Tras la primera semana del estado de emergencia decretado por el presidente José Jerí, el balance de inicio es positivo: presencia policial, militares en las calles, operativos en penales, liderazgo presidencial claro y un discurso firme contra la delincuencia que viene marcando la hoja de ruta del gobierno en materia de lucha contra la criminalidad.
Para ello se requiere pasar del control reactivo a la inteligencia estratégica. En esa línea, sería clave crear una unidad especial contra la extorsión y el sicariato, cuyos agentes pasen poligrafías periódicas y reciban bonos de riesgo, garantizando su probidad. Además, urge implementar un sistema seguro y anónimo de denuncias para proteger a las víctimas y fomentar la colaboración ciudadana.
El Gobierno debería solicitar cooperación internacional de países con experiencias exitosas en combate al crimen organizado, así como instaurar un programa de recompensas que incentive información confiable, resguardando la identidad de los informantes. Finalmente, se necesita levantar el secreto financiero de las cuentas bancarias relacionadas con estos delitos e invertir en inteligencia tecnológica: interceptación y geolocalización para anticiparse al crimen.
La emergencia mostró decisión, pero la seguridad real se construye con estrategia, transparencia y resultados.