A mediados de octubre, la empresa de capitales mexicanos Southern recibió la autorización del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para comenzar las actividades de explotación de Tía María. Desde entonces, los pobladores del Valle de Tambo han recalcado su oposición a este proyecto y han manifestado su predisposición para sostener un diálogo con el gobierno actual. Precisamente, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Ernesto Álvarez, se refirió a ellos.
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“Hay dirigentes que han anunciado que continuarán labores de agitación y propaganda para evitar que se lleve a cabo el proyecto. Detrás de ellos hay ONGs (…) con una agenda internacional: quieren preservar el ambiente para que norteamericanos y europeos puedan gozar de la tranquilidad en el futuro. Pero, son indiferentes a la pobreza y miseria de nuestro pueblo”, dijo el premier a Panorama.
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Respecto a la fecha de inicio del cuestionado proyecto minero, Álvarez señaló que no existen plazos definidos, puesto que tendrán que enfrentar “una oposición bien financiada y con mucha experiencia”. A propósito, hay que recordar que, la etapa de construcción de Tía María se encuentra al 23% y que la fase de operaciones está programada para el 2027.
Tía María: dirigentes responden a PCM
En conversación con La República, Miguel Meza, vocero del Valle de Tambo, consideró que las declaraciones del titular de la PCM sobre la ausencia de plazos definidos buscan poner “paños fríos” para que la población baje la guardia en su lucha contra el proyecto Tía María. No obstante, informó que ellos se encuentran coordinando la realización de una asamblea popular para definir una fecha de movilización.
De igual forma, recordó que desde hace varios años existe una campaña de criminalización contra los dirigentes sociales. Actualmente, Jaime De La Cruz, alcalde de Dean Valdivia y Jesús Cornejo, expresidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, purgan prisión, otros se encuentran en clandestinidad y hay varias carpetas fiscales en contra del propio Meza.
“Tengo más de 11 investigaciones policiales provenientes del paro que se realizó en febrero. Espero que se archiven y ojalá que la investigación ofrezca resultados justos. Lo que estamos viviendo nosotros es parte de la criminalización de la protesta social. Sin lugar a dudas, se trata de una imposición sin licencia social”, enfatizó Meza.
Por su parte, el dirigente Jesús Cornejo, calificó como falsas las acusaciones del premier contra las organizaciones que cumplen las labores de defensa legal en la lucha contra el proyecto Tía María y saludó que desde el Ejecutivo se reconozca su defensa del ambiente, aunque descartó que sea para beneficios de otros países del extranjero.
No dejó pasar la oportunidad de hacer un llamado al Poder Judicial para que resuelva con celeridad la medida cautelar que interpusieron hace algunos días. En opinión de Cornejo, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María ya perdió vigencia y no cuenta con los permisos necesarios para realizar las actividades de explotación.
“Esperamos que el Poder Judicial actúe con independencia y que tomen en cuenta la opinión del Valle de Tambo. No hay licencia social ni estudio de impacto ambiental vigente. No tienen los permisos necesarios para comenzar las labores de explotación. Nosotros seguiremos luchando por la seguridad y por la soberanía alimentaria”, sentenció.