Si los abusos y arbitrariedades de las autoridades se castigaran ejemplarmente, los fiscales José Domingo Pérez y su jefe Rafael Vela ya deberían haber sido enviados a sus casas hace tiempo. Pero sucede todo lo contrario: ellos siguen en sus cargos como si nada pasara y haciéndose las víctimas de un supuesto complot político en su contra.
La semana pasada, el Tribunal Constitucional (TC) —el máximo intérprete de la Constitución— puso en un ridículo monumental a José Domingo Pérez: ordenó al Poder Judicial anular la investigación y acusación contra Keiko Fujimori por el caso Los Cócteles, el proceso más emblemático y politizado que tiene el mencionado fiscal desde hace nueve años.
Esa causa, como siempre lo han señalado renombrados abogados, y en esta columna también se ha dicho reiteradamente, nació muerta. No tenía ni pies de cabeza. Pérez denunció a la fujimorista por los presuntos delitos de lavado de dinero y organización criminal relacionados a sus campañas electorales del 2011 y 2016. La acusó de haber recibido US$ 17 millones en aportes, un millón de los cuales era de la corrupta empresa Odebrecht.
Sin embargo, el cargo de lavado de dinero por aportes de campañas no constituía delito cuando ocurrieron esos hechos. Es decir, Fujimori era procesada por un delito que no era tal en ese momento. La norma recién fue incorporada al ordenamiento jurídico en noviembre del 2016, cuando ya habían terminado las campañas electorales del 2011 y 2016.
La sentencia del TC es explícita y clara en señalar que esa decisión no significa que Keiko sea inocente, sino que cuestiona la aplicación de la norma con la cual fue procesada. Este sencillo columnista también coincide con esa apreciación: Keiko se enriqueció en ambas campañas, pero fue mal juzgada.
El flagrante error jurídico que estaban cometiendo Domingo Pérez y Rafael Vela se les hizo saber en todos los idiomas. Hasta se les advirtió que tarde o temprano el caso Cócteles se les vendría al suelo, como ha ocurrido.
Pero ambos no hicieron caso. Lejos de enmendar su error, optaron por politizar escandalosamente ese proceso. Lo llevaron a una situación jamás vista: con la ayuda de jueces, también politizados como ellos, lograron enviar a prisión a Keiko Fujimori hasta en tres oportunidades. Y lo mismo ocurrió con varias de las 46 personas involucradas con ella, que lograron salir en libertad cuando apelaron a instancias superiores del Poder Judicial o acudieron al TC.
Lo ocurrido también debe ser motivo de una autocrítica de la prensa. Los fiscales filtraron a los medios declaraciones y documentos, que fueron publicados, con la clara intención de criminalizar a sus investigados, cuando las versiones ni siquiera habían sido corroboradas. Lo que es peor, como ahora se sabe, ¡el delito que perseguían no estaba vigente!
¿Cuánto tiempo y dinero se ha invertido en este proceso fallido? Por decoro, Pérez y Vela deberían renunciar. Pero eso es pedirle peras al olmo. Nos vemos el otro martes.
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