Durante su mensaje ante la Nación en 2024, la expresidenta Dina Boluarte anunció la construcción de cinco hospitales de alta complejidad como parte de la modernización del sistema de salud en el Perú. Estos proyectos serían impulsados mediante convenios con gobiernos internacionales. Actualmente, dos de estas obras están a cargo de Sinohydro Corporation Limited, una empresa china con antecedentes cuestionadas en el país debido a que ha dejado varios hospitales paralizadas.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Inteligencia Artificial
A pesar de contar con denuncias por malas prácticas en la ejecución de obras y deudas con la SUNAT, el Ministerio de Salud (Minsa) decidió contratarla para encargarse del diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha del Hospital de Piura y el Hospital Regional Docente de Trujillo.
TE RECOMENDAMOS
PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
“En los próximos días vamos a firmar los convenios con el gobierno seleccionado para el Hospital de Piura y el Hospital Regional Docente de Trujillo. También firmaremos los convenios para el Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno y el Hospital Guillermo Díaz de la Vega de Apurímac. Además, el Hospital Goyeneche de Arequipa avanza gracias a la reciente publicación del decreto supremo que autoriza el uso de este mecanismo, demostrando nuestro compromiso con la modernización de la infraestructura sanitaria”, dijo Boluarte en 2024 en su mensaje a la Nación.
Sin embargo, detrás de los anuncios de modernización se arrastra una cadena de irregularidades protagonizadas por Sinohydro. Según una investigación del portal Sudaca, la empresa acumula más de S/4000 millones en contratos públicos desde 2018, pero gran parte de sus obras presentan retrasos, paralizaciones o denuncias por incumplimiento. En Huancavelica, por ejemplo, la compañía integró el consorcio a cargo del Hospital Zacarías Correa Valdivia, cuestionado por sobrecostos, reducción de personal técnico y abandono parcial de los trabajos. En Ica, proveedores protestaron por la falta de pagos, lo que revela un patrón de comportamiento sistemático.
El abogado y especialista en contratación pública Christian Castillo explicó que el problema radica en la falta de control efectivo del Estado. “Si Sinohydro no ha sido sancionada administrativamente por el Tribunal de Contrataciones del OECE, o si alguna medida cautelar del Poder Judicial ha dejado en suspenso la sanción, entonces la empresa puede seguir contratando sin impedimentos”.
Castillo sostuvo que esto “demuestra una deficiencia en el control de las empresas que incumplen contratos”, y que, en muchos casos, “hay funcionarios interesados en que gane determinado postor, incluso cuando no está capacitado, lo que puede derivar en delitos de colusión o negociación incompatible”.
Obras paralizadas
Pues bien, una de las obras más emblemáticas que Sinohydro dejó inconclusa es el Hospital de Espinar, en Cusco. El proyecto fue licitado en 2020 por el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) y adjudicado a un consorcio liderado por esta empresa, con la participación del grupo peruano CMO Group. La construcción debía concluir en 540 días, es decir, a mediados de 2022, pero, cuatro años después, la obra siguió paralizada.
Lamentablemente, los trabajos fueron abandonados, los materiales quedaron expuestos a las inclemencias del clima, y la estructura permanece incompleta.
Este hospital era fundamental para una población de aproximadamente 100.000 personas, muchas de las cuales se encuentran en zonas alejadas de la ciudad. Sin embargo, hoy en día, los pacientes y sus familias deben soportar condiciones precarias. No solo la infraestructura carece de espacios adecuados, sino que los médicos y el personal de salud también enfrentan un entorno de hacinamiento y falta de recursos.
La inversión fue más de 97 millones de soles para culminar este hospital; sin embargo, la población de Espinar sigue esperando una atención médica digna.
Para Castillo, estos casos evidencian un patrón en las contrataciones públicas: “El Estado no ejecuta los controles posteriores de forma adecuada, porque muchas veces quien licita está interesado en que gane un postor específico. Si se recibe una dádiva o coima, no hay fiscalización real y se termina favoreciendo a una empresa incumplida”.
El abogado agregó que las empresas extranjeras suelen presentar documentos de experiencia falsos o poco verificables. “Muchas de ellas traen contratos traducidos sin certificación oficial, y esa supuesta experiencia se acepta sin auditoría. Los filtros deben ser mucho más rigurosos”, advirtió.
Además, recordó que, en caso de incumplimiento, la responsabilidad no solo recae en la empresa, sino también en los funcionarios que adjudicaron el contrato. “Si se otorga una buena pro a una empresa que no cumple, y hay perjuicio al Estado, hablamos de colusión agravada. La pena puede llegar a quince años de prisión”, señaló Castillo.
Trayectoria de la empresa Sinohydro en el Perú
Sinohydro opera en el Perú desde finales de 2018, y desde entonces ha ganado múltiples licitaciones para obras públicas, por un total de más de 4.000 millones de soles. Sin embargo, la empresa ha enfrentado varias críticas y denuncias, tanto en el país como en el extranjero. Aparte del Hospital de Espinar, Sinohydro está involucrada en otros proyectos de salud en Huancavelica y Cusco, que también están en el aire debido a su incumplimiento de plazos y la rescisión de contratos.
Además, tiene bajo su responsabilidad obras de infraestructura educativa, transporte y saneamiento, pero muchas de ellas están paralizadas o con serios retrasos.
Sudaca reveló que, en Huancavelica, el Gobierno Regional evaluó incluso elevar una queja formal a la Embajada de China por los repetidos incumplimientos de Sinohydro y otras compañías del mismo país. Las denuncias también mencionan la manipulación de licitaciones y el uso de intermediarios locales para justificar sobrecostos.
A nivel internacional, la reputación de Sinohydro también está marcada por escándalos de corrupción. En Ecuador, la Fiscalía la investigó por un caso de sobornos y triangulación de fondos relacionados con contratos de hidroeléctricas que salpicaron al expresidente Lenín Moreno. Este historial, según analistas y especialistas en contratación pública como Castillo, debería bastar para que el Estado peruano eleve los filtros y audite de forma exhaustiva a las empresas extranjeras antes de adjudicarles proyectos millonarios.