En un nuevo intento por ampliar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), al interior de la Comisión de Energía y Minas del Congreso se ha planteado una propuesta para extender por dos años más —hasta el 2027— el cuestionado registro. Además de suspender los procesos de exclusión ya iniciados y reincorporar los más de 50 mil registros que ya han sido depurados.
Así se propone en el predictamen planteado desde la presidencia del grupo de trabajo, a cargo del congresista Víctor Cutipa Ccama (JPP–VP–BM), y el cual está agendado para ser discutido este viernes 7 a las 4:00 p.m. Se trata, en realidad, de un segundo intento por extender el Reinfo en apenas quince días.
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Ya el pasado viernes 24 octubre, Cutipa había puesto sobre la mesa de la comisión un texto similar para ampliar el Reinfo, pero hasta diciembre de 2026. Sin embargo, una cuestión previa dejó el tema en suspenso, aunque en la sesión legisladores como Guido Bellido (Podemos Perú) planteaban una extensión incluso hasta el 2029. El propio Cutipa se ha mostrado a favor de la prórroga.
La propuesta al detalle
“El proceso de formalización minera integral de la pequeña minería y minería artesanal tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Mape) y su reglamento, lo que ocurra primero”, se indica en el texto planteado.
Así, no solo se propone una ampliación por dos años más —que se convertiría en la quinta, de llegar a prosperar—, sino también se condiciona su vigencia a la entrada en vigor de una nueva Ley Mape. Esta está entrampada en el mismo grupo de trabajo desde hace meses y sigue sin abordarse.
Pero no solo ello. A través de dos disposiciones complementarias, se propone suspender el trámite o el inicio de nuevos procedimientos de exclusión del Reinfo, así como la reincorporación “de manera excepcional” de las personas (naturales y jurídicas) excluidas en el marco del Decreto Supremo N°012-2025-EM.
Este decreto, emitido a mediados de año, extendió el proceso de formalización hasta el 31 de diciembre de este año —usando la facultad que se le había concedido al Ejecutivo para una última prórroga excepcional en diciembre de 2024—, pero también permitió iniciar la depuración de más de 50 mil que tenían el registro suspendido por más de un año.
Ahora se insiste en plantear una reincorporación de los ya depurados “siempre que acrediten haber desarrollado actividades mineras y manifiesten formalmente su voluntad de cumplir con las obligaciones técnicas, ambientales y administrativas correspondientes”. Es decir, algo declarativo.
“Las personas naturales o jurídicas reincorporadas continuarán el trámite de formalización en el estado en que se encontraba al 30 de junio de 2025”, se indica.
Además, en el predictamen se sostiene que hasta diciembre de 2027 —el plazo propuesto— el Ministerio de Energía y Minas (Minem) adoptará acciones “orientadas a la simplificación de los procedimientos”, entre otros, con el fin de una transición ordenada hacia el nuevo marco legal; es decir, la Ley Mape.
“No enfrenta el problema, lo encubre”
En comunicación con El Comercio, la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, Diana Gonzales (Avanza País), remarcó que el predictamen propuesto por Cutipa “representa el intento de reestablecer la inmortalidad del Reinfo”. Y adelantó que votaría en contra.
“Este predictamen no enfrenta el problema, lo encubre. No protege a los mineros que sí quieren formalizarse; al contrario, los mantiene atrapados en una ilusión administrativa que nunca llega a nada. ¿Quiénes son los verdaderos beneficiados? Aquellos que han convertido el Reinfo en un escudo para actividades ilícitas y redes criminales. Por eso, mi posición es clara y responsable: mi voto será en contra”, dijo.
La vicepresidenta de la comisión, Diana Gonzales, adelantó que votaría en contra del texto planteado. (Foto: Antonio Melgarejo para El Comercio)
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Movida clave en la comisión
En medio de la discusión sobre la prórroga del Reinfo, el congresista de Somos Perú Jorge Morante, representante de Loreto y quien se había manifestado abiertamente en contra de la prolongación del registro, fue retirado de la Comisión de Energía y Minas.
Morante había señalado que la extensión favorece la proliferación de la minería ilegal en el país, cuya práctica tiene un impacto negativo en los ríos amazónicos —como Nanay, Putumayo, Marañón, Ucayali y Napo—, afectando la salud de miles de pobladores y generando un daño ambiental irreversible. Y que también que ha contribuido al incremento de la criminalidad en su región, Loreto.
En una nota de prensa, Morante instó a sus colegas a priorizar la seguridad de los ciudadanos y la protección del medioambiente, “por encima de los intereses políticos y económicos de la minería informal”.
El puesto que ocupaba Morante en la comisión había sido cedido por Podemos Perú por un acuerdo político. En su reemplazo, ingresó José Arriola.
Puntos de vista
A opinión de Iván Arenas, especialista en minería e hidrocarburos, el retorno de los más de 50 mil registros ya depurados “es inconstitucional”. Según precisó, el proceso de formalización para todo es grupo ya feneció y se trata de registros que estuvieron suspendidos por más de cuatro años. Su reincorporación —remarcó Arenas— beneficiaría a la minería ilegal.
“Sería romper todo lo que se ha avanzado. (…) Van a utilizar esos Reinfos para poder camuflar producción de minería ilegal, porque como son Reinfos que no están suspendidos, que no están anulados y, por lo tanto vigentes, la minería ilegal va a aprovechar todos esos registros que están nuevamente en proceso de formalización para poder camuflarse”, aseveró Arenas.
Por su parte, César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental, consideró que el predictamen propuesto es “una carta blanca para seguir operando con mayor impunidad”. También dijo que los 50 mil que ya habían sido excluidos únicamente tenían que cumplir con tres requisitos básicos —entre ellos, el tener un Ruc— y que no habían mostrado “ningún interés real” para formalizarse.
“Para mí, esta es una demostración más que a los mineros y a sus operadores dentro del Congreso no les interesa contar con mejores herramientas, sino simplemente seguir operando en la impunidad. En diciembre del año pasado dijeron que era la última, de la última, de la última vez; y seguimos en la misma historia. Y ahora no solamente plantean ampliarlo hasta el 2027, sino también reincorporar los 50 mil registros excluidos. Es decir, vamos a regresar a foja cero como si no hubiese pasado nada”, expresó Ipenza.