La inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los mayores lastres de la economía peruana. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el impacto en pérdidas al cierre de este año sería de S/19.800 millones. El sistema microfinanciero, que facilita con créditos a excluidos de la banca tradicional, no está exento. Y es que más de 250 agencias de cajas municipales están en riesgo de cierre debido al incremento de las extorsiones, amenazas y atentados, alertó la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepmac).
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Inteligencia Artificial
Ante la amenaza de violencia o el cobro de cupos en ciertas zonas de la capital y del norte del país, las entidades microfinancieras han suspendido las visitas presenciales de sus asesores, necesarias para evaluar y otorgar créditos.
TE RECOMENDAMOS
POSTULANTES AL PODER Y PRESIDENCIA RINDE CUENTAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
“Nuestros analistas de crédito son extorsionados y deben pagar salvoconductos para trabajar. Las microfinancieras atendemos donde no llega la banca y somos las más golpeadas”, denunció en conferencia de prensa Jorge Solís Espinoza, presidente de la Fepmac.
Según detalló el gremio, las agencias que más peligran son las ubicadas en zonas de alta incidencia criminal como Lima Norte, Piura, La Libertad e Ica. “El sector ha invertido más de S/600 millones en reforzar la seguridad de las agencias. Esto incluye mayor contratación de personal de vigilancia, instalación de cámaras y resguardo en cajero”, apuntó.
Una “banca paralela” en expansión
El estudio presentado por la Fepmac reveló que el préstamo informal tipo “gota a gota“, que ofrece dinero fácil, rápido, sin tramites, atractivos en su inicio, pero con tasas de interés excesivas, ya moviliza más de S/4.000 millones, consolidando una “banca paralela” que se nutre del miedo y la falta de confianza en el sistema formal. Si la tendencia continúa, esta cifra podría superar los S/6.000 millones de cara al 2026, proyectó.
El impacto del crimen también se refleja en los principales sectores económicos. De acuerdo con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el crédito inmobiliario cayó 13,1%, el de construcción 3,2% y el de enseñanza 3,5%, mientras que el transporte apenas creció 0,3%. En términos de montos, el saldo de créditos en el sector inmobiliario pasó de S/12.378 millones a S/10.756 millones, y en transporte de S/5.665 millones a S/5.485 millones al cierre de agosto de 2025.
Las micro y pequeñas empresas (MYPEs), principales clientes de las microfinancieras y que constituyen el 99% del tejido empresarial del país, pierden más de S/6.000 millones anuales por extorsiones. Solo en Lima, 2.600 bodegas cerraron en 2024 debido a amenazas y ataques. En el transporte formal, el 60% de empresas son víctimas de mafias que exigen pagos de hasta S/50.000 mensuales, según el Consorcio Empresarial del Callao.
500.000 fuera de créditos
La cartera del sistema microfinanciero cayó 2.1% en 2024, y el Instituto Peruano de Economía (IPE) proyecta una contracción del 12% para este 2025. Esta situación afectará directamente a los emprendedores, quienes ya han reducido sus expectativas de crecimiento a la mitad, de 6% a 3%, debido a la inseguridad.
De no adoptarse medidas urgentes, la Fepcmac advierte que la inclusión financiera podría retroceder hasta cinco años, con pérdidas de S/ 10,000 millones en colocaciones (préstamos).
“El 35% de la población adulta mayor tiene acceso al crédito, podríamos retroceder al 29%. En monto hemos hablado de S/10.000 millones de en pérdidas y en población estamos hablando de 500.000 personas que van a quedar fuera del sistema financiero y crédito formal”, apuntó Solis en diálogo con La República. “Esa cifra equivale al 20% del total de créditos del sistema microfinanciero”, agregó.
Garantías estatales para créditos en zonas de alto riesgo
Para contener el avance del crimen y proteger la red microfinanciera, que cuenta con más de 1.000 agencias, el 70% en zonas periféricas, y 27.000 trabajadores, la Fepmac planteó una acción conjunta del MEF, SBS, PNP y las municipalidades, así como la tipificación de la extorsión como delito grave.
Además, propuso garantías estatales para créditos en zonas de alto riesgo, con un programa de hasta S/5.000 millones para 2026, a fin de que el Estado asuma y comparta los riesgos crediticios. “Este esquema permitiría seguir atendiendo a las zonas más vulnerables, como Lima y el norte del país. Es un modelo similar al que se aplicó durante la pandemia para evitar el quiebre de la cadena de pagos”, explicó Solís.
Este programa que sería focalizado implica que el Estado cubriría una parte del préstamo impago cuando una microempresa no pueda pagar su deuda por causas vinculadas a la inseguridad —por ejemplo, cierre forzado del negocio, extorsión o pérdida de mercadería—, garantizando así la continuidad del crédito formal.
Otra de las propuestas del gremio apunta a una digitalización segura, la promoción de billeteras electrónicas acompañadas de educación financiera, y una protección integral para los analistas de crédito y trabajadores del sistema financiero.