El Consejo Fiscal (CF) manifestó su profunda preocupación por la proliferación de leyes en el Congreso de la República con significativos impactos negativos sobre las finanzas públicas en el corto, mediano y largo plazo.
La entidad, que vela por finanzas públicas responsables, advirtió también sobre las severas consecuencias adversas que esta situación tendría sobre la sostenibilidad fiscal del país. El CF considera que se está poniendo en grave riesgo la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de la deuda pública, pilares fundamentales del crecimiento y del progreso macroeconómico alcanzado por el Perú en las últimas décadas.
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“Durante el actual período parlamentario el Congreso ha aprobado en promedio más del triple de leyes con impacto fiscal adverso que en los 15 años previos. No solo se ha incrementado la cantidad de normas que demandan mayor gasto público o reducen los ingresos fiscales, sino también su magnitud: muchas de ellas implican compromisos de gasto que ascienden a varios miles de millones de soles por año, lo que limita severamente el espacio fiscal disponible para atender otras prioridades del Estado”, indicó el Consejo Fiscal.
El informe del CF señaló que cinco leyes promulgadas desde agosto del 2024 generarían un costo fiscal adicional cercano a los S/22 mil millones anuales (1,8% del PBI), según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
De otro lado, la entidad analizó 101 leyes promulgadas por insistencia en el presente período legislativo y reveló que estas tendrían un costo fiscal anual conjunto mayor a los S/36 mil millones, un monto que es aproximadamente 65 veces superior al costo de las leyes promulgadas por insistencia entre 2006 y 2021 (los últimos 15 años). En opinión del CF, estos patrones reflejan un preocupante desdén por la preservación de cuentas fiscales sostenibles y un debilitamiento creciente de la institucionalidad fiscal.
Leyes e iniciativas legislativas con
impacto fiscal adverso.
Asimismo, el CF remarcó que el Congreso ha intensificado el uso del mecanismo de insistencia para la aprobación de leyes, lo que demuestra un rechazo sistemático de las observaciones técnicas y legales formuladas por las entidades especializadas del Estado.
“Esta práctica debilita la institucionalidad fiscal y erosiona los mecanismos de control diseñados para garantizar una gestión responsable de los recursos públicos”, acota.
Además, se han identificado 352 iniciativas legislativas aún en trámite que, de ser aprobadas, añadirían presiones fiscales adicionales de gran magnitud. Varias de estas propuestas establecen beneficios tributarios o incrementos permanentes en el gasto previsional y laboral, reduciendo la flexibilidad del presupuesto y comprometiendo la sostenibilidad de las cuentas públicas.
En algunos casos, además, estas medidas introducen inequidades y presiones para extender tratamientos preferenciales injustificados a otros sectores o grupos poblacionales. El CF sostiene que que la implementación de las leyes aprobadas desde agosto de 2024 y las iniciativas en trámite conduciría a una posible situación de insostenibilidad fiscal en la que la deuda pública aceleraría significativamente su tendencia creciente.
“Bajo supuestos razonables en 10 años podría ubicarse 40 puntos porcentuales del PBI por encima de las metas trazadas en el Marco Macroeconómico Multianual vigente”, indicaron. Remarcaron además, que el Poder Ejecutivo también ha compartido responsabilidad en esta situación, al haber omitido observar más de la mitad de las leyes con impacto fiscal aprobadas y al haber interpuesto, desde agosto de 2021, únicamente 3 acciones de inconstitucionalidad (la última en diciembre de 2023) frente a más de 180 leyes que generan gasto público.
Ante este panorama, el Consejo Fiscal, consideró el Poder Ejecutivo retome su rol rector en materia de la hacienda pública y por tanto, que utilice todos los mecanismos a su disposición para asegurar una gestión responsable y sostenible de las finanzas públicas, incluyendo acudir al Tribunal Constitucional (TC) buscando la inaplicación de leyes que comprometan la sostenibilidad fiscal.
“Exhortamos al TC a garantizar el cumplimiento efectivo de la prohibición constitucional que impide al Congreso aprobar normas que generen gasto público sin coordinación con el Poder Ejecutivo. El CF está dispuesto, cuando el TC lo considere pertinente, a ser invitado como amicus curiae”, concluye el comunicado del CF.