Cada año, 12 millones de niñas en el mundo son casadas forzosamente antes de cumplir los 18 años, lo que equivale a una cada tres segundos. De ellas, 480.000 son menores de 15 años, según cifras de Unicef. En nuestro país, menores de edad ven interrumpido el juego con muñecas, las tardes de estudio, o la misma libertad que corresponde a su corta edad: se ven obligadas a vivir como esposas antes de haber sido verdaderamente niñas o adolescentes. En Perú, entre el año 2012 al 2022 se registraron más de 4300 matrimonios con personas menores de 18 años. Dentro de ese número, más de 400 no superaron los 16 años de edad, según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).
Recientemente, se conmemoró el Día Internacional de la Niña. Sin embargo, las infancias en el país siguen corriendo peligro. En noviembre de 2023, el Congreso aprobó la Ley Nº 31945, que modifica el Decreto Legislativo 295-Código Civil para prohibir que menores de 18 años contraigan matrimonio. Pero esta norma, aunque importante, no contempla de forma explícita las uniones no formalizadas (esas convivencias de niñas o adolescentes con mayores, sin acta legal) ni aborda de fondo el carácter forzado que muchas veces implica. Los expertos aseguran que la única manera de erradicar esta práctica silenciosa es, justamente, visibilizar los casos y proteger a las niñas y adolescentes, con ayuda de programas integrales que ataquen la raíz del problema.
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Una práctica que persiste fuera de los registros
Las uniones forzadas (aunque muchas veces no están inscritas oficialmente como “matrimonios”) constituyen una forma de violencia de género que el país aún no aborda por completo. El documento de la CEPAL titulado ‘Los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados’ lo refuerza: “Las uniones tempranas y forzadas se relacionan con desigualdades de género, pobreza, abandono escolar, violencia intrafamiliar y embarazo adolescente… En muchos de los casos se estarían encubriendo matrimonios forzados.”
Y en Perú, ese encubrimiento toma formas múltiples: convivencias informales, uniones de hecho, entrega de hijas en contextos de intercambio o “protección”. Estas víctimas quedan fuera del radar de muchas políticas. La abogada feminista y magistra en Derecho Constitucional Brenda Alvarez insiste en que “podría incorporarse un tipo penal específico que sancione las uniones forzadas de niñas, niños y adolescentes. Aun así, la sola tipificación no resuelve el problema social”. Lo cierto es que el marco penal debe ir acompañado por políticas interculturales, educativas, de salud y protección.
Para la exministra de la Mujer, Diana Miloslavich, la clave está en otorgarles autonomía: “Debemos garantizarles todos sus derechos en este momento de su vida, porque esta etapa va a ser muy importante en su formación para que sean ciudadanas con derechos y activas. Que tengan voz y liderazgo en el futuro”.
Por su parte, Víctor García, representante de la ONG Plan International Perú, considera que las autoridades deben estar más presentes para proteger a las niñas. “Una vez que se publica la ley y el sector salud o la demuna o una defensoría identifica embarazos adolescentes (es decir, chicas de entre 13, 14, 15 años que están gestando), eso debería ser abordado en el sistema de protección”. Según García, estos casos deben reportarse de inmediato porque podrían corresponder a un abuso sexual o una niña o adolescente que haya sido unida o vinculada a una persona mayor.
Niñas de comunidades indígenas serían las más afectadas
Diana Miloslavich ve esta problemática como parte de un todo, que radica principalmente en las desigualdades que enfrentan las niñas de pueblos originarios. De acuerdo con la exfuncionaria, debe existir una mirada más integral para prestar mayor atención a las infancias rurales e indígenas, “para poder garantizarles no solamente una vida libre de violencia, sino un acceso a la salud, un acceso a la vivienda digna, un acceso a la educación”.
Miloslavich hace referencia a las dificultades que viven las niñas awajún en específico. Según últimos datos de las denuncias agrupadas por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Condorcanqui, en la provincia del mismo nombre (en laregión Amazonas), hasta septiembre de 2025, se registraron 47 nuevas denuncias de abuso sexual contra menores (14 de ellas solo en el mes de septiembre).
