El Congreso de la República aprobó el Proyecto de Ley 12723/2025-CR que establece medidas excepcionales para enfrentar los delitos de extorsión y sicariato en el sector transporte —uno de los más golpeados por el crimen organizado—. La norma fue aprobada con 83 votos a favor, 3 en contra y una abstención, tras ser dictaminada por las comisiones de Transportes y de Defensa Nacional.
El objetivo central es “asfixiar económicamente” a las redes criminales que operan bajo fachada de asociaciones o empresas formales. Para ello, se implementará un sistema de monitoreo financiero y operativo que compromete a bancos, entidades del Estado y cuerpos policiales a actuar de forma coordinada.
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Control financiero y supervisión bancaria
Por primera vez, el país aplicará un control financiero especializado para rastrear pagos extorsivos disfrazados bajo términos como “cupo”, “vacuna”, “aporte” o “seguridad”.
De acuerdo con la norma, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) deberá supervisar que bancos, cajas y cooperativas reporten operaciones sospechosas tanto en efectivo como a través de transferencias, billeteras digitales o remesas internacionales.
Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tendrá acceso directo a las bases de datos de la Policía Nacional del Perú (PNP) sobre personas investigadas por extorsión y sicariato. Con esa información, podrá emitir alertas en tiempo real y solicitar el congelamiento de cuentas al Ministerio Público, bajo el marco de la ley de pérdida de dominio.
Por primera vez, el país aplicará un control financiero especializado para rastrear pagos extorsivos disfrazados bajo términos como “cupo”, “vacuna”, “aporte” o “seguridad”.
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, destacó que se trata de una respuesta concreta ante las denuncias de transportistas de Lima, Callao y regiones, quienes desde hace meses alertan sobre el avance del cobro ilegal de “cupos” y los ataques a unidades que se niegan a pagar.
Protección económica y fondo de apoyo estatal
Además del componente financiero, se incluye mecanismos de protección económica para empresas y trabajadores afectados por la violencia criminal.
Entre las medidas se contemplan créditos blandos, exoneraciones temporales de impuestos y compensaciones económicas para transportistas que acrediten perjuicios por extorsión o sicariato.
El financiamiento provendrá de bienes y fondos incautados al crimen organizado, los cuales serán redistribuidos entre las víctimas una vez verificado su origen legal.
También se creará un fondo estatal de riesgo y garantía, destinado a cubrir daños a unidades, terminales o infraestructura, y brindar respaldo económico a las familias de conductores o cobradores fallecidos a causa de estos delitos.
Rutas seguras, capacitación y nueva entidad de monitoreo
La norma asigna al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) la tarea de acreditar rutas seguras equipadas con cámaras de videovigilancia y botones de pánico integrados al sistema nacional. Por su parte, la Policía Nacional deberá actualizar cada 30 días los mapas georreferenciados de zonas de riesgo y registrar las áreas intervenidas, con alertas tempranas.
Además del componente financiero, se incluye mecanismos de protección económica para empresas y trabajadores afectados por la violencia criminal. | Foto: Andina
Asimismo, se dispondrá la capacitación de gerentes, conductores y cobradores en la detección y denuncia de actos extorsivos, con el fin de fomentar una cultura de denuncia segura y reducir la tolerancia social frente a los cobros ilegales.
Como parte de las medidas estructurales, se creará el Observatorio Nacional de Extorsión y Violencia Económica, encargado de recopilar y analizar información sobre la evolución del crimen organizado en el transporte. Este organismo emitirá informes semestrales y coordinará con la Policía, el MTC, la SBS y la UIF.
Extinción de dominio y grupo interinstitucional
La ley también fortalece la figura de extinción de dominio, permitiendo la incautación de bienes o fondos vinculados a actos de extorsión, incluso si están mezclados con activos lícitos. El proceso será independiente del penal y buscará acelerar la recuperación de recursos ilícitos.
Finalmente, se crea el Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), que reunirá a representantes de la PNP, el Ministerio Público, el MTC, la UIF y la SBS para coordinar acciones de inteligencia, vigilancia y persecución del delito.
Cabe recordar que el proyecto de ley 12723/2025-CR fue una iniciativa presentada por José Jerí el pasado 9 de octubre, cuando se desempeñaba como congresista de la bancada Somos Perú.