El Ejecutivo aprobó el Decreto de Urgencia N.º 008-2025, con el que implementa acciones excepcionales destinadas a optimizar el uso de los fondos del Estado y reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Estas disposiciones permitirán alcanzar un ahorro estimado de S/ 1.200 millones durante el presente ejercicio fiscal, contribuyendo al cumplimiento de la meta de déficit de 2,2% del PBI establecida para el 2025.
La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, remarcó que estas medidas de austeridad tienen como propósito fortalecer la eficiencia del gasto estatal. “La austeridad no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para proteger la estabilidad económica del país y garantizar que cada sol del Estado se utilice con eficiencia y transparencia. Estas medidas son necesarias para cumplir la meta fiscal y mantener la confianza en la economía peruana”, señaló la titular del MEF.
El Decreto de Urgencia, que alcanza a todos los pliegos del Poder Ejecutivo, dispone tres acciones prioritarias: fijar un plazo máximo de siete días para aprobar transferencias financieras; reducir el gasto en bienes y servicios no esenciales —como publicidad, eventos, consultorías y servicios diversos—; y concentrar la inversión en proyectos en ejecución, evitando interrupciones en los servicios básicos o el funcionamiento de las entidades públicas.
Las restricciones abarcan tanto el gasto corriente como el de capital, con el fin de orientar los recursos hacia sectores productivos y servicios esenciales. El Ministerio de Economía y Finanzas queda facultado para redirigir los fondos obtenidos por la aplicación del decreto hacia la Reserva de Contingencia, lo que permitirá atender imprevistos sin comprometer el equilibrio fiscal.
La norma establece que solo se priorizarán proyectos con expediente técnico aprobado o contrato firmado, garantizando la continuidad de las obras en curso y evitando nuevos compromisos sin respaldo técnico ni financiero.
Con estas disposiciones, el Gobierno busca reforzar la disciplina fiscal, sostener la confianza de los inversionistas y asegurar que el gasto público se ejecute con responsabilidad. La ministra Miralles enfatizó que este esfuerzo “reafirma el compromiso del Gobierno con la estabilidad macroeconómica, condición indispensable para mantener el grado de inversión del país y las condiciones favorables de financiamiento”, lo que permitirá destinar más recursos a programas sociales y a la reactivación económica.
En el contexto peruano, un Decreto de Urgencia es un mecanismo normativo con fuerza de ley, dictado por el Poder Ejecutivo cuando lo exige el interés nacional, principalmente en materia económica y financiera. Su origen se encuentra en el artículo 118 inciso 19 de la Constitución Política del Perú, que faculta al Presidente de la República, con el refrendo del Presidente del Consejo de Ministros y del ministro de Economía y Finanzas, para dictar estas normas y luego dar cuenta al Congreso de la República.
El uso de este instrumento responde a situaciones que requieren respuestas rápidas y extraordinarias, como emergencias, crisis económicas, desastres naturales o la necesidad de ajustar o reordenar el gasto público sin esperar los tiempos ordinarios del proceso legislativo. Una vez emitido, el decreto entra en vigor mientras el Parlamento ejerce su potestad de modificarlo, aprobarlo definitivamente o derogarlo, lo cual implica un control parlamentario posterior.
Esta figura permite al Ejecutivo actuar con rapidez, pero al mismo tiempo se encuentra limitada por el requisito constitucional de que su objeto sea excepcional y orientado a la urgencia real. En efecto, su aplicación debe estar justificada para prevenir que se convierta en una vía habitual de legislación ejecutiva.
El Gobierno del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (MEF) ya ha presentado el proyecto de ley del presupuesto para el año fiscal 2026, con un monto estimado de S/ 257.562 millones. Esta cifra supone un incremento de aproximadamente 2,2 % respecto al presupuesto del año anterior.
Según el calendario oficial, la presentación ante el Congreso de la República del Perú se realizó ya en agosto 2025, y la sustentación formal del proyecto por parte del Presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas estaba programada para el 4 de septiembre de 2025.