El último martes, la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de San Martín realizó un megaoperativo que permitió la desarticulación de la organización, integrada por policías en actividad y retiro, así como por delincuentes comunes con amplio prontuario criminal.
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Según las investigaciones fiscales, el líder máximo de la organización era alias ‘Calicho’, Carlos Miguel Gamarra Pérez, un hombre que años atrás prestó servicios como oficial de la Policía Nacional del Perú en el bloque de inteligencia del Grupo Terna del Escuadrón Verde de Tarapoto, pero que decidió que su camino sería más llano en el hampa.
‘Calicho’, desde su posición privilegiada y con acceso a información reservada, pudo conocer cuáles eran las rutas de los narcotraficantes, cómo transportaban la droga y qué operativos se preparaban para neutralizarlos. Fue entonces cuando, en colaboración con delincuentes comunes, hizo fiel tributo al nombre de la organización criminal ‘Los Piratas’ e inició una serie de coordinaciones para planificar la incautación ilegal de cargamentos ilícitos, junto con otros agentes policiales.
Nada lo detuvo: ni su uniforme policial ni su posterior reclusión en un penal, en 2024. Pese a todo, Gamarra mantuvo el control de la organización criminal a través de llamadas telefónicas y contactos externos, lo que permitió a la Fiscalía, mediante escuchas, reafirmar su rol de “hombre clave” dentro de la red delictiva.
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La estructura de ‘Los Piratas’ destacaba por contar con dos facciones complementarias. La primera y principal estaba liderada por el antiguo jefe de inteligencia e integrada por policías en actividad y en condición de retiro. Esta se encargaba de la logística, el copamiento dentro de la institución y la manipulación de documentos y pruebas.
Según la investigación fiscal, los agentes simulaban operativos oficiales, portando uniformes, chalecos e identificaciones policiales para interceptar cargamentos de droga o dinero procedentes directamente del narcotráfico. La segunda facción, conformada por delincuentes comunes, se encargaba de materializar los robos, homicidios por encargo, extorsiones y de la custodia de la droga robada.
El vínculo de la organización con el narcotráfico era central y estructural. Los investigadores identificaron múltiples casos de “arrebatos de droga” —intervenciones ilegales de cargamentos pertenecientes a otros narcotraficantes— en los cuales la facción policial proporcionaba la fachada legal del operativo y la civil ejecutaba la violencia.
Entre 2021 y 2023 se registraron al menos dos hechos significativos: la apropiación irregular de 36 kilogramos de pasta básica de cocaína en Las Palmeras, y el robo de entre 10 y 12 kilos de PBC en Tocache, ambos bajo coordinación directa de ‘Los Piratas’.
El uso de información de inteligencia permitió a Gamarra identificar las rutas de transporte y zonas de acopio utilizadas por los carteles locales, especialmente en los corredores entre Tocache, Barranquita, Huallaga y Yurimaguas, que conectan los valles cocaleros con los puertos fluviales de salida hacia Brasil y Colombia. Esta información se convertía en “visiones” o datos operativos para sus subordinados, quienes ejecutaban los ataques a cargamentos o campamentos de acopiadores. Tras la apropiación, la droga era redistribuida por contactos locales o vendida a terceros, generando los ingresos que sostenían la estructura criminal.
La red se extendió hasta al robo agravado con muerte, sicariato y comercio de armas, delitos funcionales al mismo circuito del narcotráfico. En varios casos, las armas decomisadas —fusiles FAL, pistolas y municiones— provenían de depósitos policiales o de contrabando, y eran utilizadas tanto para asaltos como para proteger cargamentos de droga. Los homicidios registrados, como el de Jorge Dambrosio Rengifo en 2020 y el del policía en retiro Eycer Solano Valles, demostraron la alevosía con la que accionaban.
En la actualidad, la Fiscalía ha logrado la detención preliminar de 19 presuntos integrantes, entre ellos doce policías y siete civiles, además de la incautación de dinero, celulares, armas y vehículos. También se intervinieron celdas en los penales de Tarapoto, Moyobamba, Bagua e Iquitos, desde donde algunos miembros continuaban operando. Los sujetos permanecerán detenidos durante 15 días mientras se ejecutan las investigaciones preliminares del caso.