La investigada Sada Goray inició una demanda de anulación contra el laudo arbitral que la obliga a devolver millones de dólares a Centenario Desarrollo Urbano S.A.C., empresa vinculada al Grupo Romero, la misma que será resuelta este martes 21 de octubre. Sin embargo, el proceso de ejecución ya fue admitido por el Décimo Quinto Juzgado Civil Comercial de Lima, lo que marca un punto de inflexión en el caso del frustrado proyecto inmobiliario “Loma Bonita”.
¿Qué es un laudo arbitral y por qué tiene fuerza legal?
En el Perú, un laudo arbitral es la decisión final emitida por un tribunal arbitral en un proceso de arbitraje. Tiene el mismo valor que una sentencia judicial y es de obligatorio cumplimiento, según el artículo 59 de la Ley General de Arbitraje. Salvo excepciones específicas, como el recurso de anulación, los laudos son definitivos e irrecurribles.
El arbitraje es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos que las partes acuerdan voluntariamente, y su principal ventaja es la especialización, celeridad y confidencialidad. En este caso, Centenario acudió al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima tras resolver el contrato de compraventa de un terreno de 90 hectáreas en Chilca, vendido por Goray y otros socios por US$ 47.6 millones.
El conflicto: cláusula anticorrupción y ocultamiento de litigios
Centenario alegó que la operación fue viciada por pagos ilegales realizados por Goray al exasesor ministerial Salatiel Marrufo, lo que violó la cláusula anticorrupción del contrato. Además, sostuvo que se le ocultó información sobre litigios que comprometían la legalidad del terreno, lo que motivó la resolución del contrato y la demanda arbitral.
La empresa exigió la devolución de US$ 6.4 millones pagados como adelanto, la restitución de pagarés por US$ 32.2 millones, y una indemnización por S/ 91.8 millones por daño emergente y lucro cesante.
El laudo arbitral: respaldo jurídico a la posición de Centenario
El Tribunal Arbitral, mediante laudo del 25 de octubre de 2024 y complementario del 16 de diciembre, validó la resolución del contrato y ordenó a Goray, y otros demandados:
• Devolver el adelanto de US$ 6.4 millones más intereses.
• Restituir los pagarés entregados por Centenario.
• Reembolsar S/ 91.8 millones por daños económicos.
• Cubrir los costos legales del arbitraje.
Este fallo confirma que los demandados deben responder solidariamente por los perjuicios causados.
La última maniobra de Goray: ¿anulación o dilación?
El 8 de mayo de 2025, el juzgado civil admitió la demanda de ejecución del laudo arbitral. Paralelamente, Goray y los demás demandados presentaron una demanda de anulación ante la Primera Sala Civil con Subespecialidad en lo Comercial de Lima.
Sin embargo, Centenario ha informado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que este intento de anulación no suspende el proceso de ejecución, lo que refuerza la firmeza del laudo y la obligación de cumplimiento.
Firmeza jurídica frente a maniobras dilatorias
El caso “Loma Bonita” no solo revela presuntas irregularidades en operaciones inmobiliarias, sino que también pone a prueba la eficacia del arbitraje como herramienta de justicia privada. El laudo arbitral, respaldado por la ley peruana, representa una decisión firme que protege los derechos de Centenario frente a actos que vulneraron principios éticos y contractuales.
La demanda de anulación presentada por Goray parece más una estrategia de último recurso que una objeción con sustento legal sólido. En este contexto, la posición de Centenario se mantiene como legítima, respaldada por un fallo arbitral que reconoce su derecho a recuperar lo invertido y a ser indemnizada por los daños sufridos.
TENGA EN CUENTA
Los jueces superiores Niño Neira Ramos, Diaz Vallejos y Martel Chang, de la Primera Sala Civil con Subespecialidad en lo Comercial de Lima, decidirán sobre esta demanda hecha por Sada Goray.
¿Quién es SADA GORAY?
Sada Angélica Goray Chong es una empresaria peruana nacida en Trujillo, conocida por liderar el grupo inmobiliario Marka Group y por su participación en diversos proyectos de vivienda social. Se consolidó en el sector inmobiliario, especialmente en iniciativas vinculadas al Fondo Mivivienda, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda.
Sin embargo, su notoriedad pública se disparó tras ser implicada en una trama de corrupción durante el gobierno de Pedro Castillo, en la que habría utilizado su influencia para obtener beneficios contractuales y facilitar la aprobación de proyectos residenciales. Según investigaciones fiscales y reportes periodísticos, Goray habría entregado más de cinco millones de soles en sobornos a funcionarios del gobierno, entre ellos Salatiel Marrufo, exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda, con el objetivo de asegurar la viabilidad de sus negocios inmobiliarios.
Durante el mandato de Pedro Castillo, Goray habría cumplido un rol operativo dentro de una presunta organización criminal que, según el Ministerio Público, se estructuró desde Palacio de Gobierno y el Ministerio de Vivienda. Su participación no se limitó a gestiones empresariales, sino que se extendió a la coordinación de pagos ilícitos y al direccionamiento de decisiones administrativas en favor de sus intereses.
Las revelaciones sobre su vínculo con Marrufo y otros funcionarios clave del régimen castillista han sido fundamentales para entender cómo se instrumentalizó el aparato estatal para favorecer a determinados actores privados.
Aunque Goray ha intentado justificar sus actos alegando extorsión, las evidencias acumuladas por la Fiscalía y los testimonios de colaboradores eficaces la ubican como una pieza central en el esquema de corrupción que marcó uno de los capítulos más oscuros del gobierno de Pedro Castillo.