El Poder Ejecutivo publicó este viernes 7 de noviembre una serie de medidas complementarias en el estado de emergencia aprobado por 30 días en Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao.
Según el Decreto Supremo N° 127-2025-PCM, publicado en un boletín extraordinario de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se modificaron los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 de la norma que declara la medida de excepción, a fin de optimizar la efectividad de las medidas adoptadas dentro del estado de emergencia declarado.
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La actualización del estado de emergencia había sido anunciada por el presidente José Jerí, quien señaló que se trata de medidas complementarias que tienen como propósito redoblar los esfuerzos en la lucha contra la criminalidad y mejorar la articulación.
“Tiene la lógica de redoblar los esfuerzos, mejorar la articulación y también el uso de tecnología, así como de otras medidas que están enfocadas en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) como hemos estado viendo los últimos días”, refirió.
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Como se recuerda, el Poder Ejecutivo decretó estado de emergencia por 30 días en Lima Metropolitana y Callao. La medida está en vigencia desde las 00:00 horas del miércoles 22 de octubre.
¿Cuáles son los cambios?
La actualización declara en Sesión Permanente en tanto dure la declaratoria del Estado de Emergencia al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), al Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) de Lima Metropolitana y al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) de la Provincia Constitucional del Callao, al Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), así como al Comando y los Comités constituidos en el presente Decreto Supremo.
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Se conforman el Comando y los Comités con los titulares de cada entidad, cuya participación es indelegable, y la información y acuerdos adoptados en los comités sobre patrullajes, operativos y otros de sus competencias, relacionados a hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia, se clasifican como información de carácter reservado.
Se conforma el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), presidido por el Comandante General de la Policía Nacional del Perú e integrado por el jefe de Estado Mayor Conjunto del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante de la Fiscalía de la Nación, un representante de la Presidencia del Poder Judicial, el alcalde de Lima como representante del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) y el alcalde provincial del Callao como representante del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC).
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Asimismo, se conforma el Comité de Coordinación Distrital (CCD) presidido operativamente por el comisario de más antigüedad de la jurisdicción de la Policía Nacional e integrado por los comisarios de la jurisdicción, un representante de las Fuerzas Armadas responsable de la jurisdicción y el gerente de seguridad ciudadana de la municipalidad.
Se conforma el Comité de Inteligencia (CI), el cual es presidido por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) e integrado por la División de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, la Subdirección de Inteligencia del INPE, las Direcciones de Inteligencia de las Instituciones Armadas, la Unidad de Inteligencia Financiera y un especialista en análisis prospectivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
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Se conforma el Comité de Fiscalización (CF), presidido por la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional, e integrado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), el Ministerio Público a través de un representante con capacidad de decisión, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Superintendencia Nacional de Migraciones, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la Unidad Antidrogas especializada de la Policía Nacional del Perú (Dirandro) y el gobierno regional y los gobiernos locales de la jurisdicción.
Se conforma el Comité de Comunicación Estratégica (CCE) presidida por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP, e integrado por un integrante elegido por el CCO, un representante de la División de Operaciones de Información del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, un representante de la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional de la Policía Nacional del Perú y la secretaria de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros.
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La finalidad es que ejecute la estrategia comunicacional en el marco del presente Decreto Supremo, cuya secretaría técnica recae en la Secretaría de Comunicación Social de la PCM.
A nivel penitenciario
Se restringirán las visitas en los establecimientos penitenciarios de la siguiente forma:
- Una visita semanal para los internos del régimen cerrado ordinario.
- Una visita quincenal para los internos del régimen cerrado especial.
Solo podrán recibir visitas de sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Se dispone un apagón eléctrico en las celdas, permitiendo únicamente la iluminación, así como el desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, encargando la vigilancia y el sostenimiento a las fuerzas integradas en el perímetro de los establecimientos penitenciarios.
Se llevarán a cabo operativos permanentes de incautación de tarjetas SIM (chips) telefónicos, teléfonos, armas blancas, y demás artículos prohibidos, a cargo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE apoyado por las fuerzas integradas.
