El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, dispuso el retiro inmediato de los vehículos y conductores oficiales que estaban asignados a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
La medida se emitió pese a que un informe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio Público aconsejaba mantener dichas unidades por razones de seguridad y en cumplimiento de una medida cautelar vigente.
El informe legal había señalado que el pedido de Espinoza debía aceptarse al tratarse de una “circunstancia excepcional”.
En el documento se recordaba, además, que la Fiscalía de la Nación tiene la obligación normativa de brindar apoyo logístico y vehicular a las autoridades que cuentan con resguardo policial, a fin de garantizar su seguridad y desplazamiento.
De acuerdo con el análisis jurídico, la Policía Nacional del Perú (PNP) había dispuesto la restitución del servicio de protección personal a Delia Espinoza en el nivel III-D, tras determinar que su vida e integridad se encontraban en “riesgo alto” por decisiones tomadas durante su gestión como fiscal de la Nación.
En esa línea, el informe subrayaba que el Ministerio Público debía facilitar los medios necesarios mientras se mantenga vigente la medida cautelar que ordena su reposición en el cargo.
Pese a estas conclusiones, Gálvez decidió desconocer la recomendación técnica y proceder con el retiro de los bienes institucionales.