El reciente ascenso de José Jerí a la presidencia interina del Perú ha encendido una nueva ola de protestas en el país. Su llegada al poder, tras la destitución de Dina Boluarte por el Congreso, ha sido interpretada por analistas internacionales como un signo más del deterioro institucional que atraviesa la democracia peruana. Según un análisis publicado por el portal World Politics Review, el caso peruano evidencia cómo el Legislativo ha concentrado cada vez más poder en desmedro del Ejecutivo y otras entidades del Estado, configurando lo que ya algunos describen como una “dictadura parlamentaria”.
El medio estadounidense señala que la crisis política que vive Perú desde hace casi una década ha dejado a la población exhausta y temerosa. Las manifestaciones contra Jerí, realizadas frente al Congreso y en distintas regiones del país, recuerdan las marchas registradas tras la caída de Pedro Castillo en 2022, cuando la represión dejó alrededor de 50 muertos. Esta vez, sin embargo, la respuesta en las calles ha sido más contenida por el miedo y la desconfianza hacia las autoridades. Aun así, la indignación crece por la falta de legitimidad de un gobierno que, según el informe, depende de una mayoría ultraconservadora en el Parlamento y de acuerdos políticos poco transparentes.
El informe de World Politics Review describe el ascenso de Jerí como un movimiento calculado por parte del Congreso, que busca mantener el control total del poder en el Perú. Su llegada a Palacio se produjo después de la destitución de Boluarte, acusada de no frenar la ola de extorsiones y violencia urbana que golpea al país. No obstante, el análisis sostiene que la verdadera razón de su salida habría sido política: marcar distancia de una mandataria impopular antes de las elecciones generales de abril de 2026, en las que muchos legisladores planean postularse al nuevo Senado o a cargos regionales.
El texto recuerda que José Jerí fue investigado por una denuncia de violación ocurrida en diciembre de 2024, caso que la Fiscalía archivó meses después en medio de fuertes críticas. Su principal coacusado se encuentra prófugo. Esta situación —según el portal— lo hace vulnerable y dependiente de las fuerzas políticas que lo llevaron al poder. Jerí, además, ha prometido aplicar medidas de seguridad similares a las del presidente salvadoreño Nayib Bukele, anunciando un estado de emergencia en toda Lima y posando frente a las cámaras en una cárcel con internos obligados a inclinar la cabeza, un gesto que buscó proyectar autoridad pero que ha generado rechazo entre organizaciones de derechos humanos.
La publicación señala que el Congreso, dominado por fuerzas conservadoras, ha impulsado una serie de “leyes procrimen” o reformas legales que benefician a redes de corrupción y crimen organizado. Entre ellas, la eliminación de las facultades policiales para incautar explosivos usados en la minería ilegal —actividad que mueve hasta 12.000 millones de dólares al año, casi diez veces más que el narcotráfico— y una norma que obliga a contar con un abogado defensor presente durante los allanamientos, lo que permite a los investigados deshacerse de pruebas.
Pese a las múltiples denuncias, la prioridad del Congreso no ha sido atender la grave crisis social y económica que afecta a millones de ciudadanos. La mitad de la población vive hoy en inseguridad alimentaria, el doble que antes de la pandemia, y cuatro de cada diez niños menores de tres años sufren anemia, según cifras citadas por el análisis. Mientras tanto, el Legislativo ha aprobado reajustes salariales y bonos para los propios congresistas, lo que ha incrementado la indignación ciudadana.
El problema más visible, sin embargo, sigue siendo la ola de extorsiones que se ha multiplicado en todo el país. Solo en 2023 se registraron 22.396 denuncias, un aumento del 675% respecto a 2020, con ataques armados a buses, colegios y comercios que se niegan a pagar cupos. Aun así, las autoridades continúan apostando por respuestas militarizadas, decretando sucesivos estados de emergencia que, según el informe internacional, solo han agravado la desconfianza y la violencia.
El medio subraya que el caso peruano no es un hecho aislado. En su cobertura global, World Politics Review compara estas protestas con los movimientos sociales que en los últimos años han sacudido países tan distintos como Marruecos o Nepal, donde jóvenes activistas lideran manifestaciones contra gobiernos considerados corruptos o autoritarios. Sin embargo, en Perú —agrega el texto— la particularidad radica en que el deterioro democrático no proviene de un caudillo o líder populista, sino de una coalición parlamentaria fragmentada que, mediante reformas sucesivas, ha ido erosionando el equilibrio de poderes y capturando instituciones clave como la justicia y los organismos electorales.
Mientras el interés internacional parece desvanecerse y Washington muestra menor presión diplomática, el informe advierte que la salida a la crisis podría depender nuevamente de la ciudadanía. Para revertir el rumbo, concluye el análisis, los peruanos deberán movilizarse en números mucho mayores a los de los últimos años, si quieren evitar que la actual crisis política se consolide como un nuevo modelo de gobierno autoritario en América Latina.