La lideresa awajún, Rossmery Pioc, reconoce estos casos y exige justicia. A pesar de ello, al ser consultada sobre las uniones forzadas, ella explica que no podría afirmar que ahora existan entre su comunidad: “Y si hay ese caso, inmediatamente también actuamos. Pero mayormente sucede en adolescentes o los que hayan terminado la secundaria. Pero ellas toman la decisión. Antes no era así, antes sí lo forzaban”.
Esto se relaciona con una aparente transición de uniones completamente forzadas hacia convivencias que darían la ilusión de autonomía, aunque el trasfondo podría relacionarse con la falta de alternativa, la pobreza, la falta de estudio, las dinámicas comunitarias. Esa “decisión” muchas veces está condicionada, como explica la abogada Brenda Alvarez, que las uniones forzadas “suelen darse en escenarios de pobreza, exclusión y ausencia del Estado, donde el acceso a la educación, la salud sexual y reproductiva, y la protección frente a la violencia se ve seriamente limitado”.
Asimismo, el estudio titulado ‘Las adolescentes peruanas en matrimonio o unión: tradiciones, desafíos y recomendaciones’, elaborado por UNFPA Perú y Plan International Perú, reporta que “siete de cada diez niñas y adolescentes que se unieron entre los 10 y los 15 años proceden de zonas rurales”. En una región como la selva de la Amazonía (por ejemplo, en la región Loreto) la prevalencia de uniones tempranas se incrementa a niveles de 50 %.
Las consecuencias también son fuertes: el abandono escolar, la multiplicación de hijos, la exposición a la violencia. De acuerdo con ese informe, el 71 % de las niñas y adolescentes que tuvieron su primera unión entre los 10 y los 17 años abandonaron la escuela por embarazo o cuidado de hijos. Estas cifras muestran que las uniones forzadas (o al menos no libremente consentidas) están presentes, sobre todo en zonas de pobreza, en comunidades indígenas o rurales, y que no están reguladas adecuadamente porque no se formalizan.
La ley no cambia la realidad
La Ley 31945 señala en su artículo 241 del Código Civil que “no pueden contraer matrimonio las personas menores de dieciocho años de edad”. Asimismo, protege contra el matrimonio del tutor o curador con el menor. El gobierno lo celebró así: “Importante noticia que sienta un hito en la defensa de los derechos de nuestras niñas”.
Sin embargo, como advierte la letrada Brenda Alvarez: “Las normas, por sí solas, no transforman costumbres. Más que vacíos normativos, el principal desafío (…) es la brecha entre la norma y la realidad”. Lo que sucede es que la ley aborda el matrimonio, pero no alude directamente a las uniones de hecho o convivencias que no se inscriben formalmente, muchas veces por presión social o económica.
Según datos del UNFPA en el Perú, “más de 56.000 adolescentes peruanas viven en matrimonios y uniones tempranas y forzadas. El 82 % se da en adolescentes mujeres”. Este dato es clave porque subraya que la ley contra el matrimonio infantil no basta para retratar lo que ocurre en la “realidad informal”.
Víctor García, de Plan International, manifiesta que, si bien la existencia del marco legal es algo positivo, “no basta con tener solo la ley promulgada”. Según el experto, es necesario trabajar con padres y madres de familia sobre pautas de crianza y cómo detectar diferentes tipos de violencia.
¿Por qué persisten las uniones forzadas en el Perú?
Existen factores que explican por qué esta práctica continúa, pese al marco legal. Entre ellos están la pobreza y exclusión económica. Las familias en contextos de escasos recursos a veces ven en la unión de sus hijas una forma de aliviar carga económica, o la entrega se entiende como “protección” frente a dificultades. De acuerdo con el informe global de Plan International, una de cada cuatro niñas (25%) en matrimonios o uniones tempranas dijo no haber tenido voz en la decisión de casarse, y casi la mitad (45%) se unió con un hombre cinco o más años mayor que ella.
El embarazo adolescente y violencia sexual es otra cuestión arraigada a la cultura. Cuando ocurre un embarazo temprano, a menudo la solución social es que la niña “convierta” esa situación en una convivencia o matrimonio con quien la embarazó, a veces su agresor. En el Perú, entre enero y setiembre de 2025, 27.195 adolescentes de entre 11 y 19 años fueron madres; de ellas 626 tenían entre 11 y 14 años, según datos del Minsa.
