El congresista Edwin Martínez Talavera interpuso una Denuncia Constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso contra la expresidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, y los exministros César Carlos Sandoval Pozo (Transportes y Comunicaciones) y Raúl Ricardo Pérez-Reyes Espejo (Economía y Finanzas).
La denuncia acusa a los exfuncionarios de infracción a la Constitución y la presunta comisión de los delitos de colusión, negociación incompatible y aprovechamiento del cargo.
La acusación se fundamenta en la aprobación de un decreto supremo aprobado por los exministros y la expresidenta. Dicho decreto aprobó el texto del contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación del Terminal Portuario de Matarani (Arequipa). El contrato original, suscrito con la empresa Terminal Internacional del Sur SA (TISUR SA), tenía un plazo de 30 años y estaba previsto a terminar en el año 2029.
El congresista Martínez sostuvo que la adenda constituyó una “extensión ilícita, ilegítima e indebida” del contrato por un nuevo plazo de 30 años adicionales, duplicando así la duración original de la concesión. Según la denuncia, los exfuncionarios se valieron de sus atribuciones funcionales de manera fraudulenta para evadir la “necesaria e indispensable realización de concurso público” para seleccionar a un nuevo concesionario, “atentando directamente contra la libre competencia y careciendo de una adecuada valoración del interés público”, dijo.
𝗗𝗘𝗡𝗨𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗧𝗜𝗧𝗨𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔 𝗗𝗜𝗡𝗔 𝗕𝗢𝗟𝗨𝗔𝗥𝗧𝗘 𝗬 𝗘𝗫 𝗠𝗜𝗡𝗜𝗦𝗧𝗥𝗢𝗦 𝗣𝗢𝗥 𝗟𝗔 𝗔𝗣𝗥𝗢𝗕𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗬 𝗙𝗜𝗥𝗠𝗔 𝗗𝗘 𝗗𝗘𝗖𝗥𝗘𝗧𝗢 𝗦𝗨𝗣𝗥𝗘𝗠𝗢 𝗡°𝟬𝟭𝟱-𝟮𝟬𝟮𝟱 𝗔 𝗙𝗔𝗩𝗢𝗥 𝗗𝗘 𝗧𝗜𝗦𝗨𝗥 𝗦𝗔.
📌➡️Monopolio de TISUR en el… pic.twitter.com/YDgPUXNiNf
— Edwin Martinez Talavera (@EdwinMartinezT6) October 30, 2025
El legislador argumentó que esta decisión contravino las normas del régimen de Economía Social de Mercado y la obligación del Estado de “facilitar y vigilar” la libre competencia. Al extender “arbitrariamente” el contrato antes de su vencimiento, los denunciados habrían concedido un “dominio absoluto y desregulado” sobre la actividad económica del puerto de Matarani a un agente privado.
Martínez indicó que la selección no fue acreditada como adecuadas a través de un proceso de licitación pública.
El petitorio de la denuncia constitucional busca que, de confirmarse las responsabilidades, los denunciados sean inhabilitados para el ejercicio de la función pública por un plazo de 10 años. Asimismo, solicitó que el Congreso remita la respectiva acusación constitucional a la Fiscalía de la Nación para que esta proceda con la acción penal correspondiente.
NI PIES NI CABEZA
Fuentes de Perú21 han dicho a este diario que la denuncia constitucional es una acción “totalmente política” y carente de sustento legal sólido por fuentes cercanas al proceso de concesión.
La acusación, que busca la inhabilitación de Boluarte por 10 años, ha sido vista como un intento de deslegitimar la gestión gubernamental, sin considerar el marco regulatorio que rige las concesiones en el país.
Contrariamente a la acusación de haber sido un acto “ilícito” o “a dedo”, las fuentes indican que la renovación de concesiones es un proceso “totalmente regular y previsto en la Ley”, con varias otras renovaciones actualmente en trámite. La extensión de TISUR es solo la primera en completarse.
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