El Pleno del Congreso aprobó el Proyecto de Ley 12723/2025-CR, el cual propone medidas excepcionales para enfrentar los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y de mercancías.
La norma fue aprobada con 83 votos a favor, 3 en contra y una abstención.
El miércoles, las comisiones de Transportes y de Defensa Nacional del Congreso, durante una sesión conjunta, aprobaron el dictamen del este Proyecto de Ley.
La propuesta legislativa tiene como objetivo combatir el aumento de la violencia y el crimen organizado en el sector transporte, donde trabajadores y empresarios denuncian ser víctimas de amenazas, cobros ilegales y ataques que ponen en peligro sus vidas y la continuidad del servicio.
Además, la iniciativa contempla diferentes acciones como operativos conjuntos, controles financieros, registro obligatorio de asociaciones de transporte y canales de denuncia protegidos.
Asimismo, incorpora medidas de protección como apoyo integral para las víctimas y endurecimiento de sanciones contra miembros o financistas de redes criminales.
Votación en el Pleno del Congreso. Foto: Captura/Congreso de la República.
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¿Cuáles son estas medidas extraordinarias?
Dentro de las medidas extraordinarias de la iniciativa se establece que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y SBS) debe supervisar que las entidades financieras controlen y reporten pagos en efectivo relacionados con términos usados en la actividad criminal como “cupos”, “vacuna”, “aporte” o similares, que puedan encubrir actividades extorsivas. También deberá monitorear transferencias bancarias, remesas o billeteras digitales relacionadas a denuncias por este delito.
Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se estable como el responsable de identificar y acreditar rutas, terminales y buses que dispongan de sistemas de seguridad (como cámaras o botones de pánico) integrados al sistema nacional C5i.
La Policía Nacional del Perú (PNP) deberá elaborar y mantener actualizados los mapas georreferenciados de zonas con incidencias de extorsión y sicariato, incorporando alertas tempranas y registros de las áreas intervenidas.
También, se dispone la capacitación de gerentes, propietarios, conductores y cobradores de transporte público en la identificación y denuncia de extorsiones, con el objetivo de fomentar una cultura de denuncia segura.
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Créditos blandos y exoneraciones temporales
Respecto al tema financiero, las medidas extraordinarias propuestas tienen como objetivo reducir el daño económico a personas y empresas afectadas por delitos de extorsión o sicariato. Esto incluye el otorgamiento de créditos blandos y exoneraciones temporales, siempre que se acredite el perjuicio mediante informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o de las autoridades competentes.
Los fondos provendrán de bienes muebles e inmuebles incautados al crimen organizado, los cuales se devolverán proporcionalmente a las víctimas luego de validar su origen legal.
Asimismo, se establecen compensaciones económicas y seguros estatales para cubrir la pérdida de unidades de transporte o el fallecimiento de trabajadores víctimas de extorsión o sicariato.
Además, se dispone la implementación de programas que incluyan la atención psicológica, así como la inserción laboral de las personas afectadas por estos crímenes.
También se contempla la financiación y reparación de infraestructura vial o equipamiento dañado mediante el programa Ruta Segura Restablecida, con el objetivo de reactivar el servicio.
Finalmente, se propone crear el Observatorio Nacional de Extorsión y Violencia Económica como entidad especializada dedicada a recopilar, analizar y difundir información sobre la evolución de la criminalidad en el sector transporte. Este observatorio emitirá informes semestrales y coordinará con otros organismos públicos que administren registros o sistemas sobre criminalidad.
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El papel de la extinción de dominio en la norma
La iniciativa también dispone la extinción de dominio de bienes vinculados a cuentas bancarias o billeteras electrónicas usadas en actos de extorsión o sicariato. Según lo dispuesto, la medida se aplica con independencia del proceso penal y no está sujeta a los criterios previstos en el Decreto Legislativo 1373.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificará operaciones sospechosas y enviará dicha información al Ministerio Público, quien es el que solicita la medida cautelar correspondiente ante el órgano judicial especializado. Si los fondos ilícitos se mezclan con bienes lícitos, la pérdida de dominio se limita a la porción identificada como ilegal, protegiendo los derechos de terceros de buena fe que demuestren titularidad legítima así como la debida diligencia.
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Creación de grupo contra la extorsión y sicariato
La iniciativa propone la creación del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES) como órgano central para coordinar la lucha contra la delincuencia, en especial por estos delitos.
Este grupo realizará las labores de coordinación, supervisión y evaluación continua, asegurando el intercambio de información en tiempo real por medio de plataformas de vigilancia e inteligencia financiera y operativa.
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Presidente del Congreso se reunión con transportistas
El encargado de la presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi, y la congresista Patricia Juárez, de la bancada de Fuerza Popular, se reunieron con representantes del gremio de transporte de Lima y Callao, quienes manifestaron su apoyo a esta iniciativa legislativa.
“Hemos tenido una muy buena reunión con transportistas que representan a centenares de empresas formales en Lima y Callao. Ellos propusieron la conformación de un grupo especial conjunto de la Policía, la Fiscalía, entre otros, y ese proyecto ya fue aprobado en comisión”, afirmó el legislador.
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Cabe recordar que el proyecto de ley 12723/2025-CR fue una iniciativa presentada por José Jerí el pasado 9 de octubre, cuando se desempeñaba como congresista de la bancada Somos Perú.
Fernando Rospigliosi anunció que el dictamen será priorizado en la próxima sesión plenaria del Legislativo, programa para hoy jueves 23 de octubre. (Foto: Congreso)