La violencia en el Perú sigue en aumento. Entre el 10 y el 21 de octubre, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) registró 50 homicidios a nivel nacional durante el Gobierno de José Jerí. Entre las víctimas se encuentra Eduardo Ruiz, asesinado por un agente de la Policía Nacional durante la movilización del 15 de octubre contra el Congreso y el incremento de extorsiones. Según el analista de datos Juan Carbajal, aún hay cifras por actualizar, por lo que podría aumentar.
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Los departamentos más afectados por homicidios son Lima, con 22 casos; La Libertad, con 10; Tumbes, con 4; e Ica, con 3.
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Actualmente, se ha registrado un homicidio en el país cada 3 horas y 52 minutos en lo que va del año, según el especialista. “De acuerdo a los registros oficiales del Sinadef, desde el 1 de enero al 19 de octubre del año 2025, tras 292 días se han registrado 1.798 homicidios, cifra que sería aún mucho mayor debido a los subregistros”.
Estado de emergencia en Lima y Callao
Ante esta situación, el Gobierno de José Jerí oficializó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao durante 30 días. Esta acción, que comenzó a las 00 horas del 22 de octubre, se implementó como una solución ante el aumento de extorsiones, asesinatos y delincuencia en el país. Sin embargo, exautoridades señalaron que esta medida es repetitiva y no es efectiva para combatir la criminalidad.
Pues bien, no es la primera vez que se recurre a esta figura. En los últimos años, diversos gobiernos, incluido el de Dina Boluarte, han aplicado estados de emergencia en distintas regiones del país sin lograr resultados, por el contrario, las extorsiones y asesinatos aumentaron.
Para Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, no hay necesidad de un estado de emergencia para controlar la extorsión que se maneja desde los penales. Mencionó que lo que realmente se requiere es más investigación criminal y tener muy bien mapeadas a las organizaciones que están involucradas en este tipo de negocio ilícito.
Explicó que esta medida no será efectiva para detener las extorsiones y los cobros de cupos debido a que la amenaza y la cobranza se gestionan por las redes sociales como WhatsApp, SMS, Facebook, Instagram.
“El ‘gota a gota’ tampoco se maneja con un estado de emergencia. La gente tiene que trabajar para seguir exigiendo sus mercados; los mercados necesitan juntar el dinero para poder pagar el préstamo que han solicitado. La forma de combatir el ‘gota a gota’ es a través de una norma que regule las tasas de interés por parte del sector financiero formal. Eso le corresponde al Congreso de la República; el estado de emergencia no funciona”, sostuvo.
Mencionó que es importante usar estrategias diferenciadas, como el uso de tecnología y sistemas de datos para procesar todas las denuncias por extorsión, y saber exactamente cómo se están presentando los problemas a nivel nacional y en Lima Metropolitana. Mencionó que se tiene que invertir en tecnología para evadir los controles penales. “Siguen tan desorientados como el gobierno de Dina Boluarte”.