jorge Marticorena de Alianza para el Progreso. Su proyecto derivó en lo que sería la Ley N°31989, que debilita la capacidad de la PNP para combatir la tenencia ilegal de materiales explosivos en actividades mineras ejecutadas por personas con inscripción suspendida en el REINFO.
Además de Marticorena, otros siete congresistas de Alianza Para el Progreso se postularán el el 2026 para el congreso bicameral. Todos ellos votaron a favor de esta norma que beneficia a la minería ilegal. Edith Julón es la única que busca ir a la cámara de Diputados, mientras que Lady Camones, Roberto Chiabra (con el partido Unidad Nacional), José Elías, Nelcy Heidinger, Magaly Ruiz y Eduardo Salhuana tentarán un escaño en el Senado.
Arremetida contra Fiscalía y la persecución penal
Finalmente, las otras dos leyes ‘procrimen’ vinieron desde la unión de Fuerza Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso. La Ley 32130 permitió que la PNP asuma la conducción de la investigación preliminar, afectando la autonomía del Ministerio Público.
La iniciativa fue planteada por dos nombres predominantes en la lista de favorecedores de las leyes ‘procrimen’ a través de sus votos: Fernando Rospigliosi y Patricia Chirinos. Ambos a su vez buscan continuar un periodo más, pero esta vez en el Senado, la cámara reflexiva.
Por su parte, la Ley N.º 32138, nació como propuesta de Eduardo Salhuana, expresidente del Congreso y próximo candidato a la Cámara de Senadores con el partido de César Acuña. La cuestionada norma introdujo modificaciones significativas a la Ley contra el Crimen Organizado (Ley 30077). El Ministerio Público cuestionó la norma rápidamente porque consideró que su verdadero efecto es debilitar la persecución penal y reducir el alcance de las investigaciones por crimen organizado y corrupción.