Mientras el presidente de la República, José Jerí, y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) establecieron un reajuste de las medidas del estado de emergencia para combatir la criminalidad, los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) siguen expuestos a amenazas que, en muchos casos, terminan en atentados.
Las recientes disposiciones aplicadas en penales de Lima y Callao —zonas priorizadas contra el crimen— no considera mejoras en infraestructura, equipamiento ni en la seguridad del personal penitenciario, pese al alto nivel de riesgo que enfrentan a diario. La situación en las cárceles llegó a un punto tan insostenible que los gremios de trabajadores del INPE iniciarán un paro a nivel nacional.
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La República accedió a múltiples testimonios de trabajadores penitenciarios que, bajo anonimato, relataron los episodios de terror que enfrentan cotidianamente. Desde amenazas directas hasta atentados fuera de sus centros laborales, el patrón se repite: agresiones que el Estado no prevé, ni previene.
Amenazas y agresiones contra trabajadores del INPE
Uno de los agentes del penal de Lurigancho contó que él y sus compañeros del área de requisitorias viven bajo constantes amenazas. “Nos dicen que nos van a matar a nosotros y a nuestras familias. No solo lo dicen los reos; sus familiares también nos amenazan desde fuera”, relató. El temor se incrementa cada vez que se decomisan objetos prohibidos o cuando se rechazan beneficios penitenciarios.
Casos similares se repiten en el penal de Sarita Colonia, en el Callao, donde los trabajadores de las áreas de psicología, trabajo social y administración denuncian presiones por parte de los internos. Según una trabajadora entrevistada, los reclusos exigen la aprobación de beneficios penitenciarios —como el acceso a visitas o redención de penas— sin cumplir con terapias o requisitos previos. “Si no firmas sus informes, te amenazan. Algunos ni siquiera acuden a consulta, pero quieren los beneficios como si lo hicieran”.
En el penal Miguel Castro Castro, agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) fueron víctimas de agresiones con objetos punzocortantes y explosivos artesanales. “Un compañero de Tumbes fue apuñalado dentro del penal y el hecho nunca salió a la luz porque nos pidieron callar”, dijo uno de los miembros del grupo.
Uno de los testimonios más graves proviene de un agente de dicho penal al norte de Perú, quien relató que en 2014 fue interceptado por dos sicarios tras intervenir en una operación antidrogas dentro del establecimiento.
“Tenían orden de matarme”, asegura. Pese a las pruebas y denuncias presentadas, su caso fue desestimado. Años después, en 2018, fue golpeado y tomado como rehén junto a otros trabajadores durante un motín. En 2023, fue víctima de un nuevo atentado, esta vez en su propio domicilio. “Nuestra vida está en riesgo constante”, afirma.
Disparos contra vivienda de trabajador del INPE. Créditos: Xennia Bravo
En el penal de Cajamarca, en 2018, un grupo de internos ejecutó un plan para tomar el tópico médico, donde retuvieron como rehenes a varios trabajadores, incluidas enfermeras. Esto desató un enfrentamiento armado entre internos armados y la Policía Nacional. La intervención policial evitó una tragedia mayor.
Otro agente del penal de Cañete narró que uno de sus compañeros fue seguido por desconocidos y baleado tras frustrar un intento de motín. El trabajador ya había sido amenazado días antes por internos involucrados en el levantamiento.
En Iquitos, un agente de seguridad denunció haber sido víctima de un atentado luego de interceptar un cargamento de drogas y objetos prohibidos destinados a internos extranjeros de alta peligrosidad. A pesar de haber solicitado garantías personales, su pedido fue ignorado por las autoridades.
Un caso similar ocurrió en el penal de Ica, donde una trabajadora con más de 27 años de servicio denunció ser acosada por una exreclusa que fue sancionada disciplinariamente durante su condena. La sanción evitó su liberación en la fecha prevista, lo que motivó una serie de represalias. “Me ha amenazado de muerte, me ha enviado mensajes de texto y ha intentado entrar al penal. He pedido protección desde septiembre”, lamentó.
