El premier Ernesto Álvarez anunció en Panorama la reestructuración de la empresa estatal Petroperú. En una entrevista, Álvarez confirmó que el Gobierno ha dispuesto el cambio de la totalidad del directorio de la petrolera.
Esta remoción busca sentar las bases para una profunda transformación de la compañía, pues el Ejecutivo considera que Petroperú “ya no puede seguir gastando” recursos del Estado en una actividad que “ya no es rentable”. Álvarez detalló que el futuro de Petroperú pasa por tres modelos que están siendo evaluados.
La empresa deberá transitar hacia un esquema público-privado, optar por la venta total de la compañía o por una partición y división con el fin de concretar su venta.
INSEGURIDAD CIUDADANA
En el ámbito de la seguridad ciudadana y la lucha contra la extorsión, el premier adelantó que el Ejecutivo solicitará al Congreso una ley autorizativa para obtener facultades legislativas que permitan emitir decretos con la velocidad necesaria para subsanar deficiencias del sistema jurídico en el delito de extorsión.
Esto busca evitar que los plazos de investigación se agoten sin conseguir las pruebas necesarias, culminando en la liberación de los acusados. El titular del gabinete descartó la implementación del toque de queda por considerarlo ineficaz contra la extorsión y debido al alto costo social y económico que generaría al afectar negocios y el turismo.
Respecto a la crisis carcelaria, Álvarez admitió que las organizaciones criminales están “gobernando las cárceles en un alto grado”, operando con acceso a internet a través de antenas clandestinas, un hecho que fue comprobado por drones. Ante esta situación, el Gobierno evalúa declarar en emergencia el INPE.
El objetivo primordial de la emergencia es distribuir a los presos de alta peligrosidad para aislarlos de la delincuencia común, trasladándolos a penales con experiencia en el manejo de internos violentos, como Lurigancho y Ancón. Además, se utilizará el polígrafo como un “indicio muy importante” para iniciar investigaciones a agentes penitenciarios que presenten problemas de verosimilitud, buscando con ello combatir la corrupción interna.
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