Con el fin de enfrentar la creciente criminalidad que azota al país, la congresista María del Carmen Alva, del partido Acción Popular, presentó un proyecto de ley que propone sancionar el préstamo, alquiler o cesión de cuentas bancarias y billeteras digitales con fines delictivos. Asimismo, plantea elevar la pena a entre 15 y 25 años de prisión cuando se compruebe que dichas cuentas fueron utilizadas para delitos de extorsión, sicariato o secuestro.
La propuesta establece que la apertura de cuentas bancarias, billeteras digitales o servicios financieros electrónicos requiera verificación biométrica, como reconocimiento facial, huellas digitales o escaneo de iris. Además de plantear la inhabilitación de los involucrados para acceder a servicios financieros durante el periodo de la condena.
TE RECOMENDAMOS
RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
¿En qué se sustenta la medida?
De acuerdo con la información que respalda la iniciativa, entre 2020 y 2023 las denuncias por extorsión aumentaron en 900%. Asimismo, según datos del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol-PNP), entre enero y septiembre de este año se registraron 20.705 denuncias por dicho delito, lo que representa un incremento del 28,8% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 16.075 casos.
Asimismo, se detalla que la tasa de homicidios ha aumentado de manera significativa entre 2019 y 2024. Hasta septiembre de 2025 se han registrado 1.513 casos, superando la cifra total del año anterior. Además, se reportan pérdidas económicas anuales superiores a los 1.200 millones de soles asociadas a estos delitos.
Al respecto, el constitucionalista Dilmar Villena conversó con La República sobre esa nueva propuesta, y enfatizó que, aunque es necesario combatir este problema, dichas medidas también deberían ir acompañadas de campañas de concientización para evitar la filtración de datos de los usuarios.
“Existe un mercado negro en internet donde es posible adquirir datos biométricos por montos muy bajos, incluso de dos a cinco soles. Esto evidencia que las medidas propuestas, centradas únicamente en la verificación biométrica para combatir la criminalidad, difícilmente resolverían el problema de fondo”, declaró.
¿Es suficiente la Ley de Delitos Informáticos?
En esa línea, la medida también tendría como finalidad reducir hasta en un 80% los fraudes por suplantación de identidad y fortalecer la trazabilidad de las operaciones sospechosas. Asimismo, se establece que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP dispondrá de un plazo de 90 días para aprobar el reglamento técnico correspondiente, en coordinación con el Reniec y la Policía Nacional del Perú.
Sin embargo, para la abogada penalista Diana Pérez, préstamo de cuentas bancarias para fines delictivos ya se encuentra tipificado en la legislación peruana mediante la Ley de Delitos Informáticos. Por ello, calificó de innecesaria la propuesta legislativa que busca crear un tipo penal autónomo para sancionar esta conducta, incluso en el contexto de delitos como extorsión y sicariato.
“No se está innovando. El problema no está en endurecer penas, sino en atacar de forma estructural al crimen organizado”, explicó. “Endurecer la ley no impide que se cometan los delitos si no se fortalece la investigación, prevención y desarticulación de mafias”, añadió para Canal N.
Leyes procrimen deben ser derogadas por el Parlamento
Por parte, Dilmar Villena añade que nuevas iniciativas legislativas no serían efectivas si no se aborda el problema de fondo: la existencia de normas que favorecen la impunidad y dificultan la lucha contra el crimen organizado desde el propio Poder Legislativo. “El eje principal de esto está en las normas que debilitan el accionar del Ministerio Público y limitan la persecución de las organizaciones criminales. Más aún, cuando iniciativas como la obligación a las entidades financieras de implementar reconocimiento biométrico facial resultan, en cierta medida, redundantes, pues muchos bancos ya aplican este tipo de verificación”, enfatiza.
Reconoce que la discusión debería centrarse en fortalecer la capacidad investigativa del Estado y garantizar la protección de la información de los usuarios del sistema financiero. “Existe un decreto legislativo que autoriza a la Policía a acceder a la geolocalización de dispositivos cuando se está cometiendo un delito, pero esta facultad no se utiliza adecuadamente. En lugar de crear nuevas exigencias que no abordan la raíz del problema”, acota.
Canales de ayuda
Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.