Movidas en la Fiscalía. El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, dio por concluida la labor de las fiscales Elena Carolina Delgado y Alejandra Cárdenas en sus respectivos puestos dentro del Ministerio Público. Delgado abandona la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, instancia que tiene en su competencia varios casos de altos funcionarios vinculados a los Cuellos Blancos del Puerto. Por su parte, Cárdenas sustento el presunto plagio de tesis de Patricia Benavides.
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Los cambios dentro de la Fiscalía fueron oficializados en el último boletín publicado en el diario El Peruano este 31 de octubre. Según argumenta la publicación firmada por Gálvez, su remoción se da porque autorizó y remitió información sobre una investigación que involucraba a un fiscal supremo, en respuesta a un pedido formulado por una fiscal provincial en el marco del caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’, quien no tenía competencia para solicitar ni manejar ese tipo de información.
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Para el fiscal de la Nación interino, esto implicó un reconocimiento indebido de competencia y demostró desconocimiento de las funciones propias de un fiscal supremo. Es por ello que fue regresada a su puesto de origen como fiscal superior titular mixta en Sullana.
Por su parte, Gálvez señaló que el retiro de Cárdenas responde al hecho de que su designación provisional concluyó al reorganizarse las plazas en la Fiscalía Suprema. Se le devuelve entonces a su cargo titular en Arequipa.
Alejandra Cárdenas y su investigación a Benavides
Durante una audiencia de apelación por el proceso seguido contra Benavides Vargas, Cárdenas aseguró que la tesis de Benavides contenía hasta un 85% de plagio.
“La tesis que presentó y que generó su calificación como fiscal suprema es una tesis con 85% de plagio. Por eso es que no aparecen. Nuevamente, vemos ahí como hay sustracción de los medios de prueba”, dijo la fiscal en aquella edición.
Gálvez y su vinculación al caso Cuellos Blancos del Puerto
A Gálvez se le señala por presuntamente haber solicitado a César Hinostroza —exjuez supremo, prófugo y uno de los cabecillas de la red— favores en procedimientos judiciales: por ejemplo, ayuda para un sentenciado por tenencia ilegal de armas; apoyo a una de las partes en un proceso de familia; y facilitar contacto para Mauricio Arrieta Ojeda, representante de la editorial Corefo, con el fiscal que llevaba su caso.
Esta vinculación llevó a que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) lo separara del cargo de fiscal supremo en abril de 2021. En junio de 2022, el Congreso de la República del Perú archivó la acusación constitucional presentada en su contra, un hecho que generó críticas por la percepción de impunidad en el sistema de justicia. Fue gracias al actual Tribunal Constitucional que Gálvez volvió a la Fiscalía y, tras la suspensión de Espinoza, asumió la titularidad de la institución.
No es la primera medida cuestionable de Tomás Gálvez
El fiscal supremo Tomás Gálvez ha tenido una semana llena de medidas cuestionables. El pasado miércoles, Gálvez dispuso el retiro de los vehículos oficiales que estaban asignados a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Esta determinación va en contra del informe emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio Público, que aconsejaba mantener las unidades a su disposición por motivos de seguridad y resguardo personal, considerando el nivel de riesgo que la Policía Nacional había identificado para la magistrada.
El análisis jurídico señalaba que el pedido de Espinoza debía aprobarse al tratarse de una “situación excepcional”. Además, precisaba que la Fiscalía de la Nación tiene la obligación legal de proporcionar apoyo logístico y vehicular a las autoridades bajo protección policial. No obstante, Gálvez desestimó la recomendación técnica y decidió retirar los bienes institucionales, desatendiendo los argumentos legales que respaldaban su permanencia.
El informe también hacía alusión a una resolución de la Policía Nacional que restablecía el servicio de seguridad a Espinoza en el nivel III-D, al considerar que su integridad física corría un alto riesgo por decisiones adoptadas durante su gestión al frente de la institución. Asimismo, advertía que el Ministerio Público debía garantizar su movilidad mientras se cumple la medida cautelar que ordena su restitución. A pesar de ello, Gálvez ordenó retirar los vehículos y conductores asignados, contraviniendo las normas internas del Ministerio Público y generando interpretaciones de que su decisión constituye un acto de hostilidad hacia la magistrada.