La suspendida fiscal Elizabeth Peralta se entregó a la justicia tras la orden de ubicación y captura en su contra ordenada por el juez supremo Juan Carlos Checkley como parte del proceso por presunto tráfico de influencias y cohecho en el caso Andrés Hurtado ‘Chibolín’.
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Tras su presentación, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checkley, realizó la audiencia de control de identidad, paso previo para que sea trasladada a un penal.
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El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley, realiza audiencia de control de identidad de la fiscal suspendida Elizabeth Peralta. Foto: Poder Judicial/X
El ultimo 29 de octubre, el juez Checkley dispuso la libertad de Peralta Santur vía revisión de oficio de los 18 meses de prisión preventiva impuestos en su contra. La medida prohibía a la suspendida fiscal comunicarse con otros investigados, así como con personas que hayan declarado o tengan que declarar como testigos del caso. Además, se fijó una caución de S/10 000.
Fiscal Zoraida Ávalos solicitó la nulidad de la excarcelación
Tras esta decisión, Peralta salió del penal Anexo Mujeres de Chorrillos donde permanecía recluida desde el 3 de diciembre del 2024 e iba a seguir el proceso bajo comparecencia con restricciones, sin embargo, la fiscal suprema Zoraida Ávalos solicitó, el 31 de octubre último, declarar nula dicha excarcelación.
El despacho de la fiscal Ávalos sustentó su pedido en base al inciso 2 del artículo 284 del Código Procesal Penal, el cual señala que en “en caso se dicte la cesación de la prisión preventiva en el marco de la revisión de oficio, el Ministerio Público puede interponer recurso de apelación dentro del tercer día de notificado. La apelación impide la excarcelación del imputado a favor de quien se dictó auto de cesación de la prisión preventiva hasta que la impugnación sea resuelta”.
Es decir, tras la decisión de Checkley, el Ministerio Público tenía un plazo de tres días para apelar. Si después de ese tiempo no se presentaba ninguna apelación, la suspendida fiscal recién podía ser puesta en libertad. No sucedió así. El 31 de octubre, cuando el despacho de Zoraida Ávalos presentó la apelación, la magistrada ya había sido excarcelada. Por lo tanto, solicitaron la nulidad de la decisión judicial y proceder con su ubicación y captura.
Frente a ello, este 4 de noviembre el juez Checkley modificó su resolución y dispuso que la liberación se realice únicamente cuando la medida sea consentida y tenga firmeza.
En la resolución de ubicación y captura dictada por el magistrado se dispuso que se comunique la medida a la Policía Nacional, al Registro de Requisitorias del Poder Judicial, a INTERPOL y a la Superintendencia Nacional de Migraciones, proporcionando la información de identidad y domicilio de Peralta, con el fin de facilitar su pronta localización y asegurar el desarrollo del proceso en su contra.
Tras su entrega y control de identidad, la suspendida fiscal fue trasladada a una carceleta del Poder Judicial.