Denuncia contra reo en ICA. Créditos: Xennia Bravo
La violencia que enfrentan los trabajadores del INPE no se limita al interior de los penales. Muchas amenazas se concretan fuera de sus centros laborales. En 2024, el exjefe del INPE, Javier Llaque, advirtió públicamente que la situación se agravaba. Confirmó que los directores también eran blanco de represalias y reveló que una trabajadora fue asesinada al salir del penal de Chincha.
En septiembre de 2025, David Díaz Espinoza, director del penal de Huacariz (Cajamarca), recibió amenazas de muerte de presuntos miembros de la organización criminal La Nueva Jauría, quienes exigían que no se traslade a sus integrantes a otros penales del país.
Un agente con más de 15 años de servicio reportó que, desde 2010, al menos 22 trabajadores del INPE han sido asesinados, todos tras haber recibido amenazas. El caso más recordado es el de Manuel Vásquez Coronado, exdirector del penal Miguel Castro Castro, quien fue asesinado a quemarropa en su domicilio en El Agustino. Hasta hoy no hay responsables identificados, aunque las sospechas apuntan a vínculos con internos del penal.
En 2016, Cristian Cruz Luna, agente del penal de Trujillo, fue asesinado de cinco disparos luego de su jornada laboral. En 2019, Selene Martínez, obstetra del penal de Lurigancho, fue interceptada por desconocidos y asesinada en circunstancias similares.
En julio de 2025, el INPE confirmó que Germán Vizcarra Alave y Gian Carlo García Alave, trabajadores del penal de Puerto Maldonado, fueron asesinados por dos sujetos encapuchados a bordo de una motocicleta tras culminar su jornada. La principal hipótesis es que se trató de una represalia gestada desde dentro del establecimiento.
Ni siquiera los directores están a salvo. En 2024, Víctor Santos Huapaya, entonces director del penal de Lurigancho, encontró una mochila con una granada dentro del centro. La nota que la acompañaba lo amenazaba de muerte si autorizaba el traslado de un interno.
Carlos Franco Medina, director del penal El Milagro de Trujillo, también fue amenazado por la organización criminal Los Pulpos, por ordenar traslados y requisas. Él denunció que la sobrepoblación —que supera el 300%— y las limitaciones logísticas han facilitado el clima de violencia dentro de los penales.
Psicólogos, administrativos, agentes, personal médico, directores. Ningún trabajador del INPE está a salvo. Algunos no regresan a casa. Otros sobreviven para contarlo. “Pedimos garantías, pero somos ignorados”, afirma un agente. “Nuestra vida pende de un hilo, y nadie escucha”, indica otro.
Huelga de trabajadores del INPE
El Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios del Perú (SINTRAP) confirmó una huelga nacional indefinida a partir del 13 de noviembre. La medida busca visibilizar el incumplimiento de compromisos laborales por parte del Estado, pero también la creciente inseguridad en los establecimientos penitenciarios.
Según denuncias del gremio, varios penales del país operan sin equipos tecnológicos mínimos como escáneres corporales, detectores de paquetes o bloqueadores de señal, lo que incrementa el riesgo de fugas, motines y ataques contra el personal. A esta situación se suma la falta de herramientas básicas como radios de comunicación, escudos o cascos de protección, lo cual debilita la capacidad de respuesta ante incidentes violentos dentro de las cárceles.
Los más de seis mil trabajadores penitenciarios que acatarán la huelga exigen al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Economía y al INPE la aprobación de un paquete de mejoras salariales y condiciones laborales, además del cumplimiento de sentencias judiciales a favor del gremio.
Comunicado de prensa del SINTRAP-INPE. Créditos: Difusión
“La seguridad en los penales no solo es un tema laboral, sino de interés público”, indicó Ángel Llancari, secretario general del SINTRAP, quien advirtió que el actual contexto de emergencia podría agravarse sin una solución inmediata.
Al cierre de este informe, La República intentó comunicarse con el director del INPE, Iván Paredes Yataco, para esclarecer las denuncias de los trabajadores que exigen mejoras en la logística y garantías para sus vidas. Sin embargo, no obtuvimos respuesta.
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