Han pasado varios meses y en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso avanzan a paso lento las denuncias constitucionales contra el expresidente Pedro Castillo por infracción a la Constitución por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Dos veces se ha debido cambiar a los congresistas delegados a cargo de la investigación. A eso se suma ahora la pretensión de la legisladora Ana Zegarra —encargada del caso— de excluir del proceso al exministro de Comercio Exterior y Turismo y actual congresista Roberto Sánchez, alegando que este fue excluido por la Corte Suprema de Justicia del juicio oral contra el exmandatario, hoy inquilino del penal de Barbadillo.
Además de Castillo y Sánchez también están comprendidos en la denuncia la expremier Betssy Chávez y el extitular del Interior Willy Huerta. Para todos ellos, el congresista Alejandro Muñante, uno de los denunciantes, ha solicitado una inhabilitación para ejercer la función pública por 10 años.
La recomendación para excluir a Sánchez fue incorporada por Zegarra en su informe de determinación de hechos bajo el argumento de que “hay un pronunciamiento de la judicatura que se pronunció de manera definitiva en cuanto a la no participación (de Sánchez) en los hechos materia de investigación”.
La propuesta fue objetada por Martha Moyano (Fuerza Popular), quien advirtió que en esta parte del proceso solo corresponde establecer la pertinencia de las pruebas del caso. “Habrá una audiencia y luego la delegada determinará, en su informe final, cuál es su decisión y cuáles sus recomendaciones, si termina presentando o no acusación. Cometeríamos un gravísimo error si colocamos que le corresponde o no (la denuncia), o que hay que quitarlo del proceso de acusación constitucional”, subrayó.
Lady Camones, titular de la SAC, también formuló observaciones respecto del informe de Zegarra en el que —añadió— su colega de Somos Perú no incluyó a Roberto Sánchez en la lista de denunciados a los que se le solicitará su declaración y entre quienes figuran Pedro Castillo, la expremier Betssy Chávez y el extitular del Interior Willy Huerta.
Además, cuestionó que se haya señalado en el documento que debido al pronunciamiento de la Corte Suprema sobre Sánchez “resulta pertinente desestima la denuncia constitucional” en su contra.
A renglón seguido, Camones consultó con el resto de miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales si procedía o no que se hagan estas correcciones en el informe, propuesta que fue respaldada por la mayoría —9 votos a favor y 3 en contra—, por lo que la congresista delegada deberá reformular su informe, agregarlo al expediente y proseguir con el trámite.
De acuerdo al artículo 89 del Reglamento Interno del Congreso, lo que toca ahora es que Zegarra proceda con los cambios en el informe y, tras dar cuenta a la presidencia de la subcomisión, recabe en una audiencia las declaraciones de Castillo y los otros denunciados, así como los testimonios de los congresistas Alejandro Cavero y Alejandro Muñante en su condición de autores de las dos denuncias constitucionales por el golpe de Estado de 2022.
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