El Comité de Inteligencia ejecutará acciones de inteligencia penitenciaria a fin de prevenir fugas, alteración del orden y actividades delictivas en los establecimientos penitenciarios, además del monitoreo aéreo con drones de las zonas donde se ubican los penales y zonas aledañas.
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El INPE dispone inmediatamente el traslado a otro establecimiento penitenciario de aquellos internos que ponen en riesgo la seguridad penitenciaria o atentan contra la integridad del personal penitenciario o policial, o son encontrados en flagrancia delictiva o estén involucrados en la comisión de algún delito.
Se dispondrá la rotación de los servidores penitenciarios al interior de la institución por necesidad institucional o de servicio.
Control en zonas críticas
Las fuerzas integradas, conformadas por la Policía Nacional del Perú, a cargo del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal, ejecutará control territorial en zonas críticas determinadas con base en el mapa del delito, información de inteligencia, registros estadísticos y otros instrumentos técnicos.
Se llevará a cabo patrullaje permanente y aleatorio a pie, así como patrullaje disuasivo motorizado constante en zonas estratégicas (paraderos, estaciones del metro, instituciones asociadas a servicios públicos, activos estratégicos, centros comerciales, mercados, entre otros).
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Del mismo modo, habrá operativos de control de identidad en inmuebles (incluye descerraje de ser necesario), vía pública, transporte público y privado, vehículos motorizados y no motorizados con el fin de buscar y capturar a requisitoriados.
La prohibición del tránsito de dos personas adultas en vehículos menores motorizados de la categoría vehicular L1 y L3 (motos lineales). Se encuentra prohibido el uso de cualquier elemento o accesorio, adicional al casco, que impida o limite la identificación del conductor.
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Habrá intervención e internamiento de vehículos en los depósitos autorizados si exhiben documentación adulterada y/o placas ilegibles, deterioradas, adulteradas, dañadas, laminadas o con objetos que no permitan la identificación correcta del vehículo.
Se llevarán a cabo operativos masivos y permanentes de decomiso de armas, municiones, explosivos ilegales y pirotécnicos, con participación de Sucamec, así como control y fiscalización de la fabricación artesanal de pirotécnicos.
El Sistema de Inteligencia Nacional realizará las pruebas de confiabilidad mediante el uso del polígrafo al personal del INPE, así como a otros servidores o funcionarios que determine el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC).
Los gobiernos locales, la Municipalidad de Lima y la Municipalidad Provincial del Callao, interconectan sus cámaras con la Central C4 de la Policía Nacional, poniendo a disposición sus centrales para que en las mismas permanezca siempre un efectivo policial designado por el Comité de Coordinación Distrital y un fiscal designado por el Ministerio Público.
Reconocimiento e incentivo
Durante la declaratoria del Estado de Emergencia se otorgarán reconocimientos en Palacio de Gobierno a los integrantes de las fuerzas integradas por las acciones destacadas que conduzcan al logro de los objetivos.
También se entregarán incentivos a un integrante de las Fuerzas Armadas y a un integrante de la Policía Nacional del Perú que hayan tenido una destacada labor, con resolución suprema de acuerdo con la norma de la materia.
Recompensas
Se intensificará la difusión del sistema de recompensas orientado a optimizar el número de capturas mediante la información que brinden los ciudadanos, que permita identificar y capturar a requisitoriados (incluidos en la lista de los más buscados), miembros de organizaciones criminales, extorsionadores y sicarios.
El Comando de Coordinación Operativa Unificada informa al titular del Ministerio del Interior los resultados obtenidos, durante la declaratoria del Estado de Emergencia y a su culminación. El informe final es elevado a la Presidencia de la República, al Congreso y Poder Judicial con las recomendaciones correspondientes.
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“La implementación de las acciones previstas en el presente Decreto Supremo y su sostenimiento, se financian con cargo al presupuesto institucional asignado a los pliegos involucrados, y a las asignaciones extraordinarias de recursos adicionales autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, condicionadas a la disponibilidad presupuestal existente”, subraya.