July 28, 2025. REUTERS/Angela Ponce
El escenario político peruano vivió una nueva crisis institucional tras la destitución de Dina Boluarte como presidenta de la República, un hecho que reavivó el debate sobre los límites de la figura de la vacancia presidencial y la necesidad de reglas claras en los procedimientos parlamentarios. La salida acelerada de Boluarte, ejecutada tras un debate convocado por el Congreso de la República con plazos mínimos y en la madrugada, ha sido calificada por algunos especialistas como una vulneración sustantiva a las garantías constitucionales, la tradición democrática y el orden jurídico vigente.
La polémica no se limitó únicamente al fondo de las acusaciones. La atención se enfocó, sobre todo, en el procedimiento: el exiguo tiempo otorgado para la defensa y la ausencia de condiciones mínimas de transparencia durante el proceso. En entrevista con Infobae, el abogado de la vacada exmandataria, Joseph Campos, ofreció detalles sobre las acciones legales en estudio y la eventual presentación de una acción de amparo.
Según el letrado, la presentación de esta medida “corresponde” ante una situación que considera grave e inédita en el país. “Ojalá que la presidenta se anime a interponerla, ¿no? Conmigo, sin mí, no hay ningún problema, pero el tema es que eso corresponde, porque este tipo de situaciones no se pueden volver a repetir”, destacó al ser consultado sobre la posibilidad de acudir al Poder Judicial.
Campos denunció que la mandataria destituida apenas contó con cincuenta y seis minutos para ejercer su defensa en la madrugada. “Si está en peligro y en debate la permanencia de un presidente elegido en urnas, lo lógico era desarrollar públicamente y en una hora donde la población lo vea”, enfatizó. El abogado citó precedentes como los de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, a quienes el Parlamento brindó mayor tiempo para plantear sus descargos e indicó que, como mínimo, esperaban tener al menos tres días.
El defensor remarcó que el Perú ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos “precisamente porque no otorgó plazos razonables en juicios políticos y destituciones, y en este caso se repite el patrón”. Precisó que una vacancia no puede justificarse por razones de baja popularidad y que esta forma de proceder, basada en mayorías parlamentarias, “instala un sentido libérrimo de la política que termina siendo arbitrario”.
Consultado sobre si el propósito del amparo es la restitución de Boluarte en la Presidencia, Joseph Campos mencionó que el objetivo principal es corregir lo que considera una violación al debido proceso. “[De darse previo a las Elecciones y ser admitida] Volvería hasta el momento en que la convocaron. Es decir, volvería a ser presidenta, pero en medio del debate, a efectos precisamente que se pueda defender en una hora razonable, donde el destino podría ser el mismo, pero habiendo argumentado su posición”, expresó.
En caso se emita un fallo a favor, pero posterior a las Elecciones, serviría para que el tribunal se pronuncie y no vuelva a ocurrir con otro gobierno: “Es un acto estadista lo que se busca. Más que por ella, porque probablemente está más cómoda fuera del poder en términos personales, los estadistas están llamados a establecer situaciones para que el Estado constitucional no se afecte”.
Concluyó que lo más preocupante es que se está desconociendo que la fuente del poder del presidente de la República no se la da el Congreso, sino el voto popular. Destacó que si bien la vacancia presidencial es una facultad del Parlamento, esta no puede ser utilizada indiscriminadamente y menos sin respetar los procesos.
La posibilidad de que un amparo sea favorable a Dina Boluarte divide opiniones entre expertos en derecho constitucional. Por un lado, Christian Guzmán Napurí, docente de la EPG Continental, considera que no existe claridad suficiente sobre la vulneración de un derecho fundamental que justifique la procedencia del amparo. Según explica, aunque podría alegarse afectación al derecho al trabajo o a la participación política, “en el caso del derecho a la defensa, es preciso tener en cuenta que las mociones de censura fueron presentadas durante el día, lo cual generaba un tiempo razonable para preparar la defensa”.
Añadió que el procedimiento de vacancia se llevó a cabo conforme a la Constitución, el Reglamento del Congreso y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y que la naturaleza del cargo exige idoneidad, por lo que su ausencia puede ser sancionada por el Parlamento bajo criterios de ética pública. “No existen elementos que lleven a asumir que pueda haberse afectado derechos”, aseguró.
En contraste, el penalista Diego Arteaga, del estudio Artega & Asociados, señala que el procedimiento debería haber garantizado un proceso justo, el derecho a ser oído y la asistencia profesional en un plazo razonable. Subrayó que en la vacancia exprés de Boluarte “no han sido observadas” dichas garantías constitucionales, por lo que sí se puede sustentar la aceptación del amparo que podría acarrear la reposición de la expresidenta en su cargo, dependiendo del criterio del órgano constitucional encargado de resolver la acción.
“Independientemente de las consideraciones sobre la gestión de gobierno; si se habría vulnerado el debido proceso y derecho de defensa de la exmandataria”, concluyó.