Ello se relaciona con las normas socioculturales y de género, ya que las niñas y adolescentes son particularmente vulnerables. En las uniones tempranas y forzadas, el 82 % de las afectadas son mujeres. Además, en comunidades indígenas, se suma el racismo estructural, la falta de presencia estatal, y prácticas tradicionales que legitiman esas uniones, como señaló Brenda Alvarez: “La problemática de las uniones forzadas se agrava en contextos marcados por la pobreza, el racismo y la exclusión histórica de los pueblos originarios… Así, las uniones forzadas no son solo una ‘práctica cultural’, sino el reflejo de desigualdades profundas que el Estado no ha sabido abordar con pertinencia ni respeto”.
Por último, la débil implementación de políticas en el país es un factor contundente. La exministra Miloslavich es crítica: “Las niñas, si fueran una prioridad, tendrían mayores recursos económicos para los políticas, los programas, los servicios… No lo tienen”. Esto apunta a que no basta con prohibir el registro del matrimonio de menores si no existen mecanismos efectivos de prevención, detección, protección y empoderamiento que alcancen a las niñas en contextos vulnerables y de distintas realidades.
¿Qué sigue para las niñas peruanas?
Organizaciones como Plan International han impulsado desde 2018 iniciativas contra matrimonios infantiles y uniones tempranas y forzadas. En este 2025, buscaron generar instancias de diálogo entre niñas, adolescentes, autoridades, familias y sociedad civil para sensibilizar sobre el tema. Según los datos, las intervenciones incluyen el programa “Decidir sin Violencia”, que en el último año impactó a más de 16.000 niñas y adolescentes para que puedan decidir sobre su vida, su cuerpo y su futuro.
Además, hubo proyectos piloto impulsados por UNFPA en zonas como Belén (Loreto) que enseñan Educación Sexual Integral fuera de la escuela, capacitan mentoras comunitarias y trabajan directamente con familias vulnerables. También se dio la firma de compromisos entre la Asociación Nacional de Vicegobernadoras del Perú (ANVIPE) y UNFPA en noviembre de 2024 para erradicar el matrimonio infantil y las uniones tempranas.
Pero aún faltan pasos concretos: traducir la ley en territorio, dentro de comunidades rurales, indígenas, donde el Estado llega con dificultades, y donde la práctica persiste. Como señala la ONG Plan International: “No se trata de solo accionar a nivel legal, sino de tener un esfuerzo conjunto por atender factores socioculturales que perpetúan las diferentes formas de violencia hacia las niñas y adolescentes… Es trabajar con familias, comunidades y sensibilizar por el respeto de sus derechos”.
Para avanzar, los expertos coinciden en que se necesitan políticas públicas específicas y sostenidas, no solo normas. Además, es necesaria la educación sexual, protección de la niñez, permanencia escolar, servicios de salud con enfoque de género e interculturalidad. Los mecanismos de protección accesibles en cada región deben revisarse para que niñas vulnerables puedan denunciar y ser atendidas. Por último, debe existir una recolección sistemática de datos (“porque los matrimonios no formalizados no siempre se registran”) que permita visibilizar los casos.
Es claro que la ley N.º 31945 marca un antes y un después, es una declaración firme de que niñas y niños no deben casarse. Pero el hecho de que no contemple explícitamente las uniones forzadas y no formalizadas deja un vacío peligroso. Mientras tanto, miles de niñas en el Perú siguen viviendo bajo la sombra de una “unión” que les roba la infancia, la educación y su posibilidad de decidir sobre sí mismas.
La transformación exige leyes, sí, pero también educación, presencia estatal, cultura de protección, y comunidades en las que la infancia sea respetada. Si no se llenan esos vacíos, la frase “déjame ser niña, no una esposa” (lema de la campaña de 2025 de Plan International) quedará en el papel, mientras en la realidad siguen perdiéndose infancia y oportunidades. El llamado es claro: mirar lo invisible, legislar lo efectivo, actuar donde más duele. Las niñas no deben esperar.
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