El Congreso de la República aprobó una nueva norma que cambia las condiciones laborales dentro del Estado y fija un límite uniforme de edad para los trabajadores públicos. Se trata de la Ley N.º 32199, publicada en diciembre de 2024 y vigente desde enero de 2025, que establece que los servidores públicos acogidos al Decreto Legislativo N.º 276 deberán cesar sus funciones al cumplir 70 años.
Con esta medida, el Legislativo busca homogeneizar los criterios de retiro en todas las entidades estatales, evitando las diferencias que existían entre instituciones sobre el momento en que un trabajador debía dejar el cargo. Hasta antes de su aprobación, cada organismo aplicaba reglas distintas, lo que generaba confusión, desigualdad y dificultades para la gestión de personal.
De acuerdo con la nueva disposición, los trabajadores podrán continuar en funciones hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan los 70 años, sin excepciones ni prórrogas. Esta regla busca que los procesos de cese se realicen de forma ordenada y previsible, permitiendo una mejor planificación de los recursos humanos dentro del Estado.
La Ley N.º 32199 introduce modificaciones al Decreto Legislativo N.º 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, con el propósito de establecer parámetros comunes para todos los trabajadores estatales. Su alcance abarca al personal con contrato indefinido en ministerios, municipalidades, gobiernos regionales y otras instituciones sujetas a dicho régimen.
El principal objetivo de esta reforma es eliminar las diferencias en las condiciones de retiro y beneficios laborales que existían entre entidades públicas. De esta manera, se busca promover una administración más transparente, equitativa y sostenible, donde todos los servidores tengan las mismas reglas sin importar la dependencia en la que laboren.
Además, la norma forma parte de un proceso de modernización de la gestión pública, orientado a garantizar que los recursos humanos del Estado se administren con criterios de eficiencia, meritocracia y renovación generacional.
Junto con el nuevo límite de edad, la Ley N.º 32199 establece modificaciones en el régimen de licencias sin goce de haber. A partir de 2025, los servidores públicos podrán acceder a este beneficio por un máximo de tres años dentro de un período de cinco años, ya sea de manera continua o interrumpida.
El cambio busca brindar mayor flexibilidad a los trabajadores para atender asuntos personales o familiares sin perder su vínculo laboral con el Estado. Antes, los plazos variaban según cada entidad, lo que generaba confusión y diferencias entre los regímenes de trabajo.
Con este ajuste, se unifican los procedimientos y se da mayor claridad a los empleados públicos sobre sus derechos y obligaciones, en concordancia con la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), que vela por la correcta aplicación de la normativa.
La ley también redefine el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), buscando que el beneficio sea equitativo y transparente en todo el sector público. A partir de este año, los servidores comprendidos en el régimen 276 recibirán el 100 % de su remuneración total por cada año completo o fracción mayor a seis meses de servicio.
Este cálculo considera los conceptos del Monto Único Consolidado (MUC) y la Escala Base del Incentivo Único (CAFAE), promediados en los últimos 36 meses laborados. De esta forma, se asegura que el monto refleje de manera justa los ingresos percibidos por el trabajador durante su permanencia en la institución.
Asimismo, si un empleado se reincorpora al Estado tras su cese, la CTS previamente pagada se tomará como cancelatoria del tiempo de servicios anterior, evitando duplicidades o cobros indebidos.
El objetivo central de la reforma es ordenar la administración del talento humano en el Estado, estableciendo criterios uniformes para el ingreso, permanencia y retiro de los trabajadores públicos. Al definir una edad límite común, el Gobierno podrá planificar las jubilaciones con anticipación y garantizar procesos de reemplazo más ágiles.
La medida también apunta a impulsar una renovación generacional dentro del sector público, permitiendo que nuevos profesionales ingresen al servicio del Estado bajo condiciones más transparentes. Según expertos en gestión pública, la norma contribuirá a una administración más moderna, eficiente y predecible.
La Ley N.º 32199 está vigente desde enero de 2025 y su cumplimiento es obligatorio en todas las entidades estatales del país. Los trabajadores actuales bajo el régimen 276 deberán cesar sus funciones al finalizar el año en que alcancen los 70 años, mientras que las nuevas contrataciones deberán respetar las condiciones establecidas.
Para ingresar al Estado, los postulantes deben participar en un concurso público de méritos, cumplir con el perfil profesional requerido, acreditar buena conducta y salud, y presentar los documentos que validen su experiencia laboral.
Las convocatorias oficiales continúan publicándose en los portales institucionales y en el sitio web de SERVIR, entidad encargada de supervisar la correcta aplicación de las normas sobre empleo público.