La inclusión financiera es fundamental para el desarrollo del país, pues amplía las oportunidades de consumo, ahorro e inversión. Sin embargo, al 2024, solo uno de cada tres peruanos accede al crédito en el sistema financiero formal. En este contexto, innovaciones como las billeteras digitales tienen el potencial para superar las barreras estructurales que limitan el avance de la inclusión financiera.
Avances desiguales
En la última década, la tenencia de cuentas bancarias entre adultos peruanos casi se ha duplicado, de 29% a 57%. No obstante, este avance no se ha traducido en un mayor acceso al crédito, el cual se ha mantenido en alrededor del 30%. Esta situación es especialmente grave en empresas de menor tamaño: solo una de cada cuatro microempresas accede al crédito, mientras que más de la mitad de las pequeñas y medianas empresas sí lo hace.
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Estas restricciones al crédito limitan la resiliencia y el crecimiento de las mypes, que constituyen el 99% del tejido empresarial del país. Según un estudio del Produce y la Sunat, el 96% de las microempresas continuaba en la misma categoría luego de una década, mientras que un 93% de las empresas pequeñas se mantuvo o descendió de categoría.
Desafíos estructurales
Ampliar el acceso al sistema financiero formal implica superar barreras estructurales. Por ejemplo, la informalidad, que afecta a siete de cada 10 empleos, dificulta que las personas puedan acreditar sus ingresos para acceder a créditos en instituciones financieras. Asimismo, explica que las empresas no cuenten con toda la información necesaria para evaluaciones crediticias. Ese contexto motiva a las entidades microfinancieras a realizar visitas presenciales, que elevan los costos operativos y, en consecuencia, las tasas de interés.
Otro desafío importante es la falta de educación financiera, que reduce la confianza en el sistema financiero y limita el uso de productos financieros. Según una evaluación de la OCDE, del 2021, los microempresarios peruanos alcanzaron un puntaje de 59 sobre 100 puntos en una prueba de educación financiera, el desempeño más bajo de los 14 países analizados, incluyendo Brasil (69) y México (64). En esa línea, en el 2022 solo uno de cada cinco adultos podía calcular una tasa de interés simple, según la SBS.
Por su parte, la delincuencia –particularmente la extorsión– limita la oferta crediticia a las mype. Ante la amenaza de violencia o el cobro de cupos en ciertas zonas de la capital, varias entidades microfinancieras suspendieron las visitas presenciales de sus asesores, necesarias para evaluar y otorgar créditos. Según cálculos del IPE, a agosto del 2025, en los distritos de Lima y Callao con un aumento anual de más de 100% en las denuncias por este tipo de delitos, los créditos se han contraído en 12%.
Innovar para incluir
Las innovaciones tecnológicas tienen el potencial de impulsar la inclusión financiera. A junio, las billeteras digitales acumulan más del 70% de las transacciones minoristas, por encima de las tarjetas de débito o crédito. Estas generan historiales de transacción que sirven para estimar la capacidad de pago de pequeñas empresas y personas. Esta ventaja ha permitido, por ejemplo, que Yape otorgue microcréditos a más de 3 millones de usuarios en los últimos dos años.
Según una encuesta de la OCDE, del 2025, el 52% de adultos peruanos realizó o recibió un pago digital. Aunque esta cifra se ha más que duplicado desde el 2014 (23%), todavía está por debajo de los niveles de Brasil (77%) y Argentina (72%). Continuar masificando el uso de estas billeteras, así como escalar sus programas de microcréditos digitales, permitirá incluir a más peruanos. Asimismo, persiste una brecha urbano-rural en el uso de estas tecnologías. Mientras un tercio de los limeños utilizan pagos digitales para transacciones diarias, como alimentos, en zonas rurales el uso no supera el 7%.
El aporte del sector privado en la generación de productos innovadores debe acompañarse de políticas públicas que impulsen su impacto. Entre otras: (i) cerrar las brechas de conectividad digital; (ii) retomar la ejecución de las medidas propuestas en la Política Nacional de Inclusión Financiera, especialmente las vinculadas a la educación financiera; (iii) derogar la norma a partir de la cual el BCR establece topes a las tasas de interés; y (iv) acelerar los esfuerzos por implementar un sistema de ‘open banking’, que promueva una mayor oferta de productos y servicios a favor de los consumidores.