No va más. El primer ministro Ernesto Álvarez anunció que el llamado a reabrir El Frontón no será una acción política impulsada por el gobierno de transición encabezado por José Jerí. El premier criticó la medida y señaló que el Ejecutivo tiene otros proyectos en materia penal y carcelaria. De esta manera, queda cancelada la propuesta que en su momento fue promovida por Dina Boluarte y Juan José Santiváñez.
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“Es demasiado caro reconstruir el penal El Frontón. Con ese dinero se pueden construir dos penales. Ya tenemos el terreno para el de Ica; solo hay que destrabar el proyecto y continuarlo”, indicó Ernesto Álvarez en una entrevista con Canal N. El argumento del primer ministro fue respaldado anteriormente por Javier Llaque, exjefe del INPE, quien estimó que la implementación total del proyecto bordearía los 5.000 millones de soles.
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La propuesta de reabrir el penal El Frontón formó parte de las medidas populistas promovidas durante el gobierno de Dina Boluarte. Bajo la gestión de Juan José Santiváñez en el Ministerio de Justicia, el ahora candidato al Senado impulsó como propuesta principal la reconstrucción del penal ubicado en la isla homónima. El proyecto buscaba aliviar el hacinamiento extremo en los centros penitenciarios; sin embargo, fue cuestionado por sus falencias técnicas.
No solo Santiváñez propuso reabrir El Frontón. El congresista Wilson Soto (Acción Popular) también presentó anteriormente un proyecto de ley con el mismo fin. Soto argumentó, al igual que Santiváñez, que el hacinamiento carcelario se vería reducido con esta medida, aunque sin considerar el elevado presupuesto que implicaría su ejecución.
Ernesto Álvarez también se desmarcó de la pena de muerte
El primer ministro también tomo distancia de otra de las propuestas defendidas por Boluarte y Santiváñez: la pena de muerte. Según indicó en la entrevista, esta medida no aborda de manera efectiva el crecimiento exponencial de la delincuencia. El discurso del premier pareció inclinarse más hacia una reforma del sistema judicial que no contemple la pena capital.
“Es evidente que, por más que haya personas que exijan una sanción drástica, el problema es que no disuade a quien ya ha sido capturado mentalmente por la delincuencia. Lo ideal son penas efectivas y procesos penales breves, y que los fiscales asciendan por el número de sentencias obtenidas, no por las investigaciones que prolongan. Asimismo, que los jueces progresen en función de sus procesos penales y no por su cercanía con los medios o con el mundo político”, señaló.
Además, el primer ministro precisó que todavía no se ha discutido entre los miembros del Poder Ejecutivo el inicio de los trámites correspondientes para la eventual salida del Perú de la Convención Americana de Derechos Humanos (CIDH).